El sistema Atlante II ''paraliza'' la administración
Intersindical Canaria (IC) ha rechazado la puesta en marcha del nuevo programa informático para la Consejería de Justicia del Gobierno de Canarias, denominado Atlante II, al considerar que es un “dispendio” y que “paraliza” la administración.
En un comunicado, el sindicato ha lamentado que, “lejos de haberse alcanzado soluciones a las graves deficiencias ancestrales que vienen padeciéndose desde su implantación en la nueva versión del sistema informático de gestión procesal de la Administración de Justicia, el operativo que la Administración Autonómica quiere vender como el invento del siglo, ya no sólo ralentiza, sino que tiene totalmente paralizada a la Administración de Justicia en Canarias”.
La organización sindical insiste en que, “la ocurrencia de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno de Canarias ha sido remitir cartas insulsas al colectivo de funcionarios, que en un tono más próximo al lenguaje de una solicitud de caridad eclesiástica que al que debe exigírsele en asuntos como éste a unos gestores públicos que tienen unas obligaciones y una responsabilidades cuyo destinatario es la ciudadanía canaria, vienen a recomendarles a los funcionarios poco menos que trabajen a mano para que cuando ellos den con la solución del problema, lo pasen al sistema informático de gestión”. Es decir, añade IC, “que seamos una vez más los que saquemos las castañas del fuego frente a un problema insostenible de cuyo desastre no tenemos ninguna culpa”.
De manera que, a juicio del sindicato, “a la par de que es legalmente cuestionable que puedan obligar a los funcionarios a trabajar dos veces sobre el mismo tema, resulta curioso que cuando una vez más los gestores políticos se encuentran con el agua al cuello, se acuerden de los trabajadores para que corramos al rescate de los que han querido ahogarse solos”.
En esta línea, IC recuerda que “en la gestación de 'Atlante II' han participado todos menos los representantes del colectivo funcionarial, que son los principales usuarios del mismo, realidad que viene a reincidir y a demostrar de nuevo que en la Administración de Justicia en Canarias se vive un auténtico sistema de castas”.
En esta tesitura, y “ante este nuevo atropello, que por desgracia ya se eleva a la categoría de costumbre”, Intersindical Canaria se plantea llevar a cabo movilizaciones y acciones legales que “permitan trasladar a la opinión pública y a la ciudadanía afectada nuestra preocupación por esta lamentable situación que en primera y última instancia sólo tiene como víctimas a la ciudadanía de nuestra tierra, ya bastante vilipendiada por la ineptitud y la soberbia de quienes dicen gobernarnos y que demuestran que en tiempos de crisis parece no importar invertir 1,3 millones al año en un sistema informático inoperante y de cuya implantación participa también la omnipresente empresa privada”.
