Podemos no da por cerrada la composición del nuevo Consejo General del Poder Judicial

El PP y el PSOE han defendido este martes su pacto para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) frente a las críticas por el reparto político de cargos, un acuerdo en el que no está garantizada la inclusión de la juez de Las Palmas de Gran Canaria Victoria Rosell. Por su parte, Podemos avisa de que no da por cerrado el acuerdo y sigue poniendo exigencias sobre la mesa.

En la formación morada no quieren hablar todavía de nombres, pero admiten que hay problemas con el principio de acuerdo alcanzado con los socialistas.

Su exdiputada Victoria Rosell, magistrada del Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas y avalada por la asociación Juezas y Jueces para la Democracia, no tiene asegurada todavía una de las veinte vocalías que deben renovarse, aunque no es el único escollo, reconocen fuentes parlamentarias.

“Hasta que no se cierra y se pone el papel sobre la mesa no se puede dar ningún acuerdo por cerrado. Seguimos hablando”, ha manifestado su portavoz adjunta de Unidos Podemos en el Congreso, Ione Belarra.

Las críticas más duras al acuerdo entre populares y socialistas han procedido, de nuevo, de Ciudadanos, cuyo líder, Albert Rivera, ha cargado contra Pedro Sánchez y Pablo Casado por intentar renovar el CGPJ “en un cuarto oscuro”, como si fueran cromos, y además incluir “a los populistas” en los órganos judiciales.

Sin embargo, para el exministro de Justicia Rafael Catalá, negociador del pacto por el PP, son esas críticas las que se acercan a “planteamientos populistas”, ya que lo que ellos han hecho es aplicar la ley.

En la misma línea, la portavoz parlamentaria del PSOE, Adriana Lastra, ha llamado este martes al resto de fuerzas políticas a participar en “futuros acuerdos de Estado” y se ha mostrado convencida de que una “mayoría amplia” de la cámara puede verse representada en los nombres propuestos por los socialistas, ya que son personas de “carácter progresista” y de “reconocido prestigio”.

No lo tiene tan claro el PP, especialmente en el caso del juez José Ricardo de Prada, que formó parte del tribunal que juzgó el caso Gürtel: “Yo no le conozco méritos para dedicarse al gobierno de los jueces, pero no hemos puesto vetos”, ha dejado claro Catalá.

La ley Orgánica del Poder Judicial establece que los vocales del CGPJ deben contar con el respaldo de tres quintos del Congreso y del Senado y el PP y el PSOE cuentan con escaños suficientes; pero también establece que serán los vocales quienes elijan a su presidente.

Tras hacerse público que se ha pactado ya que el presidente será el magistrado Manuel Marchena, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) ha anunciado que estudia recurrir el nombramiento.

Ya recurrió hace cinco años el de Carlos Lesmes, pero el Tribunal Supremo determinó entonces que, aunque era vox populi que iba a presidir el CGPJ antes de que los vocales fueran formalmente elegidos, había sido elegido por la “voluntad libre” de los vocales y no podía hablarse de “tratos, regateos o convenios políticos previos”.

También las fuerzas minoritarias han dejado claro su descontento con el acuerdo, un “estercolero” y “pasteleo vergonzoso”, en opinión de ERC, o una nueva muestra del viejo bipartidismo, para Compromís.

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha reconocido que el acuerdo es legítimo, pero ha dudado de que sea lo que necesita la Justicia española

Mientras se sucede el debate político, el Congreso y el Senado ya han diseñado sus calendarios para que el proceso de renovación del CGPJ haya culminado antes de que el 4 de diciembre venza el mandato del actual CGPJ: la Cámara Baja elegirá a sus diez candidatos el 22 de noviembre y la Alta lo hará previsiblemente en un pleno extraordinario el 3 de diciembre.

Con el nombramiento de Marchena pactado, fuentes jurídicas apuntan al nombre de la magistrada de la Sala de lo Penal del Supremo Ana Ferrer como una de las candidatas con más apoyos para ocupar la vicepresidencia del Supremo, pero advierten también de que el juicio del “procés” condiciona ese salto.

Su hueco en el tribunal que enjuiciará el procés debería ser cubierto por el magistrado Eduardo de Porres, lo que dejaría a la Sala de la Penal sin magistrados que no hubieran participado en alguno de los procesos o recursos relacionados con la causa independentista y todavía está pendiente la pieza separada contra los fugados.