Podemos da por sentado que “el Gobierno quiere contentar a determinadas empresas del sector” de la comunicación

Juan Márquez. (ÁLEX ROSA)

Iago Otero Paz

Las Palmas de Gran Canaria —

El portavoz de Podemos en la Comisión de Control de Radiotelevisión Canaria (RTVC), Juan Márquez, ha asegurado este miércoles que el hecho de que el abogado tinerfeño Carlos Cabrera, vinculado a la Sociedad Canaria de Televisión Regional (Socater) y al Grupo Prisa, participara en el tramo final de la elaboración del pliego de condiciones del concurso para la prestación de servicios informativos de la Televisión Canaria, demuestra que el Ejecutivo que dirige Fernando Clavijo busca “contentar a determinados medios de comunicación utilizando el dinero público como herramienta para comprar ciertas voluntades”.

Márquez ha recalcado que el hecho de que sea el abogado Cabrera uno de los encargados de elaborar los pliegos “confirma que el Gobierno está gobernando para intereses de determinadas empresas”, algo que ya se vio en la elaboración del borrador de la Ley del Suelo “cuando lo estaban trabajando juristas próximos al sector de la construcción”, además de entender que “puede haber un conflicto de intereses” en caso de que Socater o el Grupo Prisa se presenten al concurso.

Los pliegos se publican en agosto a toda prisa a sabiendas de que en septiembre la oposición iniciará el proceso de cese de Santiago Negrín, con lo cual el Gobierno está intentando dejar atado uno de los concursos más importantes de la comunidad autónoma no vaya a ser que pierda el control del ente público”, denuncia el diputado por Las Palmas.

El político grancanario cree que la privatización de los informativos no se hace por motivos económicos, sino que lo que se busca es especular “desde el Gobierno de Canarias con los intereses de algunas empresas privadas de la comunicación”. Desde Podemos siempre han mantenido que la información en la televisión pública ha de ser “de gestión directa y no a través de ninguna de las empresas para garantizar información objetiva”.

Así, Márquez avanza que su formación lo primero que hará será una iniciativa política para que se den explicaciones en el Parlamento sobre este concurso, de 144 millones de euros hasta 2026, y para que se confirme “si esto ha sido así y esta persona -el abogado Cabrera- es la que ha estado trabajando en la elaboración de los pliegos”. “Ya sabemos que el presidente de RTVC -Santiago Negrín- viene de trabajar en esa empresa -Grupo Prisa-”, recuerda Márquez, por lo que espera que todas las preguntas sean respondidas en la Comisión de Control de la RTVC.

No obstante, desde Podemos confían en que los pliegos presentados unilateralmente por Negrín no tengan mucho recorrido ya que “se han hecho sin pasar por el Consejo Rector” cuando la ley del ente público establece que todos aquellos contratos plurianuales y que superen el millón de euros deben pasar por él. “Uno de los elementos troncales que entendemos que hay que modificar en la TVC es precisamente la especulación que ha habido con empresas privadas de la comunicación”, aclara Márquez.

A Nueva Canarias le parece “muy relevante” la retirada de Martín Orozco

Por su parte al portavoz de Nueva Canarias en el Parlamento y en la Comisión de Control de la RTVC, Román Rodríguez, le parece “muy relevante” la retirada de Martín Orozco -a quien sustituye el abogado Carlos Cabrera- en la fase final de la elaboración de los pliegos de los informativos de la RTVC, aparte de subrayar que ve “muy grave la nueva asesoría de Negrín”.

Así mismo, Rodríguez opina que es “mucho más grave” confirmar que “quién manda” sobre Negrín son “Fernando Clavijo, José Luis Méndez, Daida Rodríguez y Heriberto Monzón”, por lo que la obligación de los nacionalistas es “cesar” al actual presidente de la RTVC en septiembre “y acabar con este esperpento”.

Sobre el cese de Negrín, Juan Márquez admite que no saben en qué pleno será ya que tanto los portavoces del PSOE, PP, Nueva Canarias y Podemos y la mesa del Parlamento se tienen que poner de acuerdo en si se convoca un pleno extraordinario o si este se incluye dentro de la orden del día de uno de los dos plenos de septiembre.

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