''No hay solución jurídica'' para legalizar los hoteles

Un dictamen encargado por la Fundación César Manrique (FCM) para evaluar la vía elegida por el Cabildo de Lanzarote para intentar dar una cobertura jurídica a los 27 hoteles ilegales de Playa Blanca y Costa Teguise, considera que “a la luz de la ordenación aplicable al caso, sencillamente no hay solución para proceder a la normalización de los establecimientos turísticos”. El dictamen califica la situación de la ordenación territorial de Lanzarote como “muy intrincada” y dice que hay un “panorama jurídico incierto” pero que las actuaciones ejecutadas (los hoteles) son “sencillamente ilegalizables; porque si no, en otro caso, no se entienden las propias idas y vueltas que ha dado el asunto”.

La FCM ha hecho públicas las conclusiones de ese dictamen encargado al catedrático de Derecho administrativo de la Universidad Complutense de Madrid, Tomás Ramón Fernández, sobre la vía de legalización para estos hoteles prevista por el Cabildo y que se basa, a su vez, en un informe del catedrático Luciano Parejo, que proponía suspender provisionalmente las normas vigentes en la Isla sobre esos hoteles para dotarse de otras normas, tramitadas bajo el amparo jurídico del artículo 47 del Texto Refundido de la Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y Espacios Naturales de Canarias (TRLOTENC). La FCM considera que esa solución es “arriesgada y abiertamente controvertida”.

Hay que recordar que la FCM se personó en la mayoría de los pleitos iniciados por el Cabildo de Lanzarote contra licencias otorgadas por los ayuntamientos de Yaiza y Teguise. El Cabildo ganó todos los pleitos pero no pidió la ejecución de las sentencias, cosa que sí ha hecho la FCM. El Cabildo, primero con PSOE y PIL en el gobierno, intentó aprobar una iniciativa legislativa para legalizarlos; y después, con CC, PP, PIL y PNL, está promoviendo una salida a través de la suspensión de las normas vigentes. Ambas soluciones debían pasar por el visto bueno de los tribunales y contemplan compensaciones de los hoteleros por la legalización, si bien aún no se han fijado.

El dictamen de la FCM dice, también, que la vía del artículo 47 es una vía excepcional y que el recurso a ese mecanismo “ha sido excesivo y es dudoso que ese artículo proporcione cobertura legal suficiente”. Considera que la solución del Cabildo “pone en cuestión todas las piezas que componen los mecanismos de defensa del modelo territorial” y que “no cabe aceptar el supuesto desmantelamiento del modelo territorial vigente en Canarias en la Isla de Lanzarote”

Sobre la validez del Plan Insular de Ordenación, señala el dictamen que “la pretendida falta de vigencia resulta de entrada discutible incluso en lo que concierne a la programación turística inicialmente prevista a lo largo de tres cuatrienios hasta 2000, toda vez que se fija expresamente que para después de 2000 no cabe superar el ritmo del último cuatrienio” y que “la protección del territorio está asegurada en Lanzarote desde la perspectiva autonómica o regional por mor de la vigencia de la moratoria turística”.

En lo que concierne al informe de compatibilidad, que el informe de Parejo considera que no debía ser necesario, se defiende en este otro dictamen su validez en tanto en cuanto los municipios no tengan planeamiento propio o no estén adaptados al Plan Insular y se desecha que, sobre esa base, sea incompatible con el principio de autonomía local. También se defienden los informes de compatibilidad del Cabildo, necesarios para dar licencias, así como las autorizaciones turísticas previas, que deben obtenerse con carácter previo a la licencia de edificación o apertura.

Plan parcial

En el informe del profesor Parejo se incluía el anulado plan parcial Playa Blanca como un caso más agregado al resto de licencias turísticas anuladas, aun tratándose de un suelo residencial no turístico. El dictamen encargado por la FCM sostiene que este caso “no guarda relación con este asunto” y que “no sirven a tales efectos las fórmulas puestas a debate a propósito de los establecimientos alojativos turísticos, cuyas vías de solución no cabe extrapolar”.

Por último, el dictamen advierte sobre los riesgos de desviación de poder y las consecuencias que se derivarían de la utilización de la vía planteada por el Cabildo con el propósito de eludir el cumplimiento de las sentencias judiciales ya que podría llegarse al supuesto de nulidad de pleno derecho “que podría frustrar definitivamente la pretensión de aplicar el artículo 47 con vistas a enervar situaciones pasadas que ya han sido objeto de los correspondientes pronunciamientos judiciales”.

Cultura territorial

La FCM señala, en una nota de prensa, que es necesario “reivindicar y reafirmar la cultura territorial propia de Lanzarote, basada, desde la labor de César Manrique y el marco del Plan Insular de 1991 y su posterior revisión, en el establecimiento de límites y capacidades de carga así como en ordenaciones y regulaciones pioneras, fundamentadas en una concepción integral del territorio insular”. La institución considera la opción, tas la crisis, de “trabajar sin un crecimiento de nuevas plazas turísticas a medio plazo e, incluso, reduciendo paulatinamente el parque alojativo actual para hacerlo más eficiente y recuperar la excelencia que tuvo en otros tiempos la isla como destino, condición indispensable para salvaguardar la economía turística hacia el futuro.

Asegura que el conflicto de los hoteles ilegales “no puede afrontarse de cualquier manera, restándole legitimidad al Plan Insular y al Estado de Derecho, que no puede ser puesto en entredicho para reforzar y consolidar los hechos consumados” y señala que es importante “desechar de raíz la impunidad y acentuar el sentido disuasorio frente al incumplimiento de la ley para que la solución que finalmente se dé al conflicto tenga una lectura positiva, ejemplarizante, de futuro, y subraye el interés general estratégico insular compensando siempre adecuada y proporcionadamente en aquellos casos en que sea posible”.

Problema de fondo

“La preocupación central de la FCM -dice la nota- no la constituyen los aspectos formales, la vía jurídica por la que se opte para ejecutar las sentencias firmes ya dictadas, sino, en todo caso, el contenido de fondo, o sea, el resarcimiento ponderado a la sociedad por haberse infringido la ley, de modo que constituya una recta y justa ejecución de la sentencia si así lo estiman los tribunales, y nos aleje de la impunidad”. La FCM anuncia que encargará a un equipo de expertos un informe sobre el fondo del conflicto.

Finalmente, defiende la labor de “responsables, funcionarios y equipos técnicos y jurídicos que, respondiendo a mandatos democráticos institucionales y conectando con la sensibilidad social histórica de la isla, han trabajado en esa dirección” y rechaza “las estrategias empleadas para deslegitimar y poner en cuestión el trabajo y todo ello con el propósito de argumentar un supuesto estado de excepción urbanístico insular que justificaría los comportamientos de los infractores y, ahora, el empleo de medidas excepcionales para buscarle una salida tanto a los infractores como a los ayuntamientos que han ocasionado el problema”.