El PSC pide la “remoción urgente” del diputado del Común por su “exotismo institucional”
Spínola achaca el retraso de la renovación de las instituciones dependientes del Parlamento a que CC y PP no quieren que el PSC-PSOE tenga “mayor cuota de representación”
SANTA CRUZ DE TENERIFE, 20 (EUROPA PRESS)
El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Francisco Hernández Spínola, ha pedido la “remoción urgente” del diputado del Común, Manuel Alcaide, como consecuencia de su reciente comparecencia en comisión parlamentaria, la cual ha calificado de un “exotismo institucional” que ha dado lugar a una “controversia pública muy notoria”.
En su habitual rueda de prensa de los lunes, Spínola ha considerado que la posición del diputado del Común “no debe prolongarse ni un día más”, de ahí que la semana pasada haya enviado una carta al resto de portavoces parlamentarios con la intención de convocar este martes una reunión urgente en la que tratar no sólo este asunto, sino también la renovación del resto de instituciones que dependen de la Cámara --Audiencia de Cuentas, Consejo Consultivo y Radio Televisión Canaria-- al estar “caducos”.
Francisco Hernández Spínola ha recordado que el diputado del Común “lleva cuatro años en funciones”, lo que, en su opinión, es toda “una degradación de esa Institución”, de ahí que haya pedido su remoción, la cual espera que se produzca este martes en la Junta de Portavoces del Parlamento, aunque, a este respecto, ha confesado no tener “muchas esperanzas” y no ser “optimista”.
En definitiva, el portavoz ha señalado que a lo largo de los 3 años que se lleva negociando la renovación de los órganos que dependen del Parlamento, CC y PP “han ido variando las pegas”, y ha asegurado que “la realidad es que no han querido reconocer que el PSC-PSOE ganó las elecciones de 2007 y que, por tanto, le corresponde mayores cuotas de representación en estas instituciones y por eso boicotean el cambio”.
“UNA GRAN HIPOCRESÍA”
En otro orden de cosas, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista se refirió a la aprobación de una Proposición No de Ley aprobada por CC y PP para solicitar al Gobierno del Estado que frente las demoliciones en el litoral canario. En este sentido, Spínola ha incidido en que esta propuesta es “una gran hipocresía”, dado que la Ley de costas es del año 1998 y, desde entonces, Coalición Canaria y Partido Popular no han pedido que se cambie.
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23 años de cárcel
En Canarias Ahora podemos atestiguar que el Lawfare existe. Lo vivimos de cerca entre 2015 y 2022 cuando informamos con todo detalle de cómo el exministro José Manuel Soria (PP) y el exjuez Salvador Alba conspiraron para acabar con la carrera política y profesional de la magistrada Victoria Rosell (Podemos). Y lo volvemos a vivir ahora con el intento de Alba de vengarse en la persona del director de nuestro periódico, Carlos Sosa, tras haber sido descubierto, juzgado y condenado a los tres delitos más graves que puede cometer un juez (cohecho, prevaricación y falsedad en documento judicial) a seis años y medio de prisión y 18 de inhabilitación.
Con la ayuda de una jueza de Madrid que ha desoído incluso al Ministerio Fiscal, Alba ha conseguido que Carlos Sosa se siente en el banquillo para responder a una petición de 23 años de prisión y a una indemnización de 422.500 euros simplemente por haber informado con todo rigor de sus delitos y de sus trapisondas para eludir la acción de la justicia.
A juicio de Spínola, CC y PP han llevado esta PNL al Parlamento de Canarias con “tintes claramente electoralistas” y con el propósito de intentar “denomizar” al Partido Socialista y al alcalde de Candelaria, José Gumersindo García, como consecuencia de los derribos del poblado marinero de Cho Vito.
Para el portavoz parlamentario, la responsabilidad sobre las demoliciones de Cho Vito “hay que imputárselas a CC y PP porque fueron ellos los que suscribieron un convenio de desarrollo de infraestructuras costeras en Canarias, donde la obra número 47 se llamaba Paseo marítimo Cho Vito y demolición”. A partir de ahí, Spínola ha considerado que se pudo haber salvado Cho Vito, y para ello ha indicado que “bastaba con que el informe de la Comisión de Patrimonio del Cabildo de Tenerife hubiera resultado su valor etnográfico, pero no lo hizo”.