El TSJC salva los puestos de trabajo de los 210 funcionarios del Ayuntamiento de la capital grancanaria
El presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Francisco José Gómez Cáceres, contestó este martes a la nota aclaratoria interpuesta por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y Carlos Saavedra Brichis, comisario jefe de la Policía Local de la ciudad, esclareciendo que los puestos de los 210 funcionarios no corren peligro.
Concretamente, el auto remitido por la Sala aclara que “para evitar inútiles polémicas” recuerda que “no se está ante una nulidad de pleno derecho o radical, sino ante un acto o resolución que incurre en simple vulneración de aquellos preceptos legales señalados en la sentencia”, es decir, que los 210 funcionarios que aprobaron la Oferta Pública de Empleo (OPE) en el 2005, no están afectados por el fallo de la sentencia que anula las oposiciones por un defecto en los plazos y podrán convalidar su aprobado para seguir ejerciendo.
En la misma aclaración, el equipo judicial precisó que los jueces y tribunales no pueden variar las sentencias y autos definitivos o resoluciones que pronuncien después de firmarlas, pero sí rectificar cualquier error, suplir alguna omisión o aclarar algún concepto oscuro, como es el caso de esta sentencia.
La pesadumbre cayó la semana pasada sobre los 102 administrativos por promoción interna del Ayuntamiento capitalino, seis arquitectos técnicos y 102 policías locales y bomberos, cuando se hizo pública la sentencia del TSJC de que se anulaban las oposiciones de 2005, como respuesta a la interposición de un recurso por parte del comisario jefe de la Policía Local, Javier Henríquez, en enero de 2006, basada en un error en los plazos de convocatoria de la OPE de 2005.
Las oposiciones se realizaron en diciembre de 2005, once meses después de haberse convocado, por lo que no dio tiempo legal para gestionar los resultados antes del fin de ese año y precisamente por este error en la planificación se anulan ciertos aspectos de la OPE.
Saavedra transmite un mensaje de “tranquilidad”
Ante esta aclaración de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC, el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Jerónimo Saavedra, dio por hecho que los 210 funcionarios afectados continuarán ocupando sus puestos de trabajo. El regidor celebró “la rapidez ejemplar” con que el tribunal se ha pronunciado a la petición de ayer del Ayuntamiento de que explicase la sentencia.
Los trabajadores municipales “tienen que estar tranquilos porque no tienen por qué pagar los platos rotos” de un pleito judicial que “por pura lógica” no debe hacer peligrar sus puestos de trabajo, explicó el alcalde, aunque aseguró que esta es sólo su “opinión personal”. Saavedra, en todo caso, apuntó que esperaba dejar zanjado el asunto una vez el Ayuntamiento aborde informes jurídicos sobre la aclaración de sentencia, y que se debatirán en la Junta de Gobierno Local de este jueves. El regidor dijo, asimismo, que “si es posible” el pleno municipal del viernes también tomará acuerdos al respecto.
Saavedra no aclaró si esta resolución judicial afecta por igual a todos los funcionarios que obtuvieron su plaza en la oferta pública de empleo de 2005, incluyendo las plazas de los dos comisarios de la Policía Local que fueron objeto del recurso, interpuesto por el actual jefe del cuerpo, y supuestamente con la misma categoría que los anteriores, Francisco Javier Henríquez.
El PP lamenta el “tremendo ridículo” del gobierno municipal
Por su parte, el Partido Popular en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria manifestó a través de un comunicado de prensa que “la aclaratoria de la sentencia del TSJC viene a reiterar lo ya expuesto en el texto de la sentencia”. Es decir, que “ estima anulable y no nula la oferta de empleo público del año 2005 del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria recurrida por el Comisario Jefe de la Policía Local, Javier Henríquez”.
Por ello lamentan “el tremendo ridículo realizado por el equipo de gobierno, que una vez más se ha precipitado al anunciar, paradójicamente, una victoria contra los servicios jurídicos del Ayuntamiento y hacer suyo el triunfo del Comisario Jefe de la Policía Local, que ya había recurrido anteriormente distintas decisiones municipales sin que los tribunales le dieran la razón en ningún caso”.
Así mismo se muestran contrarios a que ese pronunciamiento público ante los medios “haya servido, otra vez, para atacar al anterior gobierno y reescribir la historia a su favor”. Esto no hace más que constatar que el equipo de gobierno “continúa haciendo oposición de la oposición ante la falta de proyectos e iniciativas propias para el presente y futuro de la ciudad”, añaden en el comunicado.
A los populares les parece “especialmente grave” que el alcalde, Jerónimo Saavedra, haya manifestado públicamente que su nuevo director general de Asesoría Jurídica, el señor Úbeda, es “tan bueno que le gana pleitos al propio Ayuntamiento”. De ser ciertas estas declaraciones, se estaría “dejando en evidencia” la relación del señor Úbeda y el Comisario Jefe de la Policía Local, extremo que, consideran los populares “aclarado por los interesados”.
Finalmente, quieren manifestar su “repulsa por un comportamiento que ha generado una inquietud innecesaria entre la plantilla de trabajadores, 208 empleados municipales que han sido absolutamente merecedores de sus puestos de trabajo”.
