La mayoría de socios critican la “laxitud” del Gobierno ante el aviso del CNI en Ceuta pero evitan alinearse con el PP

La desclasificación de 40 documentos relativos a la gestión de la crisis migratoria de Ceuta ha cargado de razones a los socios parlamentarios del Gobierno para elevar la contundencia de sus críticas. Formaciones como ERC, Junts o el PNV, que llevan semanas siendo muy duras con el Ejecutivo por su actuación durante la entrada masiva del 30 de julio y en las semanas posteriores, denunciaron este jueves la escasa diligencia con la que consideran que se trató el aviso del CNI sobre una convocatoria en redes de un eventual intento de acceso irregular a través de la frontera.

Estos partidos, no obstante, han evitado cuidadosamente asumir las tesis del PP, que apenas unos minutos después de la desclasificación afirmó que los documentos demuestran que el Gobierno “tenía la información” de que se iba a producir una “invasión” de enormes proporciones e hizo “una dejación de funciones manifiesta y dolosa”. Pese a sus críticas, PNV, ERC o Junts rechazaron alinearse con estas posiciones y admitieron que la información que manejaba el Ejecutivo no era concreta ni podía extraerse de ella que en la entrada masiva fueran a participar más de 70.000 personas, como finalmente terminó ocurriendo.

Estos socios se mostraron muy duros a lo largo del jueves no solo con la gestión del Gobierno durante los días 30 y 31 de julio, sino también las semanas posteriores, tanto a nivel migratorio como comunicativo. Varios de ellos, de hecho, pidieron dimisiones durante el debate en el Congreso de una proposición no de ley del PP relativa a la crisis de Ceuta. Fue el caso del diputado de ERC Francesc-Marc Álvaro, que espetó al Ejecutivo que “la gestión ha sido mala y la narrativa posterior ha sido peor” y calificó de “incomprensible” que ningún miembro del Consejo de Ministros haya cesado en su cargo.

“No han estado ustedes al nivel”, declaró Álvaro, que tachó de “inenarrables” las explicaciones ofrecidas por el delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez, que asegura que no conoció las conversaciones que mantuvo el CNI con un cargo de su departamento para informar el 29 de julio de que en redes sociales se estaba promoviendo una convocatoria para entrar a la localidad española coincidiendo con la Fiesta del Trono. “En el Reino Unido, en Francia o en Alemania este señor supongo que habría dimitido”, aventuró el diputado de ERC, que sostuvo que es un “escándalo” que Pérez continúe siendo el máximo representante del Ejecutivo central en la ciudad autónoma. “Es incomprensible que su actitud sea tan arrogante en este asunto: será fatal para ustedes”, vaticinó.

“Tenemos que censurar al Gobierno y al presidente Sánchez por la falta de tensión” y la “laxitud” a la hora de atender “las alertas emitidas por los servicios públicos de información y seguridad”, denunció por su parte el diputado del PNV Mikel Legarda, que criticó que el Ejecutivo siga “diciendo que todo se hizo razonablemente bien cuando, según nos parece a nosotros, todo se hizo razonablemente mal”. Legarda, además, reprochó a la Moncloa su “timorata consideración con Marruecos” y su decisión de “externalizar en demasía la protección de la frontera en un socio que, aun siendo inevitable, resulta cuando menos brumosamente confiable”.

Quien utilizó palabras más contundentes para expresar su descontento con la gestión del Gobierno fue el diputado de Junts Isidre Gavín, que acusó al Ejecutivo de haberse mostrado “incapaz de anticiparse a los hechos a pesar de los avisos y las alertas” que recibió. “Ha habido una competencia terrible entre Interior y Defensa” para no asumir “la responsabilidad de por qué ninguno había hecho nada”, espetó Gavín, que aseguró que los documentos desclasificados el miércoles revelan que “probablemente no existía un informe formal de inteligencia, pero sí que había avisos, alertas e información suficientes como para tomar decisiones”.

“El presidente del Gobierno se fue de vacaciones” y “hasta el final de agosto” el Ejecutivo “no se tomó en serio la dimensión de la crisis y no comenzó a actuar”, denunció igualmente el diputado de Junts, que calificó su gestión como la de un gabinete “totalmente sobrepasado”. “Han infravalorado las amenazas híbridas para la seguridad, no establecieron capacidades disuasorias para evitar que esto pudiera pasar, han fracasado totalmente en el enfoque de la relación con Marruecos y son los únicos que están defendiendo que Marruecos no tuvo ningún papel” en la crisis de Ceuta, enumeró Gavín, que además acusó al Gobierno de haber llevado a cabo “una política de comunicación errada, llena de falsedades y mentiras marca de la casa”.

EH Bildu respalda al Gobierno sobre el aviso del CNI

De entre los socios habituales del Ejecutivo, los únicos que no criticaron abiertamente durante el debate parlamentario la actuación del Ejecutivo tras la desclasificación de los documentos fueron Podemos y EH Bildu, aunque por motivos bien distintos. Los morados prefirieron intentar cambiar el foco y cargaron contra las propuestas del PP y Vox en relación a la crisis de Ceuta, una apuesta que definieron como la del “miedo, excepcionalidad, militarización y racismo”. Y la secretaria general morada, Ione Belarra, sostuvo en los pasillos del Congreso que le preocupa estar “en medio de una peleíta permanente interna dentro del Gobierno entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa” que “no sirve para aclarar nada de lo que pasó y no le permite a la gente entender lo que está sucediendo”.

“Cuando sigues los intereses políticos, es evidente que el único interesado en que ocurriera lo que ocurrió en Ceuta, en términos geopolíticos y económicos, es Marruecos”, argumentó Belarra, que insistió, como lleva haciendo semanas, en que el Ejecutivo está “plegado” al reino alauí. “Les pido que le quitemos el control de la frontera a Marruecos, es necesario abrir vías legales para migrar porque eso va a permitir quitarle la capacidad de control migratorio y respetar los derechos humanos”, planteó.

EH Bildu, por el contrario, sí se refirió expresamente a la desclasificación de documentos, pero lo hizo para defender, en contra del criterio del resto de sus aliados, que el Gobierno “hizo lo que pudo” con la información de la que disponía el 30 de julio. La portavoz independentista vasca en el Congreso, Mertxe Aizpurua, dejó claro que, a su juicio, el Ejecutivo “ha fallado en bastantes cuestiones” en la gestión de la crisis de Ceuta, pero también respaldó a Moncloa al asegurar que “una comunicación como un WhatsApp a una persona que no es un cargo de primera línea del Gobierno difícilmente se puede interpretar como un aviso oficial con todas las garantías”.