Archivada la causa de la redada contra el narcotráfico en la cofradía de pescadores de Mogán
El espectacular despliegue llevado a cabo por el Cuerpo Nacional de Policía en el municipio grancanario de Mogán contra una presunta red de narcotraficantes, el 9 de abril de 2013, ha quedado en casi nada.
Un auto de un folio fechado el 15 de julio por Instrucción 1 de San Bartolomé de Tirajana, partido judicial del sur de Gran Canaria, dicta el archivo de la causa contra cinco de los seis detenidos en el popular restaurante de la cofradía de pescadores de Mogán, por falta de pruebas, y salpica por supuestas irregularidades a la Jefatura Superior de Policía de Canarias.
A petición del Ministerio Fiscal, y en aplicación del artículo 641.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que determina el sobreseimiento provisional “cuando no resulte debidamente justificada la perpetración del delito que haya dado motivo a la formación de la causa”, el juez da carpetazo y deja sin efecto las medidas judiciales decretadas contra cinco detenidos e imputados durante aquella intensa jornada tanto en la playa como el valle de Mogán, que tuvo hasta un helicóptero del CNP sobrevolando la zona del dispositivo.
De la sonada redada que se centró en el restaurante de la cofradía de pescadores, en Playa de Mogán, muy conocido en la isla y con parte de su clientela habitual policial y judicial, la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de Las Palmas solo requisó 300 gramos de hachís y 30 de cocaína a un camarero y en su domicilio particular, según consta en la causa, si bien la operación autorizada por el juez buscaba una red mayor. De ahí que se desataran sospechas sobre filtraciones desde la fuerzas de seguridad del Estado a los detenidos.
Por el auto de 15 de julio se continúa exclusivamente el procedimiento judicial contra ese empleado, A.J.M., que en la redada del año pasado le fue descubierta la droga, además de verse involucrado en unas presuntas filtraciones policiales, que en origen la Policía atribuyó a la vista gorda que pudieran estar cometiendo guardias civiles habituales del restaurante, dado los presuntos chivatazos que recibían en la cofradía por si acudían agentes desconocidos.
Sin embargo, las pesquisas iniciales aportadas por el grupo IV de la Udyco a la investigación en diligencias 9.094 / 2013 incluidas en la causa 4789 / 2012 del juzgado derivaron en una información reservada dentro de la Jefatura Superior de Policía de Canarias contra cuatro policías, que en las intervenciones telefónicas autorizadas por el juez aparecían facilitando datos a los investigados sobre otros individuos, aunque nada tuvieran que ver con el caso.
Esos pinchazos, según ha podido saber este periódico de fuentes policiales, sirvieron para sancionar con cinco días de empleo y sueldo a uno de esos policías que consultó la ficha, a petición de un inspector, sobre la persona de la que quería saber su fiabilidad uno de los imputados del caso ahora archivado.
La sanción ha sido recurrida al contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, y el modo de obtener las pruebas, denunciado ante la Fiscalía de Las Palmas, por proceder de un sumario judicial declarado secreto.
