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RTVC estará obligada a emitir al menos un debate electoral entre los candidatos a la Presidencia

Plató de los Servicios Informativos de la Televisión Canaria

Salvador Lachica

Santa Cruz de Tenerife —

La Radiotelevisión Canaria (RTVC) estará obligada a emitir al menos un debate electoral entre los candidatos a la Presidencia del Gobierno regional, tal y como ha propuesto el Grupo Socialista y han aceptado por unanimidad este miércoles el resto de los ponentes que están creando el mandato-marco por el que se regirá el ente en los próximos seis años.

El número de los participantes queda en manos de lo que decida la Junta Electoral (solo aquellos con representación parlamentaria o, como sucedió en los pasados comicios, la posibilidad de dar cabida a partidos emergentes, como Ciudadanos), pero las normas que rigen el funcionamiento del ente, que con toda probabilidad se aprobarán en el último pleno de la Cámara previsto para marzo, deja claro que habrá debate electoral en la cadena pública, sin posibilidad de que el mismo quede al albur de decisiones técnicas o de otra índole.

Función de servicio público

El mandato-marco, que es donde “se concretaran los objetivos generales de la función de servicio público que tiene encomendados” fue incluido en el artículo 4 de la nueva Ley de la RTVC que aprobaron socialistas y nacionalistas al final de la pasada legislatura. Este documento, que tiene “una vigencia de seis años”, podrá ser prorrogado por un máximo de tres años más.

Asimismo, los objetivos aprobados en el mandato marco “serán desarrollados cada tres años a través del instrumento jurídico oportuno en los términos acordados entre el Gobierno de Canarias y el ente público RTVC”, aunque en este momento los ponentes que están debatiendo el mismo lo han incluido en el mandato-marco, tal y como lo han formulado socialistas y nacionalistas, que han presentado, por separado, los borradores de propuesta que están sirviendo de base para el debate.

Los grupos parlamentarios quieren volver a reunirse la próxima semana para acelerar la aprobación del mandato-marco, ya que lleva casi dos años de retraso sobre el plazo previsto por la legislación.

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