El Varadero salpica al Gobierno canario
El caso Varadero, abierto en el juzgado de instrucción número 3 de Santa Cruz de Tenerife para investigar si el gobierno municipal del alcalde del PSC-PSOE en El Rosario, Macario Benítez, cometió prevaricación y tráfico de influencias al tramitar y aprobar el plan parcial del mismo nombre, puede afectar de lleno a la estructura de política territorial y medio ambiente del Gobierno canario, al abrirse otra línea de investigación que afecta a decisiones controvertidas del departamento que dirige el consejero Domingo Berriel.
Según han explicado a CANARIAS AHORA fuentes conocederas del caso, altos cargos tanto de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias como del Cabildo de Tenerife (CC) podrían haber incurrido en los presuntos mismos delitos por los que se investiga al grupo municipal socialista, por omitir deliberadamente el contenido legal tanto de un auto firme contra la urbanización en la costa del municipio como de otras dos sentencias contra el ayuntamiento y el promotor de las que los responsables políticos autonómicos e insulares tenían conocimiento.
Este domingo Diario de Avisos publica que el auto de 2005 del TSJC contrario a la urbanización de El Varadero del que ya informó en 2007 CANARIAS AHORA, al aparecer ese año un segundo auto contrario al Plan Parcial, se ha omitido en todos los informes jurídicos obrantes en el expediente administrativo del Plan General de Ordenación de El Rosario.
En la abundante documentación que ha podido consultar este periódico al respecto, ninguna de las administraciones públicas responsables del proceso administrativo para la aprobación del Plan Parcial (Ayuntamiento de El Rosario, Cabildo de Tenerife y Gobierno de Canarias) menciona el contenido legal de la resolución firme del TSJC de 2005, que hubiese anulado cualquier actuación urbanística.
El auto fue consecuencia de un recurso de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno autónomo, y a pesar de contar el Gobierno con una decisión judicial favorable a sus tesis iniciales contrarias a la urbanización en El Varadero, nunca se ejecutó al solicitar la Consejería la desestimación de su propio recurso a petición del alcalde de El Rosario, Macario Benítez.
La desaparición de este auto clave en toda la trama de El Varadero se constata en la omisión de su contenido legal en varios informes del Gobierno de Canarias, como uno jurídico eleborado por el Jefe de Servicio de Apoyo a la Dirección General de Ordenación del Territorio, Eduardo Ángel Risueño, y por el director general de Urbanismo, Jesús Romero, para justificar la revisión de oficio del Plan Parcial, ya en septiembre de 2007, al haber estallado el escándalo a través de la segunda sentencia del TSJC, en julio de 2007, contra la aprobación del Plan Parcial.
Tampoco aparece citado el contenido legal del auto de 2005 en otro informe del por entonces director general de Urbanismo, Rafael Castellano, de mayo de 2007, cinco días después de que la COTMAC aprobara definitivamente el Plan General anulado dos meses después por el TSJC, avalando las tesis de Iniciativa por El Rosario-Los Verdes, que se han personado como acusación particular en la causa abierta contra el grupo municipal socialista.
El auto de 2005 del TSJC sólo volvió a a la luz, según recoge Diario de Avisos, en la sentencia del propio alto tribunal canario de 2007 contra la aprobación del Plan Parcial ahora investigado en el Juzgado de Instrucción número 3 de Santa Cruz de Tenerife. Obviado por el Gobierno de Canarias en todo ese tiempo, los magistrados firmantes de ambos autos de 2005 y 2007 decidieron trasladar el auto firme de 2005 al otro recurso contra el Plan Parcial que seguía su curso paralelo al del Gobierno de Canarias y que finalmente ganó la partida, el presentado por IR-Verdes.
