Mogán pagará más de 4,2 millones por la expropiación de unos terrenos
Ciuca y Nueva Canarias han denunciado que el Partido Popular (PP) del municipio grancanario de Mogán ha evitado, durante el pleno extraordinario celebrado este jueves, que se iniciasen los trámites para exigir a varios miembros del grupo popular que respondiesen con su patrimonio personal de los gastos jurídicos derivados de las últimas acciones legales autorizadas por el Ayuntamiento en el caso de la expropiación de los terrenos a la familia Sánchez Valerón.
Los grupos de la oposición señalan en un comunicado que han elevado el asunto al Pleno municipal, al entender que ha existido “negligencia” en la estrategia legal empleada por el Consistorio, una vez que ya existían sentencias firmes del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) y del Tribunal Supremo (TS). No obstante, la incoación del expediente para exigir responsabilidad patrimonial no salió adelante gracias a los votos del grupo popular, que contó con el apoyo de la concejal de Coalición Canaria (CC) en el Consistorio, puntualiza.
Los portavoces de Ciuca y Nueva Canarias, Mencey Navarro e Isabel Santiago, entienden que varios concejales del grupo popular y el propio alcalde, Paco González, no debieron participar en el debate y en la votación al ser 'protagonistas' del propio asunto a tratar, por lo que consideran que “tienen intereses directos”.
La oposición considera que la Junta de Gobierno Local, en su momento, puso en marcha actuaciones legales para intentar anular las sentencias del TSJC y del TS “sin contar con asesoramiento jurídico y sabiendo que no tenían ninguna viabilidad, con la única intención de dilatar un pleito con la familia Sánchez Valerón, litigio que dura más de 10 años”.
La Junta de Gobierno local acordó el 5 de marzo del 2013 la contratación del letrado Eligio Hernández para la interposición de un incidente de nulidad contra la sentencia del TSJC de marzo de 2008 y un recurso de revisión contra la sentencia del TS de noviembre de 2012, por importe de 18.000 euros sin incluir el IGIC. Ambos recursos fueron rechazados, recuerda.
4,2 millones de gastos
La estrategia legal adoptada por la Junta de Gobierno moganera se enmarcan en la actuación “nada razonable” del alcalde respecto a los terrenos expropiados a la familia Sánchez Valerón, explica Santiago. Por su parte, Navarro señala que la expropiación le ha supuesto a las arcas municipales “un gasto de 4,2 millones de euros, sin contar los casi 3 millones de euros que se deberán abonar a la familia en concepto de intereses”.
Confirmado el pago a la familia de dichas cantidades, el TSJC aceptó la petición del Ayuntamiento para realizar el pago fraccionado a los particulares, por importe de 300.000 euros al año, “lo que supone el incremento anual de la cuantía total de los intereses que también deberá abonar el consistorio moganero a la familia”.
Ciuca y Nueva Canarias mantienen que la situación “se podría haber resuelto de otra manera menos costosa para los intereses municipales si el alcalde hubiese estado a la altura de las circunstancias y se hubiese sentado a negociar con los vecinos expropiados, que siempre han mostrado su predisposición para alcanzar acuerdos”.
La oposición insiste en que, “lejos del diálogo con la familia afectada”, el alcalde decidió en Junta de Gobierno “dar una vuelta de tuerca más” e interponer el recurso de revisión y el incidente de nulidad sobre las sentencias firmes, “a sabiendas de que eran actuaciones condenadas al más estrepitoso fracaso, pues no sólo se presentaron fuera de plazo, sino que no hubo ni informe técnico que avalase tal decisión, ni asesoramiento verbal del secretario de la corporación en el que se advirtiesen de los inconvenientes de tales actuaciones”. Tanto el TSJC como el TS fallaron en contra del Ayuntamiento y reiteraron las sentencias que ya existían en favor de la familia afectada por la expropiación, recuerdan ambas formaciones.
Ciuca y Nueva Canarias aseguran que técnicos adscritos a la asesoría jurídica municipal les han confirmado verbalmente que en el expediente de adopción del acuerdo referido, no existe informe o dictamen jurídico alguno que aconseje la interposición de tales recursos jurídicos.
Tras conocer los fallos judiciales, los portavoces de Ciuca y Nueva Canarias, decidieron solicitar el pleno extraordinario para exigir a los responsables del gobierno municipal que decidieron interponer los recursos que “paguen de su bolsillo” los más de 23.000 euros a los que asciende el coste de las actuaciones legales, al entender que fue una decisión “negligente y lesiva para las arcas municipales y el interés general”.
