Análisis

El asesinato de Samuel y la nueva ley LGTBIfoba de Viktor Orban: ¿está al alza en Europa la discriminación por orientación e identidad sexual?

Concentración contra agresiones LGTBfóbicas y en defensa de Samuel en A Coruña

Hace diez días la noticia del asesinato de Samuel Luiz en A Coruña conmocionaba a España y trascendía sus fronteras, alcanzando al colectivo LGTBI de toda Europa. En las redes sociales, miles de usuarios de todo el continente se han volcado para condenar tajantemente la muerte del joven coruñés. Los hechos sucedían apenas unos días después de que Viktor Orbán anunciara un instrumento legislativo destinado a bloquear cualquier información sobre homosexualidad, bisexualidad o identidades trans de los centros escolares y los medios de comunicación en su país.

Ahora bien, entre España y Hungría hay una gran diferencia en cuanto a la concienciación social. Según el Eurobarómetro publicado en 2019, el 91% de los encuestados en España apoyaba que las personas homosexuales, bisexuales y transexuales debían contar con los mismos derechos que los heterosexuales. En contraste, en Hungría, este porcentaje se reduce hasta el 48%. Lo que es decir que, según los resultados de esta encuesta, más de la mitad de la población húngara defiende ideas LGTBIfobas. Estos datos son aún más alarmantes teniendo en cuenta que el primer ministro húngaro, Viktor Orbán acaba de prohibir que se hable sobre homosexualidad o sobre identidades trans tanto en colegios como en medios de comunicación. El objetivo fundamental del mandatario es garantizar que las niñas y los niños no reciban información sobre identidades ni orientaciones sexuales fuera del patrón cisgénero heteronormativo. Esta medida, abiertamente homófoba y tránsfoba, pone en situación de riesgo extremo al colectivo LGTBI en Hungría, al invisibilizar su existencia, convirtiendo la identidad individual en un tabú social.

Con un discurso muy similar al del Vox, el partido a la cabeza del gobierno húngaro, FIDESZ, critica lo que denominan como “dictadura progre”. Orban ha defendido que la educación es una competencia nacional, pero además insiste en que sólo los progenitores pueden decidir sobre la educación de sus hijos e hijas. Estos son los mismos argumentos que Vox ha instrumentalizado para instaurar el llamado “pin parental” en la Región de Murcia. A pesar de que esta medida está sujeta a un proceso judicial en la actualidad, y por ende paralizada temporalmente, su naturaleza LGTBIfoba sigue causando alarma social.

Según el último informe de la evolución de los delitos de odio en España, en 2018 se produjeron 259 delitos de odio, frente a los 278 que tuvieron lugar en 2019. Sin embargo, estos datos no son representativos al tratarse de casos en los que ha habido una denuncia de por medio. El número real de agresiones físicas y/o verbales motivados por el odio hacia una identidad u orientación sexual es mucho más elevado. Por ejemplo, el Observatorio Andaluz contra la Homofobia, la Bifobia y la Transfobia detectó 349 incidentes entre 2019 y 2020. En Cataluña, l’Observatori Contra l’Homofòbia, identificó un total de 349 agresiones para el mismo periodo. Más allá, de acuerdo con el informe “Un largo camino que recorrer hasta la igualdad para el colectivo LGTBI”, realizado por la Agencia Europea de Derechos Fundamentales (FRA), en 2019 el 43% de los encuestados había sufrido algún tipo de discriminación en el último año. A través de esta encuesta, la FRA persigue valorar el respeto a los derechos fundamentales de las personas que forman parte del colectivo LGTBI en la UE, para ello compara los datos recogidos en 2019 con los datos recogidos en el mismo tipo de estudio realizado en 2012. Los resultados indican que lejos de atenuarse, la discriminación y la violación de los derechos de las personas LGTBI ha ido en aumento. El porcentaje de personas que se habían sentido discriminadas en el trabajo durante los últimos 12 meses aumentó de 2012 a 2019. La misma tendencia se observa en lo referente a la discriminación en espacios públicos como cafeterías, restaurantes, bares o discotecas, que pasó del 18% en 2012 al 26% en 2019.

El asesinato de Samuel, así como las numerosas agresiones que han tenido lugar en nuestro país en las últimas semanas, muestran cómo la violencia que sufre el colectivo LGTBI no es solo estructural, al transcender lo simbólico y entrar directamente en el aspecto más peligroso: la amenaza para la vida de la persona. Esta situación no es casual, es una consecuencia directa de los elementos que Vox ha insertado en la agenda pública, legitimando el movimiento Hazte Oír, haciendo declaraciones que incitan al odio y poniendo una diana en los grupos de la sociedad que aún están a medio camino de obtener y disfrutar los mismos derechos que los hombres blancos heterosexuales.

Esta dinámica se reproduce, en mayor o en menor medida, en prácticamente todos los países miembros del club comunitario. El auge de la extrema derecha en Europa ha hecho tambalearse los cimientos del creciente consenso social que el liberalismo político asentó con el advenimiento de la libertad de expresión, de credo y de identificación e identidad sexual y de género. Si bien el Tratado de la Unión Europea establece claramente en su artículo 2 que el respeto a los derechos fundamentales es una de las obligaciones de los países de la UE, la capacidad para controlar y asegurar su cumplimiento está muy limitada por la distribución de competencias entre los estados miembros y el régimen institucional de la Unión. Si Europa se decía a sí misma ser el continente más seguro, la realidad demuestra que las vidas de las personas homosexuales, bisexuales y trans siguen estando en peligro en los llamados estados de derecho, lo que requiere de una respuesta política urgente, concreta y adaptada a las necesidades reales de estos colectivos.

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