Una familia recurre el Plan General de El Rosario por ''atropello'' a su propiedad

La familia Delgado Fernández, del barrio de Machado, en El Rosario, ha iniciado ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) los trámites de su anunciado recurso contencioso administrativo contra el Plan General de Ordenación (PGO) de este municipio por considerar que el Ayuntamiento ha cometido “un atropello” contra sus propiedades y el suelo agrario, mediante la unidad de actuación urbanística de Montaña de Jagua.

A esta familia no se le ha permitido ni siquiera presentar alegaciones y asegura sentirse “engañada” por el alcalde, Macario Benítez, por su “falsas promesas” de que esta operación urbanística no se iba a llevar a cabo.

El abogado de esta familia comunicó el pasado 17 de diciembre al TSJC la interposición del contencioso contra la resolución de 12 de noviembre de 2007 del Gobierno canario que da por corregidas las deficiencias detectadas en mayo de 2007 por la Comisión de Ordenación del Territorio y el Medio Ambiente (Cotmac) y ordena la publicación en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) del PGO, en vigor desde el pasado mes de noviembre.

El portavoz de la familia, Javier Fernández Delgado, denuncia que el Ayuntamiento ha tramado una modificación urbanística de sus propiedades para exclusivo beneficio de terceros, ya que en la unidad de actuación estos vecinos son los perjudicados por el paso de viarios (que afectan a naves industriales de su propiedad y a su vivienda) y en cambio son otros los beneficiados por la recalificación de un suelo declarado rústico de protección agrícola en el Plan Insular de Ordenación del Territorio (PIOT).

“En la primera exposición pública del PGO, en 2005”, relata Fernández, “mis terrenos eran simplemente urbanos, pero antes de las últimas elecciones municipales se fraguó a mis espaldas una trama que acabó incluyendo mis terrenos en una unidad de actuación urbanística para beneficiar a otros que están justo al lado del barranco de Santa Catalina, en una zona catalalogada como agrícola”.

Este vecino de Machado afirma que en la fase del PGO en que el Ayuntamiento creó esta unidad de actuación el gobierno municipal ya no

estaba obligado a tener en cuenta su alegación porque se trató de una segunda exposición pública del documento sólo en lo que se refería a las modificaciones de asentamientos rurales indicadas por la Cotmac.

Por ello, Fernández denuncia que el Ayuntamiento nunca le comunicó que el PGO había incluido sus propiedades en una futura urbanización, hecho del que se enteró en 2007 de forma casual cuando acudió a la oficina de Urbanismo para solicitar permiso para una limpieza en sus terrenos.

Tras tener conocimiento de lo que ocurría, habló con el alcalde, que en un primer momento le negó tal unidad de actuación y luego confirmó su existencia. A partir de ahí, y ante su insistencia contra esta urbanización, Benítez intentó convencerle de que había que ceder, pero este vecino lo que hizo fue presentar incluso tres alternativas de trazado de las carreteras previstas para que no afectaran ni a su vivienda ni a sus naves industriales, opciones que fueron descartadas sin más por el alcalde.

Esta familia de Machado considera que lo que les ha ocurrido es una muestra más de la forma en que el alcalde ha urdido el nuevo PGO, con prácticas que le han supuesto ya varapalos judiciales como la de la anulación del Plan Parcial de El Varadero, así como otros anunciados recursos judiciales por otras unidades de actuación como la de Montaña Carbonero, donde Macario Benítez se ha recalificado unos terrenos en una zona protegida en el PIOT por sus valores medioambientales.

Fernández anima por ello a los vecinos que se consideren atropellados en sus derechos y propiedades por el PGO a plantar también cara en los tribunales contra el Ayuntamiento, al tiempo que se solidariza con las familias que ya han decidido dar este paso contra las presuntas ilegalidades cometidas o consentidas por el gobierno que preside Macario Benítez.

El “castigo” injusto que sufre esta familia motivó que el pasado 30 de octubre, aprovechando el pleno del Ayuntamiento en el que se debatió la sentencia judicial sobre el Varadero, Javier Fernández devolviera al alcalde la medalla que en 2004 le había entregado a su padre, concejal socialista fallecido a los 55 a?os, tras una durísima enfermedad. “Hace sólo unos años el alcalde reconoció los servicios prestados por mi padre, y ahora le da a nuestra familia una pu?alada trapera por la espalda, así se las gasta Macario Benítez”, se queja este vecino de Machado, quien confió en que la Justicia acabe con las arbitrariedades y los abusos de quienes, desde sus cargos públicos, desprecian la transparencia y el buen gobierno, ignoran las leyes con fines espurios y pisotean los derechos de los ciudadanos.

Javier vuelve a reiterar que ya no confia en este alcalde que con sus continuas mentiras y jugarretas ha creado el enfado de esta familia,y manifiesta su desilusión con algunos de sus vecinos y parte de sus familiares en la que han envuelto con secretismo esta ilegalidad.