El PSOE exige al PP que demuestre en los tribunales la modificación de las cuentas canarias
La certificación de Ruano constata que no ha habido modificaciones en los presupuestos
SANTA CRUZ DE TENERIFE, 3 (EUROPA PRESS)
El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Francisco Hernández Spínola, ha instado al Partido Popular a pedir disculpas públicas o a acudir a los tribunales de justicia para demostrar que los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma que se están debatiendo en el Parlamento de Canarias no son los que se aprobaron en el último Consejo de Gobierno.
En declaraciones a los medios, tras la celebración de la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda, Hernández Spínola ha incidido en que esta denuncia que hizo ayer el Partido Popular “hay que clarificarla a la mayor urgencia posible”.
En ese sentido, el Grupo Socialista ha recabado de la Secretaría General del Parlamento la certificación del secretario del Gobierno de Canarias, José Miguel Ruano. En ella, explicó el portavoz, se constata que “los presupuestos que se están discutiendo en sede parlamentaria son los que se aprobaron en el Consejo de Gobierno celebrado el pasado 22 de octubre, fecha en la que todavía estaba en el Gobierno el PP y, por tanto, actuó como consejero de Economía y Hacienda José Manuel Soria”.
Francisco Hernández Spínola ha recalcado que este documento “tiene presunción de veracidad” y, por tanto, a José Manuel Soria y al Partido Popular “sólo le caben dos alternativas: pedir disculpas públicas ante una acusación tan grave que no ha podido fundamentar o probar con documentos que lo que dice es cierto y que ha habido una manipulación y una alteración de un documento público”.
En el caso de que el Grupo Parlamentario Popular lo pueda probar, Spínola le conminó a acudir a los tribunales de justicia porque se trataría de un delito de falsedad documental, dado que el documento remitido por José Miguel Ruano sería “falso”. De acuerdo con el artículo 390 del Código Penal, ese delito está castigado con la pena de entre 3 y 6 años de prisión, multa y, además, inhabilitación especial.
“Por tanto, estamos ante un tema muy grave porque está en juego la credibilidad de las instituciones, en este caso, del Gobierno de Canarias. Esta duda la ha sembrado el Partido Popular, por lo que le corresponde aclararla”, concluyó.
