El PSOE tacha de “racista” la negativa de Mogán a pagar más entierros de migrantes

El diputado socialista en el Congreso Luc André Diouf ha tachado “de racista” el anuncio de la alcaldesa de Mogán (Gran Canaria), Onalia Bueno, de que su municipio no pagará “ni un enterramiento más” de migrantes porque lo tiene que hacer el Gobierno de España. Este viernes, la Delegación del Gobierno en Canarias ha asegurado las competencias sobre el entierro de migrantes son municipales.

El diputado por Las Palmas y secretario federal de Políticas de Migraciones y de Refugiados del PSOE ha publicado un mensaje en la red social X (antes Twitter) en el que ha criticado que Bueno haga “dejación de funciones por racismo” y le ha preguntado sobre si conoce “dónde se certifican las muertes” de esas personas.

La alcaldesa de la localidad, cuyo muelle de Arguineguín sirve como lugar de referencia al que acuden las embarcaciones de Salvamento Marítimo en los rescates al sur de Gran Canaria, apuntó en declaraciones a Televisión Española en Canarias que sí cedería los nichos para que los migrantes que llegan fallecidos a las costas sean enterrados, pero sin abonar los gastos que supone “porque no estamos hablando de uno, de dos, ni de tres”.

“Son gastos que yo detraigo de los impuestos de mis vecinos. Ni siquiera el Gobierno de España, por medio de la Delegación del Gobierno, se interesa por nada”, añadió. Según fuentes vinculadas con servicios funerarios, el coste de las sepulturas oscila entre los 600 y los 1.000 euros.

Y es que, en el caso de los cuerpos recuperados por Salvamento Marítimo, los ayuntamientos vienen afrontando desde hace años los costes de darles sepultura en aplicación del Reglamento de Política Sanitaria Mortuoria, una norma de 1974 que atribuye a los municipios la responsabilidad de enterrar, por beneficencia, aquellas personas sin recursos que mueren en su territorio. Sin embargo, el gobierno moganero sostiene que las muertes de los migrantes se producen en alta mar y que, en consecuencia, debe ser el Gobierno central quien se haga cargo. 

La alcaldesa de Mogán ha sido anteriormente el epicentro de otras polémicas similares: durante la crisis de acogida de finales de 2020, Bueno ya se opuso a que el municipio de Mogán alojara a los migrantes que llegaban a la isla de Gran Canaria. La alcaldesa llegó a fletar tres guaguas para trasladar, sin alternativa habitacional ni comida, a unas 200 personas hasta la plaza de La Feria de la capital, donde se encuentra la sede de la Delegación del Gobierno en Canarias.

En esas fechas, y después de lamentar las condiciones en las que se encontraban los migrantes hacinados en el Muelle de Arguineguín, amenazó con sanciones de hasta 300.000 euros a los establecimientos turísticos que ofrecieron sus instalaciones para que estas personas se pudieran hospedar en ellos. Decenas de vecinos de Mogán organizaron entonces concentraciones xenófobas en las que insultaban a los migrantes alojados en esos hoteles.

Participó en manifestaciones que ligaban el aumento de la presión migratoria con el descenso de la actividad turística, en un contexto marcado por la pandemia de Covid-19 y por las restricciones de movilidad en los principales países emisores de turistas del Archipiélago.

Hace poco, anunció su intención de sacar del municipio las dos embarcaciones de rescate de Salvamento Marítimo que tienen su base en el Muelle de Arguineguín. “Estas embarcaciones estrangulan la actividad comercial y turística del que es el puerto más rentable de la red de Puertos Canarios en Gran Canaria”, dijo en esa sesión.