El PSC considera un acto ilícito sin precedente la obra de Las Teresitas

El PSC advirtió este miércoles al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife de que si no paraliza las obras en la playa de Las Teresitas incurrirá en un acto ilícito que puede tener consecuencias sin precedentes, y reiteró su petición de dimisión al alcalde, Miguel Zerolo, para no situar a la corporación “en el fango”.

Así lo manifestó la portavoz del grupo municipal Socialista, Gloria Rivero, en una rueda de prensa en la que se refirió al oficio por el que la Dirección General de Costas ve “prudente” parar las obras hasta que se aclare la propiedad de los terrenos y entiende que las obras de acceso a la playa -que debe realizar el Ayuntamiento- no cuentan “en el momento presente” con el título habilitante preciso.

Al respecto, la concejal de Urbanismo de Santa Cruz de Tenerife, Luz Reverón, ha acusado a la Dirección General de Costas de crear “incertidumbre e inseguridad jurídica” y ha explicado que será el pleno de la corporación municipal, que se ha convocado para mañana, el que decida sobre las obras de acuerdo a un informe técnico y jurídico.

Gloria Rivero señaló en la rueda de prensa que en el pleno el grupo Socialista se ratificará en la postura que ha mantenido “desde el principio de los tiempos” y volverá a pedir la paralización de las obras en la playa, como ya hizo en la sesión plenaria celebrada el 31 de enero.

La paralización de las obras “es fundamental, es meridianamente razonable y es la única responsabilidad” que debería haber adoptado el Ayuntamiento, aseguró Rivero, quien acusó al alcalde, Miguel Zerolo, de “esconderse” detrás de la concejal de Urbanismo, Luz Reverón.

Insistió la portavoz socialista en que el Ayuntamiento debió haber paralizado los trabajos hace tiempo “porque sabía que no tenía argumentos ni respaldo jurídico o administrativo” y advirtió de que el que actúa con incertidumbre e inseguridad es el consistorio.

“Como mínimo existe una duda razonable” sobre la titularidad del suelo, prosiguió Gloria Rivero, quien señaló que si el Ayuntamiento sigue adelante será “su responsabilidad” y cometerá un acto “ilícito” con pleno conocimiento.

Ello se debe, en su opinión, a que el Ayuntamiento tiene conocimiento de que la titularidad de los terrenos está “en cuestión” y que hay denuncias de los propietarios, y por lo tanto seguir adelante con las obras puede tener consecuencias “gravosas” para la corporación y por lo tanto para las arcas municipales.

Añadió que debe producirse “una reversión” del expediente del proyecto de Las Teresitas a la Junta de Compensación y también de la concesión administrativa, de forma que la Dirección General de Costas pueda actuar en la zona de dominio público.

Ello implicaría además que se paralizase la construcción de un edificio de aparcamientos al principio de la playa, que a juicio de Gloria Rivero supone “una forma de privatización de facto de la playa”, pues se tratará de una concesión a una empresa privada.

El concejal del grupo Socialista José Ángel Martín afirmó que Zerolo debe reflexionar, asumir su responsabilidad en este asunto y dimitir, y si el alcalde no lo hace así, debería intervenir su formación, Coalición Canaria, para no sumir al Ayuntamiento “en el fango”.

Ello debe ser así con más motivo, dijo, pues Zerolo está imputado en el proceso penal abierto en este asunto, por lo que debe saber que cualquier actividad que emprenda “será examinada con lupa”.

Ramiro Cuende, también edil del mismo grupo, apuntó que la irresponsabilidad del grupo de gobierno en este asunto “aún es más grave”, porque sabe “lo que ha pasado con el pelotazo” de Las Teresitas, y advirtió de que “es hora de que se tomen medidas en relación con los intereses legítimos que han sido expoliados”.

“Lo increíble es que no se hayan tomado medidas por el responsable directo, que es el Ayuntamiento, y siga en su huida hacia adelante”, afirmó Cuende, quien consideró que este asunto proviene de la época en que era alcalde Manuel Hermoso y Adán Martín concejal de Urbanismo.

Criticó también Cuende el que “todos hayan mirado para otro lado cuando se quitaban propiedades a los vecinos, y ahora resulta que para el Ayuntamiento el responsable es Costas”.