Soria causa las mayores indemnizaciones
Corría el verano del año 2009. Ya había estallado la crisis pero no con la voraz virulencia que se vive cuatro años después. Ese estío, el presidente del Gobierno, Paulino Rivero, decidió dejar de confiar en su vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda, José Manuel Soria.
Y lo hizo porque empezó a considerar seriamente plausibles los argumentos del entonces único partido en la oposición, el PSC, sobre la apatía del ahora ministro de Industria en todo lo relacionado con la defensa del interés general en el llamado 'caso Tebeto': la indemnización más alta a la que se ha enfrentado la administración pública canaria, por valor de más de 101 millones de euros.
Una deuda que aumentaba a razón de 24.548 euros diarios, 736.466 euros mensuales y cerca de nueve millones cada año. Un quebranto para las arcas autonómicas veinte veces mayor que el de Venyera.
Pero el protagonista de ambos es el mismo: el líder del Partido Popular (PP) en Canarias, cuando tenía las llaves de la caja autonómica.
Pero fue ese mes de agosto de 2009 cuando Rivero, aprovechando el paréntesis vacacional social y político, se dio cuenta de la gravedad del 'caso Tebeto' y decidió seguir el camino marcado por el PSC y abandonar la senda de Soria.
Rivero ordenó la realización de los sondeos en las montañas de Tebeto, cuyo resultado fue que no existía ningún recurso minero y, por tanto, el empresario Rafael Bittini y su tasación, en la que se basaba la indemnización reconocida por los tribunales, no tenía razón de ser por más que insistiera el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).
Esos sondeos, que incomprensiblemente nadie había hecho en casi 16 años, fueron claves para que el Tribunal Supremo exculpara en 2010 al Gobierno de Canarias de desembolsar lo que la entonces diputada Francisca Luengo calificó como “gran estafa a los canarios”.
Una sentencia que desmontaba otro de los argumentos con el que tanto Soria como el PP canario, arrastrando a todo el Ejecutivo regional, usaron para librarse de culpa.
Un caso económico y familiar
El Supremo dejaba claro que el daño a la Comunidad Autónoma no se produjo en 1993 cuando gobernaba el PSOE y el presidente del Ejecutivo era Jerónimo Saavedra, , sino en 2004 cuando el entonces consejero de Industria, Luis Soria (hermano del líder conservador ahora ministro), otorgó la licencia de explotación al empresario.
Pero había más: la propia Luengo se encargó en 2008 de desvelar en un pleno del Parlamento que Tebeto era un caso “económico y familiar”, porque en él estaban presentes no solo los hermanos Soria, sino la procuradora de la empresa reclamante, María del Carmen Benítez López, esposa del ahora ministro de Industria, y Antonio López Pérez, un tío de éste y autor del informe pericial presentado por la empresa y en el que se basaba la sentencia indemnizatoria que el Supremo rechazó a la vista de las tasaciones ordenadas por Rivero ocho meses después de estas revelaciones.
Con el aval perdido a Vanyera3, que supone 5,3 millones de euros, no ha habido tanta suerte. Es 20 veces menor que el dinero que se podía haber desembolsado en Tebeto, pero la crisis es ahora mucho más grave que hace tres años.
Sin embargo, en ambos casos, el líder del PP ha sido el actor principal y su estrategia para defenderse la misma. En Tebeto, la culpa la tenía un Gobierno socialista “del siglo pasado” gobernado por Saavedra y, ahora, todo un Parlamento de Canarias (con él incluído, por cierto), al autorizar avales a empresas de cualquier tamaño cuya actividad sea la prestación de servicios de comedores colectivos y provisión de comidas preparadas.
Blanco y en botella.
