El TSJC vuelve a anular la adjudicación de TDT en Santa Cruz
La sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha declarado nulo el decreto mediante el cual se adjudicaban los canales digitales múltiples de Santa Cruz de Tenerife y La Orotava, al estimar el recurso interpuesto en su momento por Canal Ocho.
El TSJC se apoya en la primera sentencia que anulaba ya la resolución del concurso para las demarcaciones de Santa Cruz de Tenerife y en insular de Tenerife, basándose precisamente en que cuanto se resuelve en el concurso de las TDT “es consecuencia directa e inmediata de la intervención de Doxa Consulting ?que la sentencia proscribe- en el concurso litigioso; en concreto, en la valoración de las ofertas por parte de la Mesa” cuyas decisiones se basan “en un informe que no proporciona las garantías suficientes de objetividad”.
Tras analizar la sentencia, para Canal Ocho no cabe la menor duda de que las sentencias que aún hay pendientes “irán en el mismo sentido: anular el decreto de adjudicación basado en los informes de Doxa Consulting porque dichos informes no proporcionan las garantías suficientes de objetividad conforme al ART. 9.3 de la Constitución”.
La televisión afectada asegura que “el propio TSJC habla de la discrecionalidad de la Administración en un contexto que interpretamos como una crítica hacia la Mesa de Contratación que, pese a las irregularidades detectadas en las distintas propuestas, no tomó las medidas oportunas”.
A pesar de la sentencia favorable, los representantes de las operadoras y empresas audiovisuales consultados no creen que, como cabría esperarse, vaya a haber muchos cambios.
De hecho, “parece que el Gobierno regional confía en el Tribunal Supremo para, gracias a sus buenas relaciones con algún miembro de esa sala, salvar los muebles ante el panorama absolutamente desastroso de una industria audiovisual”.
La industria, según los responsables de Canal Ocho, está “sumida en un proceso de descomposición, uno de cuyos principales factores ha sido, sin duda, el desconcierto generado tras unas adjudicaciones que la primera sentencia del TSJC calificó de subjetivas y arbitrarias”.
La prueba de que la subjetividad y arbitrariedad con que se adjudicaron los canales “es tan obvia como la cantidad de canales públicos y privados en todo el Archipiélago que no emiten pese a tener adjudicada una concesión”. Esta cuestión preocupa “muy especialmente al presidente del Gobierno que recientemente, en una reunión informal con los directores de los medios de comunicación, hizo especial hincapié en la necesidad de apoyar a las empresas audiovisuales precisamente como parte de la diversificación que necesita la economía canaria”, aseguran en un comunicado.
Sin embargo, su petición se basa en los plazos para ese apoyo y en la concreción de las propuestas que pueda plantear el Ejecutivo regional al sector, porque “no hay un minuto que perder para un sector que afronta un triste proceso de descomposición, una de cuyas causas es precisamente el desconcierto generado tras las adjudicaciones de los canales de TDT”.
Canal Ocho insiste en que todas las sentencias van a llevar la misma dirección “y el paso que debe dar el Gobierno es coger el toro por los cuernos porque el sector empresarial no puede seguir esperando”. En una etapa económica como la actual, Canal Ocho pide al Gobierno que se ponga “ya manos a la obra, mientras esperamos que, por el bien de todos, el concurso de las emisoras de radio no se convierta en una nueva secuela de decisiones equivocadas”.
