El TS desmonta la tesis de SCTF sobre Emmasa
La Sección Cuarta de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo (TS) ha aclarado que el acuerdo adoptado en el año 2005 por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife que modifica el modo de gestión del servicio municipal de aguas de público a privado quedó efectivamente anulado en 2009 tras la sentencia emitida por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).
El Supremo, en un resumen del fallo emitido hace algunas fechas, apunta que la anulación de la decisión del Ayuntamiento tiene su origen en que se “omitió el trámite esencial consistente en la exposición pública de la memoria” en la que se recogían los datos para sustentar que la empresa dejara de ser de propiedad municipal. Además, el TS reitera que ha detectado “falta de justificación de que la decisión del TSJC sea gravemente dañosa para el interés general”, tal y como defendió sin éxito el Ayuntamiento ante el Supremo.
De esta manera, se desmonta la tesis de los Servicios Jurídicos de Santa Cruz, que en 2011 dictaminaron que la sentencia se podía cumplir simplemente con sacar a información pública la memoria que justificaba la privatización de esta prestación. De hecho, el TSJC primero y el Supremo ahora han indicado que el no haber expuesto al público este documento supuso obviar un trámite “esencial” dentro de este tipo de procedimientos y por ello se anuló el pleno posterior en el que se aprobó sacar a concurso el servicio. A partir de aquí quedaría sin efecto también la adjudicación decidida a finales de 2005 por espacio de 25 años a la empresa Sacyr-Vallehermoso.
En 2010, antes de dejar la alcaldía, Miguel Zerolo decidió exponer por el plazo de un mes la memoria en la que se recogían los datos de Emmasa referidos al año 2005, las razones por las que se debía privatizar el servicio y el fin que se iba a otorgar a los 55 millones de euros que se consiguieron a través de este concurso. Sin embargo, desde un principio el abogado y entonces concejal de Ciudadanos de Santa Cruz, Ángel Isidro Guimerá, anunció que consideraba que este paso era un fraude ya que el procedimiento había quedado anulado en su totalidad. Por ello, el abogado indicaba que debía procederse a la convocatoria de un nuevo concurso.
Guillermo Guigou, concejal de esta formación política, ya ha anunciado que preguntará en la Comisión de Control que se celebra este jueves qué piensa hacer el Gobierno municipal con respecto a la sentencia del Tribunal Supremo. El encargado de dar respuesta a esta pregunta es el primer teniente de alcalde, responsable de los servicios jurídicos y consejero de Emmasa, el socialista José Ángel Martín Bethencourt. Hace algunas fechas Guigou dio de plazo una semana para que el alcalde del Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, convocara un pleno antes de pedir la ejecución de la sentencia. En la carta al alcalde, Guigou propone como único punto del orden del día un debate sobre si Emmasa debe seguir siendo privada o no. El grupo municipal popular, con nueve concejales, ya ha anunciado que se une a esta petición con lo cual el pleno deberá ser convocado en el plazo que estipula la ley.
Ciudadanos apuesta por que el Ayuntamiento recupere el control de la Empresa de Aguas con un 51% y sacar a concurso el 49% restante “con el deseo de que una empresa canaria sea la concesionaria de ese porcentaje y, si fuese necesario, se haga cargo de lo que pudiera quedar pendiente con Sacyr”. Guimerá considera que “existen motivos jurídicos para resolver el contrato porque Sacyr no ha cumplido el pliego de condiciones entre los que figuran la aportación de 45 millones de euros que no ha efectuado y, además, parecer ser que ha hecho subcontrataciones cuando esto es ilegal”.
Por estas razones, Ciudadanos considera que el Ayuntamiento “no solo no tendrá que indemnizar a Sacyr sino que obtendrá unos beneficios que se pueden destinar a servicios sociales”, agrega Guigou. Tras la sentencia del TSJC que anuló el acuerdo plenario, el Ayuntamiento intentó subsanar este fallo en 2010, pero, pese a que se presentaron alegaciones en ese momento, “nunca se celebró el pleno para debatirlas y que se pronunciasen las fuerzas políticas”, indica el concejal.
