El PSOE se cuestiona si Soria ''está en una mafia con tanto dinero negro''
El secretario de Asuntos Económicos y Sociales del PSC-PSOE, Julio Cruz, consideró este jueves “altamente sospechoso” que el vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Economía y Hacienda, José Manuel Soria, “maneje 4.000 euros en efectivo”, por lo que preguntó “de dónde saca esas cantidades” y si está “en alguna mafia rusa o colombiana como para poder manejar tanto dinero negro”.
En esta misma línea, el secretario general de los socialistas canarios, Juan Fernando López Aguilar, volvió a arremeter contra Soria por el hecho de que, como habría admitido en sede judicial, “pagaba sus periodos vacacionales en Mogán con euros que llevaba en efectivo”, así como por pagar el alquiler “del chalé propiedad del empresario de la construcción donde vivía con dinero en efectivo presuntamente justificado mediante papelas manuscritas”.
“Que los militantes del PP apuesten por la ética en Canarias y saquen de la política a quien calumnia y difama sin una sola prueba y va por la vida pretendiendo que nos creamos que va con miles de euros en el bolsillo”, mantuvo Juan Fernando López Aguilar.
En rueda de prensa, su compañero Julio Cruz rechazó las últimas acusaciones realizadas por miembros del Partido Popular hacia cargos socialistas y subrayó que el PSOE “nunca ha utilizado la maquinaria política para actuar contra ningún adversario, cosa que no puede decir el PP”. En esta línea dijo, en alusión a Soria, que “piensa el ladrón que todos son de condición”, algo que se ve en el “escándalo de espionaje usando servicios públicos” de los últimos días en la Comunidad de Madrid.
Así, subrayó que el presidente del Ejecutivo regional, Paulino Rivero, “debe dar garantías de que Soria en Canarias no ha hecho lo mismo y de que este Gobierno no espía en Canarias a los ciudadanos, a sus propios militantes y a sus propios compañeros de este desgraciado Gobierno”. También remarcó que debe garantizar que la “policía atinómica no la quieren para espiar a los ciudadanos”.
Que dimita por calumniar o le destituya Paulino Rivero
Julio Cruz acusó a Soria de “calumniar a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado sin ninguna prueba” y dijo de éste que no es “cualquier cosa, cualquier persona, sino el presidente del PP, el vicepresidente del Gobierno y el consejero de Economía y Hacienda”. El diputado socialista sostuvo que alguien que acusa a los policías de “prevaricar y de detenciones ilegales no merece ser vicepresidente del Gobierno de Canarias, porque las detenciones no dependen del Ministerio de Justicia o de Interior, sino sólo de los jueces y fiscales”.
Por todo esto, continuó, el PSC “pide la dimisión de José Manuel Soria como vicepresidente y como consejero por calumniar a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado sin ninguna pruebas y por encubrir al alcalde del municipio más corrupto de España, al que va de vacaciones vanagloriándose de que paga en efectivo con 4.000 euros que lleva en el bolsillo”. El secretario de Organización indicó que si Soria no dimite, Rivero debe cesarlo, “porque ya está bien de tener un señor de este calibre y con esta cara en el Gobierno”.
Cruz consideró que Soria “debe dar explicaciones y dimitir por decencia y por respeto hacia los más de 200.000 parados que hay en Canarias”, al tiempo que resaltó que con sus acusaciones “intenta crear una cortina de humo frente a la incapacidad del Gobierno para resolver los problemas de los ciudadanos”. Además, sostuvo que tanto él como Rivero “tienen que dar cuenta del dinero que se lleva gastado en la reforma de la residencia oficial del presidente, unos 285.000 euros para cambiar el mármol, el parquet y cuatro baños”.
Por su parte, el secretario general de los socialistas canarios, Juan Fernando López Aguilar, manifestó que “hay que exigir a los militantes del PP que, por dignidad, saquen de la política canaria” a su presidente, José Manuel Soria, al tiempo que lo calificó como “un mentiroso compulsivo que toma a la gente por idiota” y dijo que, con sus últimas declaraciones, trata de “encubrir” su responsabilidad en los escándalos de corrupción que salpican a su partido.
“Produce pena que en Canarias maneje los dineros públicos un personaje que calumnia a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado sin pruebas ni base ninguna, fabricando mentiras al servicio de su propia cobardía como si en la España del siglo XXI fuera posible que una comisaría ordenara una detención ilegal”, dijo López Aguilar en relación con las acusaciones que últimamente ha recibido de “manipular y utilizar la justicia en su beneficio” del también vicepresidente del Gobierno regional y consejero de Economía y Hacienda.
Asimismo manifestó en relación con la detención del empresario Santana Cazorla que tenía entendido que hubo una resolución de la Audiencia Provincial “que avalaba esas actuaciones”, pero que en cualquier caso, su trabajo como ministro de Justicia siempre estuvo “a mil años luz” de esas cuestiones y que en España “ninguna detención tiene que ver con el ministro de Justicia”.
“Nadie se cree que en España la policía practique una detención ilegal, y menos todavía que un ministro que ni siquiera tiene competencias sobre las Fuerzas de Seguridad del Estado intervenga en ella”, dijo en relación a la petición de explicaciones de Soria, “e imputar falsamente un delito a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado e involucrar en él al Gobierno es una mentira tan indigna que debería marcar el camino de salida de alguien que hace ya mucho tiempo que debería haber desaparecido de la política canaria”.
“Necios acorralados”
“Son mentiras que ofenden al Estado de Derecho que rige en España desde hace treinta años”, agregó respecto a las últimas manifestaciones de Soria y de varios miembros del Partido Popular, “las tonterias propias de los necios que tenemos en el Gobierno de Canarias cuando se ven acorralados”.
Asimismo subrayó que el Caso Góndola no fue inicialmente denunciado por el PSOE sino por concejales del municipio de Mogán que estaban “asqueados e indignados” ante los indicios de “corrupción masiva” en dicho Ayuntamiento.
En este sentido dijo que ante la existencia de 47 de cuentas corrientes a nombre de alguno de los ediles imputados “la gente tiene derecho a preguntarse para qué las querían, porque no podían ser para ingresar los salarios que les corresponden por ley”.
