Querella criminal contra Soria y Fernández por ''negociación prohibida''
José Manuel Rivero, miembro del colectivo Justicia y Sociedad, afirmó este viernes que el detonante para la presentación de la querella criminal contra Manuel Fernández, secretario general del PP de Canarias, y contra el vicepresidente del gobierno canario, José Manuel Soria, fue la aportación del contrato de asesoramiento de Manuel Fernandez con Anfi, “se ha dado un giro cualitativo con la presentación por parte del denunciante, Carlos Sosa, de ese contrato”.
Tras presentar una querella criminal contra Fernández y Soria, el portavoz de Justicia y Sociedad, José Manuel Rivero, declaró a El Correíllo de CANARIAS AHORA RADIO que el delito del que acusan a Manuel Fernández es “el de negociación prohibida, contemplado en el artículo 441 del Código Penal”, “hay un hilo conductor que nos ha llevado al Parlamento de Canarias donde uno de los diputados se vincula a los intereses especulativos e inmobiliarios de una empresa”.
Desde el colectivo de juristas acusan al vicepresidente del Gobierno de Canarias, José Manuel Soria de ser presuntamente un “colaborador necesario” ya que como jefe político del diputado herreño respaldó que Manuel Fernández formara parte de la comisión de Ordenación del Territorio y Medioambiente aunque trabajaba para el Grupo Anfi, una empresa cuyos intereses se debatieron en esa comisión parlamentaria.
José Manuel Rivero también declaró en una rueda de prensa en las puertas del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que considera que Soria no ha demostrado que pagara los viajes en el jet privado del empresario Bjorn Lyng, ya fallecido, a Salzburgo y Noruega poco antes de la aprobación del proyecto de Anfi Tauro. “Hay todo un desarrollo desde que se solicita a la COTMAC la aprobación del proyecto en el marco de la Ley de Moratoria turística. Primero, el viaje de Soria siendo presidente del Cabildo de Gran Canaria, luego el contrato que vincula al diputado regional Fernández con el grupo Anfi perteneciendo a la COTMAC y después su voto a favor en la Comisión con el informe favorable del Cabildo de Gran Canaria”.
La querella pide que declaren como testigos el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel, los diputados de en la anterior legislatura Jorge Rodríguez (PP), Santiago Pérez (PSOE), Teresa Morales (PSOE) y el empresario Santiago Santana Cazorla .
