PP y NC no frenan el “dedazo presidencial” y la Ley de Inversiones Estratégicas sigue adelante

Las dos enmiendas a la totalidad presentadas por los grupos Popular y Mixto (NC-PIL) al proyecto legislativo de Inversiones Estratégicas han sido rechazadas por el Pacto, motivo por el cual el texto, que para la oposición es un auténtico “dedazo presidencial” que otorga “poderes absolutos” al presidente del Ejecutivo, sigue adelante.

Una Ley con la que el Gobierno pretende “acortar los actuales plazos de los expedientes relacionados con inversiones estratégicas” y que la oposición insiste en que será un foco de “clientelismo”.

“Esta Ley va a privatizar las inversiones estratégicas, pues lo serán aquellas que se decidan por el dedazo del presidente, lo que fomenta el clientelismo”, dijo la portavoz del PP, Australia Navarro, durante el debate que tuvo con el presidente Paulino Rivero en el turno previo de preguntas de control al jefe del Ejecutivo.

“Yo tengo pocos amigos en el sector de los grandes empresarios económicos, el Partido Popular sí los tiene. Esta Ley es una magnífica idea para agilizar las inversiones, como sucede en Baleares o Navarra”, contestó Rivero.

Poder absoluto

Sea como sea, y pese a los esfuerzos del consejero de Economía y Hacienda, Javier González Ortiz, y los portavoces socialista (Emilio Mayoral) y nacionalista (José Miguel Barragán), lo cierto es que el enfrentamiento dialéctico sobre el futuro texto legislativo se centró en un solo punto: “esta Ley es un otorgamiento de poderes absolutos al presidente del Gobierno”.

Esta afirmación del conservador Miguel Jorge Blanco fue remachada a continuación por él mismo: “estas atribuciones especiales no son propias de administraciones y sistemas democráticos”.

Y el portavoz de Nueva Canarias (NC) en el Grupo Mixto, Román Rodríguez, no se quedó atrás: “esta es una Ley para que el presidente decida, de todas las inversiones privadas, cual es estratégica y cual no”.

Al igual que los conservadores, el líder de NC argumentó que el texto “es inaceptable porque no garantiza la igualdad entre todo el mundo y quiebra el interés general”.

“Confunden el interés público con el interés estratégico privado. Y además lo decidirán a dedo”, insistió Rodríguez antes de pedir a los socios del Pacto, con especial atención al Grupo Socialista, que “retiren esta norma y vamos a defender los intereses generales, no el de unos pocos que, casi siempre, coincide que son los de siempre”.

‘Qué hay de lo mío’

“De dedazo ustedes en el PP saben bastante, y lo que pretendemos evitar es que algunos de ustedes los llamen desde un despacho preguntando ‘qué hay de lo mío”, contestó Barragán a los conservadores.

Y es que el portavoz nacionalista insistió, en contra de los planteamientos del Grupo Mixto, que “no vamos a desregularizar y sí evitar que los trámites se hagan en algunos despachos”.

Antes del debate de las enmiendas, el consejero González Ortiz quiso aclarar las dudas: “la declaración de inversión estratégica la decide el Consejo de Gobierno, no el presidente, como algunos se empeñan en tergiversar”.

El presidente, en todo caso, solamente tramita el expediente que eleva al Gobierno por la “razón muy sencilla” de que la primera valoración “se realiza en el Comité de Inversiones”, un órgano que depende de Presidencia.

Y también negó la discrecionalidad y arbitrariedad de la declaración de inversión estratégica, ya que deben cumplirse una serie de requisitos para tramitar el expediente.

Ni hoteles ni hiper

Requisitos que pasan por “su impacto en la generación de empleo”, su “relevancia” en áreas estratégicas (turismo, energía, I+D+i o internacionalización de la economía), “capacidad para movilizar inversión privada interna o externa”, su “compatibilidad con el desarrollo sostenible” y que estén de acuerdo con los planes aprobados por el Parlamento en base a la Estrategia de Especialización Inteligente (RIS3).

“La inversión deberá resultar viable desde el punto de vista jurídico, económico y financiero, debiéndose justificar adecuadamente estos extremos por parte de sus promotores”, dijo González Ortiz.

“Nada de grandes centros comerciales y hoteles de lujo”, remachó Barragán.