15 años con una financiación estatal por debajo de la media de todas las comunidades autónomas

Canarias percibe del Estado desde hace 15 años menos recursos que la media per cápita de todas las comunidades autónomas. La última vez que estuvo por encima fue en 2002, cuando la asignación supuso 1.733 euros por habitante, frente a los 1.732 de media nacional.

La Conferencia de Presidentes del 17 de enero de 2017 ha establecido las líneas básicas y los plazos para la reforma del reparto de recursos estatales entre las autonomías para financiar la sanidad, la educación y los servicios sociales, cuyo sistema vigente perjudica especialmente a Canarias, que deja de ingresar casi 700 millones al año.

La Cámara Alta volvió a ser el escenario de los debates y los compromisos de buena voluntad de los presidentes autonómicos en un foro de encuentro que se inventó en su momento José Luis Rodríguez Zapatero y que ahora Mariano Rajoy retoma (aunque el presidente Fernando Clavijo insiste en su propaganda de que él ha sido el artífice de la reunión) forzado por su minoría absoluta y la necesidad de llegar a acuerdos para poder gobernar.

Serán expertos economistas quienes, a partir de marzo, hagan un primer borrador del nuevo modelo de financiación que deberá conjugar los intereses de todas las autonomías, que insisten todas ellas en que están infrafinanciadas y necesitan volver a la senda previa a la crisis para poder tener más gasto e incrementar las plantillas de funcionarios y contratados.

Un nuevo sistema que los ejecutivos regionales tendrán que avalar, pero que solo pueden convertirlo en ley en las Cortes la mayoría compuesta por el PP y el PSOE.

El PP dijo no

Conviene recordar que la vigente financiación fue aprobada el 16 de julio de 2009 por el Consejo de Política Fiscal y Financiera con el voto favorable de las comunidades socialistas, así como de Cantabria (PRC-PSOE) y Canarias (con el tándem Paulino Rivero-José Manuel Soria), y la abstención de las gobernadas en mayoría por el PP, siguiendo la orden emanada por la dirección nacional instalada en la sede de la madrileña calle Génova.

El mapa territorial de aquel acuerdo es el siguiente: Asturias, Cataluña, Aragón, Extremadura, Castilla-La Mancha, Andalucía, Baleares, Canarias, Cantabria y la ciudad autónoma de Ceuta dijeron sí al sistema propuesto por el Ejecutivo de Zapatero, mientras que Galicia, Castilla y León, La Rioja, Madrid, Comunidad Valenciana, Murcia y la ciudad autónoma de Melilla se abstuvieron.

Una financiación que se aprobó por la mínima en el mes de noviembre, pues la Ley Orgánica de Financiación Autonómica (LOFCA) consiguió 176 votos, justo los que necesitaba. El PSOE tenía garantizados 177 pero la ausencia en la votación del diputado socialista y secretario cuarto del Congreso, Javier Barrero, provocó esta situación de auténtico pánico en las bancadas gubernamental y socialista. 

Conocido el mapa territorial que avaló el sistema de financiación que será ahora modificado, conviene recordar el escenario político que lo refrendó: la LOFCA salió adelante con los votos del PSOE, ERC, ICV, Coalición Canaria, Nafarroa Bai y UPN. Del lado del no se situaron el PP, BNG, CiU y UPyD. El PNV e Izquierda Unida se abstuvieron.

El sí crítico de Canarias 

El “sí crítico” con el que Soria justificó el apoyo del sistema de financiación en 2009 se basó en que el Gobierno central iba a repartir 11.800 millones más que con el anterior sistema entre todas las comunidades autónomas, de los que Canarias recibiría 280 millones adicionales ese mismo año; 320 al año siguiente; 360 en 2011 y 400 millones en 2012. 

Y para asegurar el sí de Canarias, Zapatero acordó con Rivero la cesión de una parte (50 millones de euros ese año y 100 millones en 2010) del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) a cambio del extinto Impuesto General sobre el Tráfico de Empresas (el famoso IGTE que está en la base de la reciente ruptura del pacto entre CC y PSOE).

“La aspiración de Canarias era obtener 500 millones de euros más, porque era una diferencia de 250 euros per cápita por 2 millones de habitantes que hay en Canarias, 500 millones de euros”, dijo Soria cuando conoció el acuerdo que suscribió a regañadientes y en franca oposición al criterio de Rivero.

Años después se comprobó, como decía el PP de Canarias, que con el nuevo sistema el Archipiélago dejó de ser la tercera o cuarta región peor financiada para pasar a ser la peor.

Y es que el Ejecutivo canario no consiguió que el Estado reconociera la condición de Región Ultraperiférica ni dejar asegurado que la media de inversión estatal por habitante en las Islas fuera, como mínimo, equivalente a la media nacional.

Soria criticó de forma abierta la decisión del Ejecutivo canario en sede parlamentaria poco antes de romper el pacto de gobierno que aún tenía con CC. En septiembre de 2010, un mes antes de abandonar el gabinete presidido por Rivero, el ex líder del PP canario adelantó que iba a haber un déficit al quedar las Islas con una media de inversión de 2.600 euros por habitante, frente a la media nacional de más de 2.800.

Desvincular el REF

Si en 2002 Canarias estaba un euro per cápita por encima de la media, en 2003 (con José María Aznar como presidente del Gobierno) la desviación fue de 20,81 euros menos que la media por habitante y en 2013 el agujero se agrandó hasta los 244,07 euros, toda vez que la financiación no se desvinculó del Régimen Económico y Fiscal (REF), pese a que el objetivo de aquella es costear sanidad, educación y servicios sociales, mientras el acervo histórico tiene como meta compensar las desventajas de la insularidad y la lejanía para el desarrollo económico de Canarias.

Dos cuestiones distintas que, sin embargo, el Ejecutivo central ha metido en el mismo saco. Por este motivo, entre 2009 y 2013 Canarias ha perdido en comparación con la media 3.414 millones, y respecto a la región mejor financiada, que es Cantabria, 9.193 millones.

Un déficit que, según cuantificó el pasado año la consejera de Hacienda, Rosa Dávila, supone que se dejan de crear al año 14.000 empleos por los casi 700 millones anuales que no ingresan las arcas públicas isleñas al aplicarse un sistema de financiación autonómica que computa el REF en la cantidad final que toca al Archipiélago y que equivaldría a un crecimiento añadido del 1.5% del PIB canario.

Frente común canario

Quizá por la objetividad de las cifras, Clavijo contó el viernes 13 de enero con el respaldo de todos los grupos parlamentarios, menos Podemos, para defender en la Conferencia de Presidentes un nuevo sistema de financiación que sitúe a las Islas en la media del Estado.

Para el PSOE canario, se deben lograr más recursos para el sistema sanitario público, al que se destina menos del 6% del PIB, cuando debería suponer, como mínimo, el 6,5% y, también más fondos por parte del presupuesto canario para este área. Los conservadores canarios exigen que se tenga en cuenta el coste real de los servicios esenciales de Canarias, la insularidad y criterios de suficiencia y equidad, así como que el nuevo sistema se acerque a la media del conjunto de España y se desligue de los fondos que obtienen las Islas a través del REF.

Por su parte, Nueva Canarias (NC) cree que la actualización del sistema de financiación debe implicar más recursos por parte del Estado, corresponsabilidad fiscal y que los recursos sean finalistas.

Canarias tiene, por tanto, un frente común y unas ideas claras. 

Ahora queda por ver que el comité de expertos ad hoc las incluya en la nueva LOFCA o, en su defecto, las negocien los diputados en las Cortes para conseguir romper la negativa tendencia que desde hace 15 años viven las Islas.