Piden el ''cese fulminante'' del jefe de la Guardia Civil de la Zona de Canarias

La Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) y el Sindicato Unificado de la Policía (SUP) han solicitado este lunes al director general de la Policía y la Guardia Civil, Francisco Velázquez, y al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, el “cese fulminante” del general de Brigada de la Guardia Civil Miguel Martínez García como jefe de la Zona de Canarias por involucrarse en la labor policial de un agente por haber detenido a la mujer de un general del Ejército “con el que puede ser compañero de promoción o amigo”.

Ambas organizaciones se refieren a la detención por parte de la Policía Nacional de la esposa de un general del Ejército de Tierra por conducir en dirección prohibida durante casi dos kilómetros en la carretera del Centro hacia Triana, en Las Palmas de Gran Canaria el pasado 25 de junio.

El día del incidente, la Guardia Civil de Tráfico acudió hasta el lugar a fin de imponer una sanción administrativa a la conductora. Sin embargo, el agente del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) que circulaba por el lugar y con el que casi colisiona frontalmente la mujer decidió llamar a una dotación de la Policía Nacional que procedió a la detención de la conductora y la trasladó a la comisaría del Distrito Sur, donde quedó en libertad tras prestar declaración.

AUGC y SUP consideran que el arresto se efectuó “conforme a derecho” por un delito contra la seguridad vial. Por estos hechos la mujer fue condenada a cuatro meses de cárcel y un año y medio de retirada de carné. No obstante, la mujer ha presentado una querella por detención ilegal contra el inspector de policía contra el que casi impacta de frente por “un error”.

El general de división jefe de la Zona de Canarias de la Guardia Civil, Miguel Martínez, remitió el pasado 2 de julio una carta a la jefa superior de Policía de las islas, Concepción de Vega Caamaño, en la que solicitó “tomar medidas” contra este funcionario que denunció, en calidad de testigo, a la esposa del general. Además, el alto mando de la Benemérita en las Islas señala en su misiva que “ninguna norma habilita a los miembros del CNP, ni técnica ni jurídicamente,” a instruir diligencias por un delito contra la seguridad del tráfico.

El inspector actuó correctamente

El secretario general de la Confederación Española de Policía, Agustín Brito, declaró este lunes a Radio Nacional de España que el inspector actuó corrrectamente. “Si no actuásemos podríamos incurrir en un delito tipificado como omisión del deber de perseguir los delitos o dejación de funciones. No hablamos simple y llanamente de una infracción administrativa en tráfico, hablamos de un delito contra la seguridad del tráfico, y si en un delito el Cuerpo Nacional de la Policía no es competente para intervenir, pues que venga Dios y me lo explique porque entonces no sé cuál es la razón de nuestra existencia”.

Agustín Brito no encuentra ninguna lógica a la petición del jefe de la Zona de Canarias de la Guardia Civil, Miguel Martínez García, de tomar medidas contra el inspector denunciante. “No sé a qué obedece eso. Igual todavía queda algún militar que piensa que aún tienen el poder en España, y el poder en España lo tiene el pueblo”, recuerda. “Lo que no puede pasar es que por ser general o por ser familiar de un general se le mira con otro rasero diferente”.

Brito sostiene que ambos cuerpos “son hermanos” y pertenecen al mismo Ministerio. “Lo que no entiendo es cómo desde el Ministerio del Interior o desde la Delegación del Gobierno en Canarias no se ha tomado cartas en el asunto”, manifestó con asombro.

AUGC y SUP también rechazan que exista una “guerra” entre el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil, aunque advierten de “la falta de coordinación en las altas esferas”.

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