Admite que mató a martillazos a sus caseros en Fuerteventura

El grancanario Juan Carmelo Santana, de 42 años, acusado de matar a martillazos en los cráneos a sus caseros, una pareja británica que el día 11 de julio de 2006 se dirigió a su vivienda en la zona de El Cotillo, en La Oliva (Fuerteventura), para cobrar el alquiler de la vivienda, se declaró este lunes “culpable absoluto” de los hechos y afirmó que ese día había consumido cocaína, setas alucinógenas y alcohol, entre otras sustancias. “Se me cruzaron los cables”, afirmó el procesado ante un tribunal de jurado en el juicio en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas.

“No hubo ninguna discusión, yo sufría una depresión porque el 27 de junio de ese año fue el segundo aniversario de la muerte de mi mujer y le habían robado las flores que le puse en la tumba y me metí setas alucinógenas, MDA y ácido líquido”, entre otras drogas, aseguró Juan Carmelo Santana, sin antecedentes penales, acusado de dos presuntos delitos de asesinato y para quien la Fiscalía solicita imponer 46 años de cárcel. La acusación particular pide 50 años de prisión y la defensa solicita la libre absolución por considerar que su cliente “estaba totalmente de droga hasta la coronilla” cuando cometió el crimen y tras la muerte de su mujer “entró en un círculo de cocaína y alcohol”.

El acusado no quiso “justificar” lo que hizo y afirmó que acabó con la vida primero de la mujer de 58 años y después del hombre, de 60 años de edad, “sin ninguna discusión”. Si bien reconoció que debía tres meses de alquiler (650 euros por mes) y al decirle la mujer que se fuera buscando otra casa, fue “a por ella”. Le propinó un puñetazo, y, al caer ella al suelo, se colocó encima, cogió un “típico martillo gallego” y la golpeó en la cabeza en repetidas ocasiones.

Posteriormente, al llegar el marido de la víctima, también le asestó con el martillo en la cabeza. El acusado dijo que no tenía intención de matarles y añadió que no se le ha detectado ningún tipo de enfermedad mental, aunque “pudo ser locura transitoria”.

“Fui a por ella”

Durante su declaración, Juan Carmelo relató que había quedado con sus caseros días antes de los hechos y que el día de los hechos la mujer se dirigió al apartamento ocupados por el acusado y su hijo. El procesado le dijo que no había cobrado, se dio la vuelta y después, no sabe “exactamente” qué le dijo ella ni qué ocurrió. “La conversación duró dos segundos, y fui a por ella, le di un puñetazo, fue todo seguido y cuando me di cuenta ella estaba en el suelo, no sé cuándo cogí el martillo”, aseguró.

Luego el marido de la víctima llamó a la puerta del acusado en busca de su mujer y, sin mediar palabra con él, le asestó golpes con el martillo en la cabeza que le ocasionaron la muerte. “No sabía ni quién era él, después me desperté, estaba tumbado en el sofá con el martillo en la mano, mirando la televisión, baboso y mocoso”, aseguró.

Cubrió los cadávaeres con bolsas de plástico y mantas

A continuación, con dos bolsas blancas les cubrió la cabeza, el cuello y la parte superior del tórax, uniéndolas al cuerpo con una cinta de embalar, fuertemente atada a nivel del cuello, cubriendo el cuerpo de los mismo con mantas unidas al cuerpo por cintas de embalar, conservando ambos cuerpos debajo de la cama de matrimonio.

“Les envolví para que no siguieran sangrando, estaban muertos y le cerré los ojos a ella, los escondí debajo de la cama y después limpié todo”, narró. Después, salió a tomar unas cervezas con un amigo en un bar hasta esperar a ver a su hijo para contarle lo ocurrido, aunque, finalmente, no pudo hacerlo porque “estaba nervioso y no sabía cómo decírselo”.

Tras comer en un restaurante con su hijo regresó a su vivienda y siguió “esnifando y tomando cervezas”. Por la noche continuó bebiendo con dos amigos que fueron a su casa y a quienes no les reveló nada ni ellos se percataron de lo ocurrido porque “los cuerpos no olían nada”, según declaró el acusado, quien dijo que nunca tuvo “intención de cortarlos ni quemarlos”.

Sobre las cinco de la madrugada, bajó primero el cuerpo de la mujer en sus brazos y después el del varón, los introdujo en un vehículo y se desplazó a un lugar conocido como Malpaís de Mascona en El Cotillo, situado a un kilómetro y medio de su casa, donde colocó los cadáveres detrás de una muralla y utilizó piedras para “cubrirlos un poco, no para enterrarlos”, hasta que fueron localizados el día 15 de julio de 2006.

Asegura que no pidió ayuda

Hizo especial hincapié en que no pidió “ayuda para nada” y recalcó que al trabajar en la construcción puede “manejar peso”. Tras los hechos, regresó a su casa, se acostó y a la mañana siguiente se levantó, limpió “más” la vivienda y trasladó un vehículo propiedad de la pareja hasta Corralejo. Asimismo, aseguró que durante la jornada se metió “mucha más droga” que le regalaban o que compraba.

Al ser preguntado los días posteriores por el hijo de los caseros y por la Policía, él dijo que había pagado el alquiler y que “no sabía nada más de ellos”.

“Consumía mucho alcohol y cocaína y eso me relajaba, eran como mi medicina”, aseguró el procesado, que reconoció que durante dos años consumió continuamente.

Por otra parte, también declararon varios peritos, uno de ellos señaló que en todas las uñas analizadas a la mujer fallecida había sólo perfil de ADN de la propia víctima y no se halló ninguna indicación de alguien diferente.

Según un informe médico forense emitido, el acusado no presenta ninguna enfermedad mental genuina y no constan alteradas sus capacidades intelectivas y volitivas.

Igualmente, en el informe de autopsia emitido en relación a los fallecidos se pone de manifiesto que la causa inmediata de la muerte de ambos fue una afectación de los centros vitales del sistema nervioso central y que la causa intermedia ha sido un hundimiento craneoencefálico con fractura-hundimiento de la bóveda craneal.

Por ello, la Fiscalía considera que procede imponer al acusado por cada uno de los delitos de asesinato la pena de 23 años de prisión, accesoria de inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena y el pago de las costas procesales. Además, en concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Público reclama que se indemnice a los herederos legales de los fallecidos en la cantidad de 240.000 euros.

El letrado de la acusación particular, Federico Andreu, reclama 25 años de prisión por cada delito, mientras que la defensa, Gonzalo Miranda, solicita la libre absolución.