El PSC amenaza con denunciar la concesión de Tebeto
El Partido Socialista Canario (PSC) ha anunciado que este miércoles ha presentado ante la Consejería de Industria, Empleo y Comercio del Gobierno de Canarias, un recurso para que declare la nulidad de la concesión de explotación de Tebeto, en Fuerteventura, concedida a la familia Bittini. El plazo legal establecido para responder es de un mes, y de no hacerlo en el sentido de iniciar el procedimiento de anulación, los socialistas acudirán a los tribunales para que este obligue al Ejecutivo a iniciar el expediente.
Así lo explicó este jueves en rueda de prensa la parlamentaria regional, Francisca Luengo, quien advirtió que de no llevarse a cabo la anulación de la concesión de explotación de la cantera de Tebeto, los herederos de la familia podrán reclamar una indemnización por unos derechos no satisfechos, como ya ha hecho el concesionario, Rafael Bittini. La actual concesión tiene una vigencia de 30 años, con la posibilidad, según establece la Ley, de dos prórrogas de 30 años cada una.
Luengo recordó que en estos momentos, el Gobierno de Canarias adeuda 101 millones de euros a Bittini, dueño de la empresa Canteras Cabo Verde, después de que este reclamara daños y perjuicios por el lucro cesante de actividad, al no poder explotar su concesión por ir en contra de la normativa de protección del territorio vigente en esta zona de Fuerteventura. Sin embargo, Luengo recuerda también que tras la aprobación de la concesión, se han realizado sondeos en la zona que demuestran que “no existe el recurso a explotar”.
Los socialistas denuncian que el Gobierno de Canarias “no ha hecho nada para liberar del pago tan cuantioso a los canarios”, porque “lo que les interesa es enterrar el caso Tebeto, mientras que nosotros hacemos lo contrario, desempolvar”, con el objetivo “de que no se olvide”. Luengo insistió en que el Ejecutivo regional pretende que “las cosas siguan igual, seguir en la impunidad porque los beneficiarios de la concesión son personas cercanas al PP, e intentar que el tema no se debata”.
Pero “el PSC quiere romper la impunidad”, indicó la parlamentaria. Como primera acción para lograr esto ha sido la presentación del recurso ante la Consejería de Industria; y la segunda será acudir a los tribunales, en el caso de que el Ejecutivo regional no se pronuncie. Luengo se mostró convencida de que existen muchas posibilidades de que tengan que ejecutar la segunda acción, porque el Gobierno “no dirá nada, ya que pedimos entrar en el núcleo y si lo hacen, sería admitir lo que pide el PSC, investigarse a sí mismos y autoinculparse”.
Luengo explicó que la Ley prevé que cuando una administración “comete errores los pueda subsanar, revisando, declararlos nulos y haciéndolos desaparecer”. En caso de que no se haga de este modo, la normativa prevé que “se haga a instancias de otro”, como es el caso, tras la presentación del recurso ante la Consejería de Industria.
Argumentos
Argumentos para que la concesión desaparezca existen. Luengo explicó que esta “incumplió” la Ley 1/2008 de 8 de mayo, de Ordenación del Territorio, que obliga a que cualquier decisión debe observar la normativa vigente. En el caso de esta concesión, “incumple con el Plan Insular de Fuerteventura”. En segundo lugar, va en contra de la Ley de Minas, que exige que el concesionario acredite la existencia del recurso, y que la Administración, a costa de este, lo compruebe.
Luengo recordó que en este caso no se hicieron ninguna de las dos cosas, además de que ha quedado acreditado que no hay recurso que extraer. Y en tercer lugar, incumple con la normativa de impacto medioambiental y ecológico, aprobadas en 1986 y 1990, respectivamente.
Por último, los socialistas han anunciado que en la primera Ley que se debata en el Parlamento canario, van a presentar una enmienda “para impedir que se concedan licencias sin tener en cuenta el planeamiento”, y evitar así, según Luengo, “el pago por actuaciones fraudulentas”.
