Una sentencia deja a la patrimonial de Grupo Europa sin terrenos en La Lajita
La Audiencia de Las Palmas ratificó en diciembre pasado una sentencia de un juzgado de Puerto del Rosario de 2005, en la cual el propietario de Grupo Europa, José Manuel Antón Marín, fue condenado a pagar 1,7 millones de euros más intereses y costas, al socio majorero que en noviembre le interpuso una querella criminal por alzamiento de bienes y delito societario en Pájara, Agustín Trujillo.
La sentencia firme de la Audiencia Provincial deja a la matriz patrimonial de Gestión de Cooperativas Europa SAU, Gardenkit SL, a expensas de que la ejecución del fallo acabe con todo su patrimonio acumulado principalmente en la localidad majorera de La Lajita (Pájara), en cuyo Plan Parcial contaba con 22 parcelas reclamadas por Trujillo Ojeda y era el socio mayoritario y presidente de su Junta de Compensación, hasta su reciente sustitución por Agustín Trujillo.
La medida afectará de lleno al concurso de GC Europa SAU, ya que los acreedores de Antón Marín, imputado por cohecho y falsificación documental en Telde y Mogán, pretenden en el proceso concursal “levantar el velo” y demostrar que la filial de Grupo Europa en Canarias no tiene patrimonio y es Gardenkit la empresa de referencia a la que se transmiten desde hace años esos activos y propiedades.
Figura en la denuncia original del exgerente de Grupo Europa, que ha llevado a imputar de momento a una veintena de personas, entre ellas el ex portavoz del PP en el Parlamento de Canarias, Jorge Rodríguez, y el alcalde popular de Mogán, Francisco González, que Antón Marín entró en la mercantil Fábrica de Viviendas Majoreras (Favimar), propiedad en su momento de Agustín Trujillo Ojeda y su socio Gabriel Nicolau Currull, a través del por entonces director de riesgos de La Caja de Canarias, Juan Antonio Rodríguez, ante la situación de bloqueo y quiebra de la promotora majorera.
Antón Marín tomó el control mayoritario de Favimar por la compra de la participación de Nicolau Currull, y acto seguido entró en conflicto con Agustín Ojeda Trujillo- en el que ha intentado intermediar sin éxito desde hace años el concejal socialista de Pájara, Blas Acosta- ante la evidencia de que el propietario de Grupo Europa transmitió los bienes y el patrimonio de Favimar a su mercantil Gardenkit SL.
Este procedimiento llevado a cabo por Antón Marín es precisamente el que Trujillo Ojeda ha denunciado en la querella criminal presentada en noviembre, en la que pidió al juez prisión provisional para el dueño de Grupo Europa por riesgo de fuga debido a los casos Faycán y Góndola.
Con la sentencia firme de la Audiencia, de 7 de diciembre, que desestima el recurso de Antón Marín al fallo de 24 de enero de 2005 del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Puerto del Rosario, en el que se condenaba a Favimar a pagar a la entidad Trujillos y Ojedas SL 1.719.345,27 euros más intereses y costas por el impage de un pagaré por esa cantidad, la situación de la patrimonial de Grupo Europa queda en un callejón sin salida.
De solicitarse la ejecución de sentencia, Antón Marín se verá obligado a abonar la cantidad que por el paso de los años puede superar ya los 2,5 millones de euros, o se procede a la ejecución de un embargo, a través de una subasta de la veintena de parcelas de La Lajita transmitidas de Favimar a Gardenkit, para poder atender a la ejecución de la sentencia.
Respecto a la querella presentada en septiembre, por apropiación indebida y cuyo juicio se celebró en noviembre, el juez de instrucción número 4 de Las Palmas de Gran Canaria la admitió a trámite y acordó la anotación de todas las parcelas de Gardenkit en litigio para que no pueda disponer de ellas, a mediados de diciembre de 2007.
En febrero de 2004, Trujillos y Ojedas, SL embargó las parcelas de Favimar que posteriormente se autovendieron en 2005 a Gardenkit, motivo por el que Trujillo planteó la querella de noviembre, por el impago del pagaré de Favimar que no fue atendido. El embargo que se anotó en las parcelas ascendía a más de 2.300.000 euros, cuando en 2004 se tomaron medidas cautelares que ahora quedan ratificadas por la Audiencia Provincial.
