Piden 13 años de cárcel para un súbdito británico que se hizo pasar por capitán de barco en Puerto de Las Palmas

Fiscalía acusa a P.O. de un presunto delito de estafa y dos supuestos delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 21 (EUROPA PRESS)

La Fiscalía ha solicitado imponer 12 años y nueve meses de cárcel para un súbdito británico que se hizo pasar por capitán de barco en el Puerto de Las Palmas y presuntamente estafó de forma continuada a una consignataria, además de que intentó facilitar la entrada en España de una mujer y dos marineros etíopes.

La Sección Sexta de la Audiencia Provincial celebrará mañana (09.30 horas) el juicio contra P.O., de 49 años de edad y natural del Reino Unido, sin antecedentes penales, pero sujeto a una orden europea de detención y entrega solicitada por las autoridades francesas, y en prisión provisional por esta causa desde el día 13 de febrero de 2009, según el escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Público al que ha tenido acceso Europa Press.

El fiscal detalla en su escrito que el acusado llegó en diciembre de 2008 a Gran Canaria y en todo momento se hizo pasar por capitán de barco, cualidad que nunca ha ostentado, de manera que consiguió hospedarse en la Hospedería de Las Palmas de Gran Canaria, perteneciente al Gobierno de Canarias y destinada fundamentalmente a los trabajadores del mar.

Una vez que finalizó el período de estancia en la misma y con el fin de procurarse un nuevo alojamiento, acudió a un hotel en la capital, y solicitó alojamiento alegando que la factura debía de pasarla a la consignataria Incargo SL, que era la empresa que representaba el buque del que supuestamente era capitán. Esta empresa se dedica a toda clase de gestiones administrativas, logísticas y operativas de buques y yates de recreo que atracan en el Puerto de Las Palmas.

CON EL UNIFORME

Ese mismo día el acusado se presentó en dicha consignataria haciéndose pasar por capitán de buque, para lo cual fue vestido con el uniforme de capitán y presentándose como Capitán O'Connell. De esta forma, solicitó los servicios de dicha compañía, explicando, con el propósito de presuntamente engañar al representante de la misma, que en fechas próximas atracaría en el Puerto de Las Palmas un buque de recreo llamada 'Unplugged' y cuyo armador era un británico multimillonario.

Asimismo, convenció al representante de la consignataria para que se hiciera cargo de los gastos derivados del hospedaje del acusado, así como de la persona que éste decía ser su novia y de un tripulante amigo suyo que acudió desde Tenerife a Gran Canaria “convencido de la promesa de trabajo que le había hecho el acusado”.

Además, la consignataria se encargó, a petición de P.O., de la compra de uniformes para doce tripulantes, con la promesa de que el armador se pondría en contacto con esta empresa para ingresarles la cantidad de 50.000 dólares americanos.

SE CREYÓ LA HISTORIA

Como quiera que es práctica habitual de las consignatarias adelantar el dinero, el representante de ésta “creyó la historia” y ese mismo día recibió un email por el que una compañía confirmaba toda la información que horas antes había dado en persona el propio acusado. Sin embargo, este email “no era más que parte de la falsa historia que había elucubrado el acusado y había sido enviado a la consignataria por éste, dando por consiguiente mayor credibilidad a su relato”, según el Ministerio Público.

Así pues, la consignataria Incargo, procedió a cumplir con el encargo del acusado, comprando los uniformes de la tripulación por un importe de 5.279 euros, y también pagó los trabajos de bordado de la ropa por 429,54 euros y el abono de adornos por 66 euros. Igualmente le entregó al acusado la cantidad de 2.300 euros en efectivo a fin de que éste sufragara sus gastos personales hasta que llegara al puerto el buque. Del mismo modo, a la consignataria le fueron pasados al cobro las facturas por el alojamiento del acusado y de las otras dos personas.

Por otro lado, el acusado había contactado en el mes de noviembre, a través de un chat, con la mujer que presentaba como su novia y que es de nacionalidad etíope. P.O., nuevamente y haciéndose pasar por capitán de barco le ofreció la posibilidad de traerla a España y emplearla en el barco que éste gobernaría, pagándole por sus servicios la cantidad de 1.500 euros mensuales por un trabajo de cocinera.

Con esta promesa de trabajo, la mujer acudió al consulado de España en Addis Abeba, Etiopía, donde, tras gestiones practicadas por el acusado, que acreditó la necesidad de contratar a tripulantes, logró obtener un visado de tránsito en territorio Schenguen.

Además de conseguir que la mujer pudiera llegar a España y alojarla con él a cargo de la consginataria, el acusado puso en conocimiento de Incargo, la necesidad de traer dos marineros etíopes más y que eran personas conocidas de la mujer.

Para poder facilitar la llegada de estas dos personas a España el acusado confeccionó y entregó a la empresa dos ofertas de empleo. Finalmente el acusado sólo se interesó por facilitar la llegada a España de un solo tripulante y solicitó a la consignataria la suspensión de los trámites de visado para el segundo de ellos. No obstante, a pesar de que el primero obtuvo el visado, nunca llegó a entrar en territorio español.

TRASTORNO BIPOLAR

El escrito de la Fiscalía señala que el procesado sufre un padecimiento bipolar, que le “merma significativamente sus facultades mentales”.

Por todo ello, pide imponer a P.O. un año y nueve meses de prisión por un presunto delito de estafa continuado, así como una pena de 6 años de cárcel por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y otros cinco años de prisión por el mismo delito.

Además de la pena privativa de libertad, el Ministerio Público pide que P.O. indemnice a la compañía Incargo con 111.970 euros. Asimismo, señala, que en el caso de que la sentencia que se dicte sea condenatoria, se ponga en conocimiento de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, a fin de que lo comuniquen a las autoridades de la Fiscalía de Bonneville, Francia, quienes habían librado una orden europea de detención y entrega contra el acusado con fecha de cese el 31 de julio de 2011.