La televisión y la radio públicas ocultan sus datos a la Consejería de Economía y Hacienda
Sólo dos de las veinte empresas que forman el sector público empresarial de la Comunidad Autónoma se negaron a colaborar con la Intervención General de la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno en el informe de coyuntura laboral concluido el pasado mes de mayo: la Televisión Pública de Canarias (TVPC) y la Radio Pública de Canarias (RPC), según se pone de manifiesto en varios pasajes de ese estudio.
“Se dirigieron diversos escritos a esas entidades, y dado que a fecha del informe no han contestado a nuestras reiteradas solicitudes de información, no hemos podido realizar las comprobaciones que afectan al análisis de las altas y bajas, al análisis de las categorías laborales y los conceptos retributivos de las mismas”, se recoge en la página siete del informe elaborado por los técnicos de la Consejería de Economía y Hacienda.
Por ese motivo, los redactores del documento, que tiene Soria en su poder desde el pasado 28 de mayo, se dirigieron al consejo de administración del ente público Radiotelevisión Canaria “con el fin de que determine las responsabilidades oportunas”, al tiempo que “fue informada de este hecho la Audiencia de Cuentas de Canarias”.
También se ha dirigido “informe de actuación al consejero de Empleo, Industria y Comercio [Jorge Rodríguez], titular de la consejería a la que se encuentra adscrito el ente Radiotelevisión Pública de Canarias.
Pero en sus conclusiones, los redactores de este informe, encargado por el Gobierno en cumplimiento de la Ley de Presupuestos de 2010, van más allá al recomendar que “se depuren las responsabilidades de la omisión del deber de colaboración” en el que han incurrido las empresas TVPC y RPC.
La Ley de Hacienda Pública de Canarias establece en su artículo 127 que “las autoridades (...) y el personal que ejerza funciones públicas o desarrolle su trabajo en cualquiera de las entidades integrantes del sector público deberán prestar a los funcionarios encargados del control el apoyo, concurso, auxilio y colaboración que les sean precisos, facilitando la documentación e información necesaria para dicho control”. Y añade que esa obligación es extensiva a “toda persona natural o jurídica, pública o privada” a la que se requiera esa información para “las actuaciones de control” que ejecute la Intervención General de la Comunidad Autónoma, como es el caso.
