Pilar Llop defiende su plan Justicia 2030 que “mejorará la eficiencia y se adaptará a la singularidad de Canarias”

La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha defendido este viernes que el plan Justicia 2030 que va a desplegar su departamento mejorará la “eficiencia y eficacia” del servicio y en el caso concreto de Canarias, se adapta perfectamente a la “singularidad territorial” de las islas.

En declaraciones a los periodistas tras reunirse con la comunidad judicial del archipiélago para exponer las bases del plan, ha comentado que “hace falta esta sensibilidad” de ofrecer un recurso de justicia “bueno y eficaz” para la gente y los profesionales.

Llop espera que se ponga en marcha “cuanto antes” pero para ello, el Anteproyecto de Ley de Eficiencia Digital del Servicio Público de Justicia debe volver a pasar por el Consejo de Ministros en segunda vuelta y a partir de ahí, iniciar su tramitación parlamentaria.

Así, ha mostrado su confianza en que los grupos “estarán a la altura de superar el modelo decimonónico absolutamente agotado” de la justicia española, “que no es capaz de asumir la litigiosidad” y tender hacia una justicia “transformadora y cercana” a los ciudadanos en todo el territorio ya que la cohesión social es “imprescindible” a la hora de entender que España es un país compuesto por comunidades autónomas.

Llop, que ha resaltado su “solidaridad, apoyo y cariño” a los palmeros afectados por la erupción volcánica, ha destacado también que el proyecto Justicia 2030 “no es del ministerio” sino que está “cogobernado” con las comunidades autónomas, el CGPJ, la Fiscalía General del Estado y profesionales del sector.

Ha dicho que se sustenta sobre la leyes de eficiencia digital, procesal y organizativa y prevé la interoperabilidad entre los distintos sistemas de gestión de las comunidades y el propio ministerio, subrayando que se va a desplegar una red de oficinas municipales a costa de los más de 7.000 juzgados de paz, “que desaparecerán” y serán dotados de medios materiales y humanos más profesionales.

Con este nuevo modelo, ha indicado, se verá cumplida la “cercanía de la justicia” a los ciudadanos y redundará en beneficio del medio ambiente porque disminuyen los desplazamientos y también las tramitaciones en papel.

De esta forma, ha comentado que en esas nuevas oficinas se podrán hacer vistas telemáticas y tomas de declaración sin necesidad de tener que hacer grandes desplazamientos, algo que también va a mejorar la salud de mujeres embarazadas o víctimas de violencia de género.

410 millones de fondos europeos

Parte del plan ya se ha empezado a poner en marcha durante la pandemia gracias a un real decreto de 2020 pero ahora hay “más experiencia” y se ha entrado en una “fase más avanzada”, que culminará cuando se aprueben los tres proyectos de ley para dar más seguridad jurídica y tecnológica a los ciudadanos y los propios funcionarios.

La ministra ha comentado, igualmente, que el Gobierno tiene a disposición 410 millones de euros con cargo a los fondos Next Generation -más 60 millones adicionales- para impulsar la transformación digital de la justicia y se está “en diálogo” con las comunidades para fijar los criterios de reparto -ya se hizo una primera transferencia de 27 millones-.