Las rebeliones de los cabildos

Los cabildos tienen 102 años de historia. Hace mucho que alcanzaron la mayoría de edad, orgánica y jurídica, constitucional y estatutaria. Ya peinaban canas cuando nació la Comunidad Autónoma siete décadas después.

Por eso, y porque fueron los primeros que reclamaron autonomía frente a la Corona de Castilla, se han cansado de vivir tutelados, vigilados y hasta constreñidos por la Comunidad Autónoma e, incluso, por el Estado.

Ese fue el mensaje que los siete presidentes de los cabildos lanzaron en el Parlamento en noviembre de 2012 cuando la Cámara regional les agasajó por su centenario cumpleaños.

Básicamente, los presidentes insulares que asistieron aquel día al hemiciclo canario usaron la Cámara regional para reivindicar más poder. Y más dinero para poder ejercerlo con el fin de atender las demandas ciudadanas. Lo que traducido significa menos competencias para el Gobierno regional.

Reivindicaciones de más competencias y mejor financiación que sonaron como aldabonazos en los bancos del Gobierno. No era una propuesta nueva, pero sí tenía un especial significado porque, en 2012, la crisis ponía en cuestión el modelo actual de la Administración pública en general, y el de la canaria en particular, por considerarlo parte del problema que había disparado el déficit más allá de todo lo razonable.

Una tesis que, alentada por el entorno del Partido Popular, fue tajantemente cuestionada por todos y cada uno de los intervinientes en la tribuna de oradores, aunque el que más enfatizó su oposición fue Joaquín Caraballo, vicepresidente del Cabildo de Lanzarote: “La propuesta de disolución de los cabildos por la crisis desprecia el papel de las islas a tener voz propia, el derecho al progreso equilibrado y sostenible, y a tener un papel activo e importante en todo aquello que competa a Canarias”.

No fue el único. El entonces presidente del Cabildo de Tenerife, Ricardo Melchior, afirmó que “somos una institución singular dentro de España, pero no somos algo anacrónico ni incompatible con el nuevo modelo de administración. Somos el fiel de una balanza que equilibra y tenemos carácter integrador”.

E incluso el conservador José Miguel Bravo de Laguna, presidente del Cabildo grancanario, propuso una “segunda descentralización”, para quien era “perfectamente compatible el esquema administrativo de Canarias siempre que no lo compliquemos ni creemos duplicidades ni burocracias inútiles”.

Y por si quedaban dudas, insistió en que hay que “aprovechar la crisis, que siempre es algo malo, para ordenar la administración pública con racionalidad y fijar la ficha financiera que cada uno necesita”.

Una vez que había quedado claro que los cabildos están aquí para quedarse, se abrió camino a la madre de todas las reivindicaciones: más competencias y más dinero para desarrollarlas. Conseguir su “plenitud”, en palabras del presidente Canalejas cuando, en 1912, se aprobó la Ley de Cabildos y que recordó Melchior para exigir “mejorar la financiación, en su doble vía”, tanto estatal como en el bloque del REF, y “la ampliación de competencias”.

O en palabras del socialista Casimiro Curbelo, el más veterano de los presidentes insulares, “estas centenarias instituciones son las únicas administraciones públicas que no tienen capacidad tributaria propia y por eso es preciso definir y fortalecer la financiación y la participación en los recursos del Régimen Económico y Fiscal, además de en su eficaz gestión”.

Competencias nominales

Las reivindicaciones en el acto institucional del centenario cabildicio continúan vivas año y medio después de ser escuchadas en el salón de plenos de la santacrucera calle Teobaldo Power.

Peticiones que son la base del plante institucional que el 16 de junio hicieron los cabildos al propio Parlamento, si bien es cierto que, como dijo el diputado socialista Emilio Mayoral, “nos han dado una patada en el culo a nosotros por no dársela al Gobierno”.

Un plante que, para los presidentes insulares, sin embargo, fue un “toque de atención” para que tanto el Parlamento como el Gobierno tengan en cuenta sus opiniones.

“Ir allí para hablar y que lo que digamos no se tenga en cuenta, no nos parece adecuado, por eso, tomamos todos la decisión de manera unánime de no atender a la comisión”, explicó el titular del cabildo tinerfeño, Carlos Alonso.

Además, criticó que aunque el Ejecutivo tiene “buena voluntad” con la reforma de la Ley de Cabildos, después “se vacía de contenido” tanto desde el punto de vista financiero como competencial.

Porque las corporaciones insulares consideran que varios proyectos legislativos que está abordando el Ejecutivo que preside Paulino Rivero eliminan la financiación o distorsionan las competencias de los cabildos reconocidas en el Estatuto de Autonomía de Canarias, “que quedan reducidas a un mero reconocimiento nominal”, según palabras del presidente de turno de la Federación Canaria de Islas (Fecai) y del Cabildo palmero, Anselmo Pestana.

Materias como los servicios sociales, la protección del territorio y de los recursos naturales, la creación de la Agencia Tributaria Canaria o las competencias de los parques nacionales son solo algunas de ellas, pues “son normas que afectan claramente a la posición institucional de los cabildos, a su financiación y a sus competencias”.

Quince días después del plante de los cabildos, las corporaciones insulares y el Gobierno de Canarias llegaron, no obstante, a algunos acuerdos, entre ellos, el de la futura Ley de Cabildos, al haber admitido el Ejecutivo el 90% de las alegaciones que presentaban, si bien queda por cerrar el asunto de la financiación.

Financiación y competencias. Esos son los dos pivotes en los que basculan los rebotes políticos de los cabildos.

Hay varios ejemplos, como en el año 2003, cuando la Fecai se levantó en armas contra el presidente Román Rodríguez y el vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda, Adán Martín (12 años presidente del Cabildo de Tenerife) por la ley de financiación de las haciendas territoriales y el reparto de los recursos del Régimen Económico y Fiscal (REF).

Fue un intento para que las corporaciones insulares sufraguen la pérdida de ingresos de aquellos municipios que experimenten una disminución de población

Apenas seis años después, los cabildos suscribieron otra revuelta contra el Gobierno, en esta ocasión presidido por Paulino Rivero y con José Manuel Soria como 'número dos' y titular de las arcas autonómicas y del reparto del dinero.

Una revuelta sobre el reparto de los recursos REF y la interpretación que cada una de las dos partes realizó sobre la disposición transitoria cuarta de la Ley de Medidas Tributarias y de Financiación de las Haciendas Territoriales Canarias.

Para los cabildos, esta disposición garantizaba a las corporaciones unos ingresos mínimos del REF y el Gobierno opinaba que el carácter transitorio de la disposición era suficiente para demostrar que esos ingresos no eran para siempre.

Una trifulca que acabó en los tribunales, aunque éstos dieron la razón al Ejecutivo, a la que se unió el montante de 124,9 millones de euros con que dotaron los planes sectoriales para 2009, toda vez que en los mismos Soria incluyó partidas para pagar deudas de obras de los ejercicios de 2007 y 2008 y, por tanto, la cuantía para las nuevas obras era sensiblemente inferior a la demandada: 75 millones solo para ese año.

Centralismo anticabildista

Fue por esos días cuando el histórico presidente del Cabildo herreño, Tomás Padrón, llegó a decir que el Ejecutivo era el gobierno menos partidario de la descentralización política y administrativa de las Islas, en el más anticabildista de todos los gobiernos autonómicos de la historia.

Y el socialista José Miguel Pérez, hoy vicepresidente del Gobierno cuestionado por los cabildos y entonces al frente de el de Gran Canaria, dijo que el Ejecutivo regional había “mirado para sí mismo y se ha olvidado de que tiene responsabilidades en la buena salud de las administraciones locales”.

Y volvió a mirar para sí mismo cuando en 2012 se redactó al proyecto de ley de medidas administrativas y fiscales con las que el Ejecutivo pretendió paliar el recorte de 800 millones de euros en la financiación estatal.

Una ley que incluía el incremento del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC), del que son cotitulares los cabildos, y de cuyo exceso de recaudación tras la subida renunciaron parcialmente durante tres años en un alarde de generosidad tras las arduas y tensas negociaciones que culminaron el 1 de mayo de ese año.

“Es un gesto de lealtad institucional y de solidaridad con el Gobierno de Canarias, y supone un sacrificio extremo, pues estamos cediendo recursos propios durante tres años”, recordó ese día Melchior.

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