El testigo solicitado por Camero declaró en el Juzgado que él advirtió que había que informar de las licencias
El Ayuntamiento de Yaiza solicitó en el año 1998 un dictamen al abogado y profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de La Laguna, Antonio Domínguez Vila, sobre la posibilidad de conceder o no licencias para hoteles tras la suspensión cautelar de licencias ordenada por el Cabildo ese año. Yaiza siguió otorgando licencias, que después fueron anuladas por los tribunales, y ahora, trece años después, dentro del procedimiento que se sigue en el Juzgado 2 de Arrecife por la causa de los hoteles ilegales, se intenta determinar quién daba las órdenes para que se concedieran esas licencias y en base a qué criterio.
La tesis de la Fiscalía apunta al ex secretario de Arrecife, Felipe Fernández Camero, que es abogado del Ayuntamiento de Yaiza en los procesos de los hoteles y contra la Moratoria, y se intenta determinar si también era su asesor. Camero y su hija, además, son abogados de una gran cantidad de promotores afectados por la anulación de esas licencias.
Fernández Camero está imputado dentro de esta causa y el pasado mes de febrero solicitó la declaración de Domínguez Vila como testigo, que en su dictamen advertía al Ayuntamiento de la obligación de comunicar las licencias al Cabildo para que éste comprobara si se ajustaban al Plan Insular de Ordenación. Sin embargo, el dictamen también señalaba que “si bien no sería posible en estricta legalidad el otorgamiento de nuevas licencias” por la suspensión acordada por el Cabildo, “si desde un punto de vista político se desea tensar el problema podría seguirse otorgando licencias”.
Con la declaración de este testigo y la exposición de su dictamen, la defensa de Camero intenta demostrar que no fue el ex secretario de Arrecife quien ideó y aconsejó seguir una estrategia común para conceder las licencias, aún sabiendo de su ilegalidad, y para burlar el control del Cabildo. La declaración del testigo, en todo caso, deja muchas lagunas alrededor de la elaboración del dictamen y no despeja casi nada.
Encargo por teléfono
El encargo del trabajo no tiene procedimiento administrativo. El dictamen se lo encargó por teléfono, según la declaración del testigo, el secretario municipal (también imputado en la causa), Vicente Bartolomé Fuentes. El profesor universitario asegura que envió entonces el informe firmado, pero no consta ningún documento escrito solicitando el trabajo, tampoco que se haya pagado y no hay registro de entrada en el Ayuntamiento de dicho dictamen.
Por otra parte, Domínguez Vila tampoco aparece en el listado de letrados que han prestado servicios al Ayuntamiento a pesar de que llevó un pleito sobre este asunto. Además, en el año 2007 el secretario volvió a pedir a Domínguez Vila que enviara el dictamen, aun cuando se supone que ya estaba en poder del Ayuntamiento y a pesar de que su contenido ya no tenía interés para el Consistorio, puesto que se circunscribía al periodo de anulación de licencias.
Domínguez Vila, que dijo estar sorprendido de que se le propusiera como testigo, aseguró en el Juzgado que no conoce a Fernández Camero. Durante su declaración se le preguntó cómo es posible, si no conoce al abogado, que Fernández Camero aportara a la causa, en primer lugar, el informe sin firmar y posteriormente el informe firmado. Domínguez Vila dijo que no lo puede saber.
El secretario Vicente Bartolomé Fuentes llegó a declarar en el Juzgado en este procedimiento que no se notificaron las licencias al Cabildo porque así lo indicaba el informe de Domínguez Vila. El profesor, por su parte, defendió que en el informe se advertía “claramente” que había que comunicar las licencias otorgadas al Cabildo.
