Un vecino de Las Huertas evita una multa millonaria
La Audiencia Provincial ha rechazado la petición de la empresa Desarrollos Urbanos Cic SA (Desurcic), integrada por la aseguradora Mapfre e Inversiones Las Teresitas (ILT), por las que pretendía que se le impusiera al vecino Francisco Albendín Molina una sanción de tres millones de euros y se alejara 500 metros del lugar donde se estaban realizando las obras de urbanización de la trasera de la playa. Se da la circunstancia de que esta familia es la única que en la actualidad reside en La Huertas con lo cual de haber prosperado la orden de alejamiento hubiesen tenido que abandonar su casa. Desurcic acusó al vecino de un presunto delito de coacciones por impedir que las palas entraran a trabajar en los terrenos que siempre ha reivindicado que son propiedad suya.
Precisamente, el grueso de los argumentos de la empresa giraban entorno a que Albendín no era en realidad propietario de los solares. Sin embargo, la Audiencia considera que los hechos denunciados “no pueden ser considerados en absoluto como constitutivos de infracción penal alguna”. Muy al contrario la sala estima que Albendín y otros vecinos que lo apoyaron, lo único que hicieron fue defender terrenos que consideraban suyos y que su reacción se debió estrictamente a la intención de defenderse de lo que interpretó como “un ataque a su propiedad”. La Audiencia se hace además eco de los problemas que durante los últimos años han surgido sobre la titularidad de estas parcelas y se indica que precisamente la vía penal no es la más adecuada para resolver un asunto como éste, “plagado de irregularidades”.
La causa empezó hace ya varios años primero a través de un juicio civil que igualmente perdió Desurcic por lo que luego acudió a la vía penal con el mismo resultado. En aquella jornada las palas intentaron entrar de nuevo en estas parcelas a lo que se negó este vecino junto con otros más que no fueron denunciados ya que no pudieron ser identificados. La policía se personó en el lugar tal y como ha venido ocurriendo en decenas de ocasiones durante los últimos años y entonces se repitió la misma escena: Albendín presentó los papeles que acreditan su propiedad sobre las parcelas. El problema de este largo contencioso radica en la expropiación fallida que se intentó hacer en los años setenta por parte de la Junta de Compensación de estos terrenos. Sin embargo, como no contaban con dinero se rechazó la ocupación y así quedó reflejado en el acta de una sesión plenaria.
En 1998, la Junta vendió estos solares a la empresa ILT por 35 millones de euros sin que muchos de los vecinos recibieran cantidad alguna tras esta operación. En 2006, ILT vendió Desurcic por 95 millones el total de Las Huertas. Desde entonces han sido constantes los enfrentamientos entre los vecinos y la compañía por la negativa de estos a que las palas entren en sus terrenos, una imagen que llegó a salir en los informativos de todo el país. Precisamente, la familia de Albendín vio en 2008 como la propia Gerencia de Urbanismo le reconocía el derecho a su propiedad y a seguir residiendo en este entorno.