El TSJC anula el Plan del Puerto de Arrecife
La Sala de lo Contencioso Adminitrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha anulado la aprobación definitiva del Plan Especial de Puerto de Arrecife (PEPA) adoptada por el acuerdo plenario del Ayuntamiento de Arrecife, de fecha 21 de julio de 2006, durante el mandato de María Isabel Déniz, con tránsfugas del PIL, PSOE y CC.
La sala ha estimado el recurso contencioso administrativo presentado por los concejales del grupo municipal Alternativa Ciudadana 25 de mayo, fundamentado en la carencia del preceptivo informe de evaluación estratégica ambiental requerido por la Directiva 2001 / 42 de la Unión Europea, sobre valoración de los efectos de determinados planes y programas urbanísticos en el Medio Ambiente.
De esta forma, el TSJC ha dado la razón a Alternativa Ciudadana, que daba a conocer este jueves la sentencia según la cual el PEPA no era “ajustado a derecho”. La falta del citado informe no era la única irregularidad denunciada desde este grupo municipal, y la aprobación inicial del plan se había producido justo un año antes, en julio de 2005.
Los miembros de Alternativa Ciudadana 25 de Mayo (AC-25M) Ginés Quintana, Andrés Barreto, Miguel Ángel Figueras y María Paz Cabrera recordaron este jueves que tanto su grupo como el PP votaron en contra del PEPA. “No se nos hizo caso y sin previo aviso, se aprobó provisionalmente por decreto de la Alcaldía el PEPA, sin estimar las alegaciones presentadas, que fueron muchas”, recordó el portavoz de AC Ginés Quintana.
El partido presentó en su día un recurso contencioso-administrativo impugnando la aprobación de dicho Plan, ya que entendía que no se dio respuesta a las múltiples alegaciones que se presentaron y que el PEPA requería de un estudio de impacto medioambiental, un paso que el Ayuntamiento se ahorró aprobando “deprisa y corriendo” la aprobación provisional del Plan Especial Puerto de Arrecife, recogen lod digitales Crónicas y Diario de Lanzarote.
“La causa de esta aprobación apresurada fue que la directiva europea 2001/4210 entraba en vigor al día siguiente, obligando a la realización de un estudio de imapcto medioambiental antes de empezar con el desarrollo de las obras”, indicaron los concejales de AC en la rueda de prensa de este jueves.
El contencioso de AC estuvo motivado porque los asamblearios consideraban que “las deficiencias en su tramitación no solo no se corrigieron sino que se incrementaron con lamodificación sustancial del proyecto y sin la posibilidad de presentar alegaciones”.
Ahora Alternativa Ciudadana exige al Ayuntamiento de Arrecife la ejecución de la sentencia y la paralización de las obras de ampliación del dique de Los Mármoles y del muelle de cruceros.
El Plan Especial, que planifica el espacio portuario de la capital, legitimaba su ampliación con rellenos entre el Charco de San Ginés y la dársena de Naos, así como la sustitución de la bocana de entrada al muelle por una conexión de agua o la infraestructura necesaria para la construcción de un muelle deportivo.
Por ello, debía contener una evaluación ambiental estratégica de las actuaciones que se iban a contemplar en la zona portuaria, algo a lo que obligaba una directiva europea que entró en vigor precisamente en el año 2006. El Ayuntamiento trató de eludirla pero ahora el Alto Tribunal ha destacado que no podía.
El Plan Especial del Puerto de Arrecife generó una enconada polémica en el pasado mandato entre el gobierno y la oposición, así como con agentes empresariales, que criticaban la falta de consenso. Desde la oposición al Plan se censuraban actuaciones como ciertos rellenos, la ampliación del muelle de contenedores hacia el Castillo de San José o un puente que dividiría la bahía de Naos.
El PEPA fue aprobado de forma inicial el 25 de julio de 2005, cuando ya había entrado en vigor la ley que exigía una evaluación ambiental estratégica de las actuaciones. Luego fue aprobado de forma provisional, por decreto de la entonces alcaldesa, el 6 de junio de 2006. Y el pleno de la Corporación municipal aprobó de forma definitiva el Plan el 21 de julio de 2006.
La 'argucia' legal estaba avalada por la Autoridad Portuaria de Las Palmas, que entendía que el Plan Especial podía eludir la exigencia de la evaluación ambiental integral bajo el argumento de que el documento se había empezado a tramitar antes del 21 de julio de 2004, que la ley fijaba como fecha ineludible para contemplar la declaración de impacto ambiental.
La Autoridad Portuaria, de hecho, conminó al Ayuntamiento capitalino a aprobar de forma definitiva el PEPA antes del 21 de julio de 2006 porque, de lo contrario, le sería de aplicación “la obligación” de efectuar “un proceso de evaluación ambiental cuya duración se estima en 15 meses”. Alertaba de que eso provocaría “la congelación de las inversiones”.
Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia ha anulado el Plan Especial al considerar que el primer acto “formal” del Plan Especial del Puerto de Arrecife fue su aprobación inicial, que se produjo en julio de 2005 y, por tanto, no podía escaparse de la evaluación ambiental.
