La política insular de Lanzarote, en guerra
“En el más puro estilo de la derecha de Rajoy, que consagra los privilegios de los poderosos y socava el bienestar de las clases medias, el PP de Lanzarote no duda en plantearse la destrucción de empleo público y en culpar a la plantilla de los centros de una situación económica que sólo es achacable a una mala gestión de décadas”. Así lo ha señalado la secretaria general de los Socialistas de Lanzarote, María Dolores Corujo, quien defiende un gran pacto entre administraciones y personal para la supervivencia de los CACT, en condiciones de calidad de la oferta y de seguridad laboral de sus empleados.
Corujo argumenta asimismo que el actual convenio colectivo es fruto de la negociación con los trabajadores y trabajadoras de la red y fue aprobado por el Pleno del Cabildo en 1999, “no por el PSOE”. “Cabe señalar la doble moral de Doña Astrid Pérez, ya que, lo que no hizo en el tiempo en que asumió la dirección pretende imponerlo desde la oposición”.
El PSOE critica a la popular su cinismo al acusar al actual grupo de Gobierno de mala gestión y le recuerda que las cuentas presentadas durante su cargo como consejera delegada arrojaron pérdidas por encima de los 3,5 millones de euros en la restauración y en concreto en más de millón de euros en el Castillo de San José. “Tampoco recordamos que en el programa electoral del PP apareciera la imposición unilateral de nuevas condiciones para la plantilla de los Centros, con el fin de reducir el déficit. Aunque por experiencia sabemos ya que esas estrategias están siempre en la agenda oculta de los populares”, apunta Dolores Corujo.
Además, los socialistas consideran “intolerable y muy dañina la campaña de demonización del personal de los Centros, a quienes hacen aparecer ante la sociedad como unos privilegiados sin oficio pero con beneficio”. Finalmente y respecto al presunto intento de “pelotazo” denunciado por la presidenta del PP en el alquiler del restaurante del Castillo de San José, Dolores Corujo asegura que desde el Partido Socialista se velará porque “el proceso sea riguroso y transparente, abierto al conocimiento público y con la publicidad necesaria para que tenga opciones cualquier persona interesada en su explotación”. “Invitamos al Partido Popular a que haga lo propio y a poner en conocimiento de Fiscalía cualquier irregularidad que considere merecedora de reproche penal”.
