Los favores de Fernando Clavijo

El caso Corredor está cada día más lejos de ser archivado y le han salido ramas, en forma de piezas paralelas o nuevas diligencias de investigación, que aventuran que se prolongará en el tiempo, al menos hasta que la Audiencia Provincial resuelva (según los plazos, no antes del verano), si son lícitas o no las escuchas telefónicas que han puesto en manos de la Fiscalía y del juez todo un entramado de favores municipales que no esperaban encontrarse, con protagonistas propios de una película de Ford Coppola, como es el caso del empresario Evaristo González Reyes.

Esos pinchazos se llevaron a cabo durante unos nueve meses. En las grabaciones se entremezclan conversaciones entre los principales sospechosos, entre ellos el alcalde de La Laguna y candidato de Coalición Canaria a la presidencia del Gobierno regional, Fernando Clavijo, y el mencionado Evaristo González, con la de otros empresarios o con las de vecinos supuestamente favorecidos. De tal forma que la investigación del caso Corredor se fue ampliando hasta ser un cuerpo con tres piezas separadas y varias causas abiertas a su margen. Todas sin concluir.

Carlos Calderón, propietario de un local llamado Sketch, en la zona de más marcha en La Laguna en la pasada década, la llamada El Cuadrilátero, fue sancionado por incumplir el horario de cierre. Según ha declarado a la prensa, su local era multado mientras que otros cercanos se salvaban de la quema. Su pareja, el periodista Isaac Tacoronte, le concertó una cita con el alcalde, de quien habría escuchado qué pasos dar para evitar el cierre del pub. A esa cita también asistió el primer teniente de alcalde, el socialista Javier Abreu. Y durante la reunión, el hombre fuerte de Evaristo González. Juan Antonio Santana, habría llamado a Clavijo preguntando por lo mismo: qué hago para eludir el precinto de mi local, que en su caso era el Utopía.

La Fiscalía provincial de Santa Cruz de Tenerife admitió a trámite la denuncia de Calderón, con una grabación de la reunión que está siendo peritada, y comenzó la investigación del caso, cada día más enrevesado. Para empezar, por la desaparición del auto inicial que autorizaba las escuchas telefónicas que han dado lugar al caso Corredor. Desaparición física. No está el papel firmado por la fiscal anticorrupción María Farnés Martínez, ni por la entonces juez del juzgado de Instrucción 1 de La Laguna, María Vega, que arrancó la causa, y no está foliado, es decir, que desapareció o fue sustraído antes de que se numeraran cada una de las diligencias.

Y si no hay auto no hay escuchas, ni pruebas que se puedan derivar de las mismas. Ese es el principal argumento para acabar con el caso que pelean en bloque los abogados de los 13 encartados, entre ellos, Esteban Sola Reche, una “institución” en Derecho Penal en la Universidad de La Laguna, muy vinculado desde que tiene despacho profesional con el Ayuntamiento de Aguere.

Pero el auto existió. Está en los archivos del juzgado. Y el magistrado que desde 2012 se hace cargo de la instrucción, César Romero Pamparacuatro, con el apoyo de la fiscal, se ha empeñado en reconstruirlo y para ello cuenta con los oficios policiales y otras pruebas, al tiempo que se investiga por otro juzgado si en la pérdida del auto está la mano, extendida o escondida, de Evaristo.

Presidente imputado, presidente aforado

Así las cosas, y con todas posibilidades de que se reconstruya el auto perdido y haya que esperar a que decida sobre ello la Audiencia Provincial, lo más seguro es que Francisco Clavijo Batlle se presente a las elecciones imputado, y hasta cabe la posibilidad de que sea un presidente autonómico imputado, como Francisco Camps.

Además Fernando Clavijo Battle, el candidato por Coalición Canaria a la Presidencia del Gobierno regional, secretario general del partido desde 2012, alcalde de San Cristóbal de La Laguna desde noviembre de 2008, y antes, entre 2003 y 2007, concejal de Seguridad Ciudadana en el mismo Ayuntamiento, es seguro que como mínimo obtendrá un escaño en el Parlamento de Canarias en las próximas elecciones, por lo que si para entonces se mantuviesen sus actuales imputaciones por prevaricación, tráfico de influencias, falsedad documental y malversación de caudales públicos, sería juzgado por la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

Es la misma Sala que está pendiente de resolver la querella que en diciembre presentó contra César Romero Pamparacuatro el multiimputado Evaristo González Reyes, que tiene al juez en su diana y para el que ha pedido que sea apartado del caso por “retraso malicioso” en el proceso, al tardar 28 meses en levantar el secreto del sumario por carecer de un escáner, según justificó el propio magistrado.

González Reyes también quiso ampliar la denuncia contra Pamparacuatro con el motivo de permitir que prescribiera un delito de denuncia falsa, la del denunciante del caso Corredor Carlos Calderón, lo que el TSJC ha inadmitido ya que si la denuncia fue falsa o no aún no se ha determinado.

Mientras la instrucción se desliza entre sobresaltos, como el posible robo de un auto judicial, o la inexistencia de otro auto para prorrogar las escuchas entre septiembre y octubre de 2010, el caso Corredor ha puesto sobre el papel relaciones entre políticos, técnicos municipales, y empresarios del negocio de la noche, que al margen de que los tribunales resuelvan si son delictivas o no, no dejan de ser opacas e incluso inquietantes.

Las conversaciones intervenidas por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Judicial desde el 21 de abril de 2010 hasta principios de 2011 han desvelado, a priori, “un escenario fáctico complejo, susceptible de englobarse en un amplio catálogo delictual que abarca a diversos títulos del Código Penal, y con un sujeto activo común a todas y cada una de las ramas de la investigación que, atendiendo a su naturaleza jurídica, dio lugar a la formación de tres piezas separadas”, según afirma el magistrado del juzgado de Instrucción número 1 de La Laguna, César Romero Pamparacuatro en su auto del 11 de noviembre de 2014, por el que levanta el secreto del sumario y hace públicas las imputaciones contra 13 personas, entre ellas, el alcalde, secretario general de Coalición Canaria en Tenerife y candidato a la Presidencia del Gobierno de Canarias por ese partido, Fernando Clavijo Batlle.

Realmente, es la presencia de Clavijo en la causa la que ha dado relevancia al Caso Corredor. Su imputación se conoció en noviembre pasado, tan sólo dos meses después de que el regidor lagunero fuese elegido por el Consejo Político de la formación nacionalista candidato a la Presidencia en las elecciones autonómicas de mayo próximo. Y no son pocas las imputaciones que pesan sobre el alcalde: tráfico de influencias, prevaricación, falsedad documental y malversación de caudales públicos.

Son cuatro delitos típicos de la corrupción política, a los que no deja de añadir indicios la fiscal anticorrupción de la provincia tinerfeña María Farnés Martínez. Tras declarar el pasado 9 de enero por más de tres horas ante el juez Pamparacuatro, Clavijo ofreció una rueda de prensa en la que se reafirmó en que siempre había actuado “bajo la legalidad” y que había procurado ejercer como un juez “cercano a los vecinos”, a los que recibe “para solucionar sus problemas”, y eso que acababa de conocer que, a instancias de la fiscal, pesaban sobre él dos nuevos hechos por posible tráfico de influencias, relacionados con horarios de cierre o precintos de dos locales de ocio nocturno: el discopub Utopía y el discopub El Palco, ambos propiedad del ya mencionado Evaristo González Reyes, que se merece un capítulo aparte.

En la actualidad, el juez ha liberado provisionalmente a Clavijo del tráfico de influencias relacionado con la petición para retrasar el precinto del pub Utopía, ya que sólo recibió un sms del regente del local, José Antonio Santana, en relación a ese asunto, y también le ha sobreseído provisionalmente del tráfico de influencias relacionado con El Palco.

Para que los sobreseimientos sean definitivos, o no, faltan por declarar el jefe de la Policía Local, otros tres agentes municipales, una secretaria accidental de la Gerencia de Urbanismo y el propietario del local La Alpargata, que en igualdad de incumplimientos de la normativa de horarios de cierre, sí sufrió las sanciones municipales que no se ejecutaron con El Palco.

El sms que recibió Clavijo en relación al Utopía está datado el 26 de noviembre de 2010 y le llegó de José Antonio Santana, presidente de la Fecao (la patronal del ocio) y mano derecha de Evaristo González. “Mañana me precintan el Utopía a las 10 de la mañana, supongo que ya lo sabías (te estaré eternamente agradecido por todo lo que estás haciendo)”. Clavijo se puso en contacto con la entonces concejal de Urbanismo, Aymara Calero, quien habría indicado a Santana cómo eludir el precinto y la multa de 45.075 euros que llevaba aparejada, mediante la presentación de un recurso contencioso contra la sanción y que la Gerencia de Urbanismo tuviera conocimiento del mismo, como efectivamente hizo Santana.

Ello ha servido para que Aymara Calero haya sido imputada por prevaricación y Santana, por tráfico de influencias.

Una forma de actuar “muy ATI”

La forma de actuar de Fernando Clavijo se asemeja a los modos de hacer de otras muchas causas que investigan los tribunales canarios por corrupción en los municipios gobernados por Coalición Canaria (en realidad, ATI), en la provincia tinerfeña. Expedientes sancionadores que se no se ejecutan, licencias de apertura de locales sin subsanar las deficiencias detectadas por los técnicos municipales, beneficios para vecinos amigos, afiliados, o simpatizantes del partido…

El caso Corredor no tiene la enjundia que abarca el caso Arona, en el que se ha puesto de manifiesto una densa trama de corrupción urbanística en esa localidad turística del sur de Tenerife y en el que están imputadas 17 personas, a la espera de que se señale la vista oral. Entre esos imputados se sitúa a la cabeza el ex alcalde de CC José Alberto González Reverón, además de todo su equipo de Gobierno entre los años 2003 y 2007.

Sin embargo, es idéntico en red clientelar, favores vecinales, y ese trato cercano a los vecinos que a veces lo es tanto, que se convierte en delito. De hecho, González Reverón, para el que la fiscal delegada para delitos urbanísticos y contra la ordenación del territorio, Inmaculada Violán, pide cuatro años de cárcel y 35 para inhabilitación de cargo público, cayó en desgracia por una prevaricación que apenas es nada (cuatro años y medio de inhabilitación) con lo que se le viene encima, y fue por contratar a dedo a dos personas, una de las cuales figuró en la lista de CC para las elecciones de 2011.

Similar, sí, y a un lado u otro de esa raya que separa la bienvenida preocupación por los vecinos con el incumplimiento de la ley. Así es como lo han entendido la fiscal y el juez en cuanto a las sospechas que pesaban sobre Clavijo y la presidenta de una asociación vecinal, Isabel González Prieto, quien le habría pedido que intermediara para la contratación de un sobrino suyo en la empresa de limpieza municipal Urbaser.

La fiscal María Farnés Martínez solicitó en un recurso, al que se adhirió la defensa de Clavijo, que se sobreseyeran la imputaciones por tráfico de influencias que pesaban sobre el líder nacionalista y González Prieto, lo que finalmente dictó el magistrado el 4 de febrero pasado, al no quedar acreditado que aquel hubiese llevado a cabo alguna acción instigadora para que la contratación se efectuase, sino que se limitó a interesarse por si el vecino sería contratado o no.

Frente a esta lícita preocupación por un lagunero, está otra forma de actuar menos clara, tanto de Fernando Clavijo como de parte de su consistorio. El candidato a la Presidencia está imputado, y por partida doble, por delitos de prevaricación, falsedad documental, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos, por dictar órdenes para que dos vecinos “muy cercanos”, obtuvieran ayudas para realojarse en viviendas de alquiler por estar afectadas las suyas de aluminosis en una urbanización del barrio de Las Chumberas, a las afueras de San Cristóbal de La Laguna.

Esos dos vecinos no son los únicos realojados con ayudas municipales, pero tienen circunstancias muy diferentes al resto. Uno es un actual asesor de CC en el Ayuntamiento, Ricardo González, que también figuró en las listas del partido en las pasadas elecciones, y la otra, María José Castañeda, es actual concejal de Cultura por el PSOE.

Y los dos, además, no tenían necesidad de realojo, según los informes de la Gerencia de Urbanismo, sino que sus daños habrían sido amplificados por técnicos sociales, Bruno Febles y Cristina Alonso, para quienes los abogados de la defensa piden el sobreseimiento, “ya que se habrían limitado a cumplir órdenes”, como afirma el abogado Carlos Álvarez, representante de otro imputado, Francisco Barreto, quien habría obtenido una licencia en contra de los informes técnicos para la apertura de una cafetería en La Cuesta.

Ambos consiguieron ayudas que en el caso de González superan los 6.000 euros anuales, y en el de Castañeda, ascendían a 4.500 euros hace cuatro años, pese a que sus ingresos les impedían beneficiarse de las ayudas de emergencia social. La concejal socialista está imputada por este motivo por los mismos delitos que Clavijo.

La clave para estas imputaciones radica en una interesante conversación del 20 de septiembre de 2010, que se recoge en el auto de noviembre pasado, entre Fernando Clavijo y Blanca Pérez, que entonces era concejal de Bienestar Social y Vivienda en La Laguna, y en la actualidad lo es de Presidencia, Planificación y Urbanismo. En ella, la concejal se refiere a las ayudas que se tramitaban para González (al que Blanca Pérez apoda Richard) y María José Castañeda:

“¿Cómo se tramita una ayuda de emergencia social para una persona que cobra tres mil euros. Entre él y…pasan de los tres mil euros”, pregunta Blanca Pérez al alcalde, en referencia a los ingresos mensuales de Castañeda y su esposo, en cuya vivienda sólo detectaron los técnicos de Urbanismo dos nervios de la estructura abombados por la aluminosis.

El alcalde pregunta a su vez a la edil “si la única que se pasa es ella”, a lo que Pérez responde que “el otro tiene 1.800 euros”, en referencia a Ricardo González. Clavijo y la concejal quedaron en verse “con los papeles delante”, pero según el escrito de Pamparacuatro, esa misma noche, la concejal volvió a llamar a Clavijo para proponerle un plan: crear un fondo de subvenciones, sin límites en cuanto a los ingresos de los beneficiarios.

“Pueden acusarnos de prevaricación a los tres”, señala Blanca Pérez a Clavijo, quien aún así dio el visto bueno a la idea. “A esa proposición, plan o estrategia el alcalde le da el visto bueno afirmando que le parece perfecto, dado que con esa estratagema, ardid o tal vez eventual fraude, si no legal sí al menos moral, ”Le salvamos la vida y nos salvamos el culo“, según se recoge en el auto.

Con el ojo en las nulidades y en el denunciante del caso

Esa conversación fue interceptada por la UDEF de la Policía Judicial el 20 de septiembre de 2010. Y podría ser anulada ya que no aparece el auto judicial para la prórroga de las escuchas entre el 17 de septiembre y el 17 de octubre de ese año que debió firmar la juez suplente, Matilde Rocío Flores Esquivas, a la que el actual magistrado Romero Pamparacuatro ha pedido que aporte copia del mismo.

De darse la nulidad parcial de esas intervenciones telefónicas sobre Evaristo González Reyes, Fernando Clavijo, y los también imputados policías locales Juan Carlos Martín Delgado y Juan Pedro Lutzardo, el alcalde, Blanca Pérez y María José Castañeda podrían quedar libres de las imputaciones por tráfico de influencias, falsedad de documento público y malversación de caudales por la ayuda a la concejal socialista.

Es la famosa doctrina jurídica del fruto del árbol envenenado, según la cual son nulas las pruebas que se obtienen ilegalmente, como son las escuchas telefónicas sin control judicial.

“No parece que sea esa la intención del magistrado”, sostiene el abogado Carlos Álvarez, portavoz de los letrados de la defensa. “Sus pasos van encaminados a dar legalidad a las escuchas y podría haber jurisprudencia al respecto”. “Y consta que sí hubo autorización de las escuchas en los meses posteriores”.

No sólo eso, sino que el magistrado, con el apoyo de la fiscal, ha llamado a declarar a nuevos testigos para acotar con más pruebas los delitos relacionados con los fraudes de subvenciones. Asimismo, ha ordenado pruebas periciales para comparar los daños en las viviendas de Ricardo González y María José Castañeda con las de otros vecinos de Las Chumberas; ha llamado a declarar a los técnicos de Urbanismo que hicieron los informes, y ha solicitado al Ayuntamiento que informe de si en efecto se creó un fondo especial para ayudas a los vecinos de Las Chumberas, sin limite por ingresos para acceder a ellas, y que dé cuenta de a dónde ha ido a parar la financiación del convenio suscrito entre el Cabildo de Tenerife, el Gobierno de Canarias y el Gobierno del Estado.

Carlos Álvarez defiende a Francisco Barreto, presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Aguere, y que supuestamente obtuvo una licencia sin informes favorables para abrir la cafetería La Estación que sigue imputado por tráfico de influencias. En su opinión, el juez no va a estimar los recursos de reforma que le han planteado las defensas, lo que le confirma que el caso Corredor seguirá vivo muchos meses. Son un centenar los recursos de reforma, que Pamparacuatro desestima uno detrás de otro, y los recursos de apelación contra la reconstrucción del auto “madre” de las escuchas, que han presentado las partes en menos de cuatro meses.

“Todos los indicios apuntan en que en un plazo muy breve, a primeros de marzo, el juez con el apoyo fiscal dará por reconstruido el auto inicial de las escuchas. Y el magistrado mantiene un ritmo de instrucción acelerado, con llamadas a nuevos testigos cada dos semanas, con periciales y con una búsqueda abierta de una testigo que podría ser esencial, una arquitecto que trabajaba asiduamente para el Ayuntamiento y que presenció una conversación muy comprometida”.

La arquitecto está desaparecida y en busca por parte de la policía judicial, que ya informó en 2012 que había regresado a su país de origen, Argentina. Consta en el sumario que asistió a una reunión en un piso cercano a la catedral y al Ayuntamiento de La Laguna, una reunión acompañada de una tal Olga, a la que también se busca, en la que se encontró con Clavijo, que era concejal de Seguridad, y Evaristo González Reyes. En esa reunión, Evaristo habría pedido medidas a tomar contra uno nuevo en la competencia del ocio nocturno, Carlos Calderón, el denunciante. La arquitecta es amiga suya. Clavijo, días pasados, ha negado conocer en persona a González Reyes.

Tras denunciar a un policía amigo que después de escuchar aquello, nunca más le llamaron del Ayuntamiento, además de que sentía miedo porque su testimonio sería uno de los apoyos de Carlos Calderón en su denuncia, por lo que se la consideró testigo protegido. Pero puso tierra de por medio, y no acudió a declarar el pasado 8 de enero, cuando estaba citada.

Ese mismo día declaró Carlos Calderón. El denunciante de la trama Corredor informó al juez del calvario sufrido desde que interpuso la denuncia, de que le habían quemado la casa, le habían arruinado, con el pub cerrado, y le habían secuestrado. Y señaló quiénes eran sus secuestradores, presuntamente vinculados con el entorno de Evaristo González.

Relató a la prensa en un mar de lágrimas cómo le habían destrozado la vida “Clavijo y su gente”. Pero su testimonio tiene reparos, ya que la prueba de su denuncia es una grabación de la famosa reunión con Clavijo, Abreu y otros que tiene cortes de voz. Y porque el que entonces era su pareja, Isaac Tacoronte, se desdijo de su ex y le catalogó de fantasioso y poco menos que histérico. Tacoronte, además, negó su firma en una declaración ante la Policía Judicial, cuando en 2010 fue llamado como testigo, lo que ha dado lugar a que se tenga que realizar una prueba caligráfica de su firma.

La grabación de Calderón ha sido impugnada por los abogados de la defensa, alegando que está manipulada, lo que ha obligado a su examen por peritos. En esa manipulación basaba Evaristo González su ampliación de denuncia contra Pamparacuatro, dando por sentado que se trata de una denuncia falsa.

Sin embargo, resulta que de los primeros exámenes se dan por reconocidas algunas voces, como la del empresario y el alcalde.

Las dos piezas de Evaristo

Evaristo González Reyes no es cualquiera. Abogado y sobre todo empresario, se las ha visto con la justicia en ocasiones anteriores, pero sigue mandando. Y está en sus trece en que no hay caso, no hay auto original que autorizase los pinchazos, “sino un simple borrador en un soporte informático sin firmar, sin validez alguna. No va haber juicio oral”.

La Fiscalía sospecha que tras la desaparición del auto está González Reyes, pero se negó a declarar por este asunto ante el juzgado de Instrucción 2, en el que ha caído esta salpicadura del caso Corredor como causa aparte. “¿Cómo se puede robar algo que nunca ha existido?”, dijo a la salida de los juzgados.

Se juega mucho en esta causa el empresario apodado Tito Corleone, ya que de las conversaciones intervenidas se han deducido posibles delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social que sumarían cuatro millones de euros, con contrataciones ilegales de trabajadores a los habría hecho pagar las tramitaciones de sus contratos, por lo que también acumula delitos contra el patrimonio, amén de otras investigaciones abiertas, como el secuestro de Calderón.

De hecho, Pamparacuatro le atribuye “un amplio catálogo delictivo” que incluye acusaciones por robo con violencia, estafa, falsedad documental, delitos contra la Seguridad Social, contra los derechos de los trabajadores y asociación ilícita.

Dicen que es dueño y señor en la noche de la Ciudad de Los Adelantados y una de las mayores fortunas de Canarias, propietario de coches de lujo como un Jaguar que le prestó a Juan Carlos I y del que solo tiene una réplica la reina Isabel II de Inglaterra. Le gusta presumir de poder y aparenta importarle poco estar en la picota judicial.

En febrero de 2012, y a resultas de los indicios de delitos contra la administración pública, falsedad documental y derechos de los trabajadores, Pamparacuatro ordenó la detención de 14 personas que se considera englobadas en “una organización criminal” para la ejecución de esos delitos, pero sólo fue enviado a prisión provisional sin fianza Evaristo González, al que se le registró el despacho. Estuvo en Tenerife II tres meses.

Desde que se alzó el secreto de las actuaciones, Evaristo González ha presentado 63 recursos contra sus imputaciones y contra indicios delictivos por vulneración de derechos y secretos de las comunicaciones. Entre esas imputaciones destacan estafas a comercios, defraudación del fluido eléctrico, testigo falso en juicio o falsificación de cheques.

La mayoría de esos recursos han sido rechazados en reforma por el magistrado instructor y han ido a parar a la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife. Pero mientras, el caso Corredor sigue y todo indica, que lejos de desinflarse, promete más sorpresas.

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