La Autoridad Portuaria de Las Palmas encaja en silencio las graves acusaciones de cinco extrabajadores

La presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatríz Calzada, de Coalición Canaria, ha encajado en silencio la batería de graves acusaciones que ha vertido en un escrito que le han presentado cinco ex trabajadores que ocuparon puestos de alta responsabilidad en el organismo público.

El escrito tuvo entrada oficial en el organismo público a mediodía de este jueves, coincidiendo con la visita oficial que giraba al Puerto de La Luz el ministro del ramo,

Los cinco ex trabajadores, algunos con más de 25 años de experiencia en ese ente público, son Armando Bordes, Esteban del Nero, Salvador Capella, José Fernández y Juan Francisco Martín, y han ocupado puestos muy relevantes, como dirección, subdirección, jefe de explotación y Dominio Público, jefe Económico-Financiero o jefe comercial. Uno de ellos, José Fernández, llegó a ser director general de Costas del Estado. Esa experiencia les permite tener un conocimiento profundo de la Autoridad Portuaria.

En su escrito señalan gravísimas irregularidades en el organismo en materia de recursos humanos, transparencia, corrupción y caos organizativo, entre otros extremos.

El que más afecta a la plantilla es el de la política laboral, que ha cosechado una treintena de sentencias condenatorias. Una de ellas, que adquirió firmeza en 2023, condenó a la Autoridad Portuaria a indemnizar a una trabajadora con 75.000 euros, lo que, según los denunciantes, no ha servido para que la presidenta intervenga en ese departamento contra la responsable de esa mala praxis. “Resulta inaudita su pasividad para enderezar el rumbo de esa Autoridad Portuaria ante las graves evidencias acreditadas por una multitud de estas preocupantes sentencias, denuncias y reclamaciones en el ámbito de la gestión de los recursos de la Autoridad Portuaria de Las Palmas. Tal nivel de inacción frente a esta situación, también denunciada por el Comité de Empresa y sindicatos, se diría que sitúa a la Presidencia en un escenario cercano a la complicidad por omisión del deber de clarificar y perseguir las conductas anómalas de los empleados públicos como exige el Estatuto Básico del Empleado Público”, aseguran los firmantes del escrito. 

Estructura desmantelada con nombramientos sospechosos

Los veteranos denunciantes reprochan a la actual presidenta de la Autoridad Portuaria que la estructura organizativa del organismo “se encuentre actualmente desmantelada, sin responsables designados en áreas estratégicas como Explotación o Dominio Público, o sin cobertura en el departamento Comercial”. Unas circunstancias que, a su entender, “ha generado un grave vacío funcional y de dirección, agravado por la percepción de falta de transparencia y objetividad en los escasos nombramientos efectuados, muchas veces al margen de los procedimientos de selección con la preceptiva concurrencia y publicidad”.

En este lote, los firmantes de la denuncia señalan contrataciones de personas vinculadas directamente a Coalición Canaria, el partido de la presidenta de la Autoridad Portuaria. Así, mencionan expresamente a “Betsabé Morales, gerente de la Fundación del Puerto y actual secretaria de Acción Electoral de Coalición Canaria; Nira Pulido Suárez, técnico Económico-Financiero y actual secretaria de Identidad de Coalición Canaria” y a familiares de la actual jefa de Recursos Humanos, en concreto su cuñado y su hijo, así como la hermana del director general de Relaciones con África del Gobierno de Canarias, Leticia Padilla Macabeo, adscrita como administrativo a la Dársena de Embarcaciones Menores.

A todo este panorama, los ex trabajadores firmantes del escrito suman lo que a su entender es “una falta total de transparencia institucional, evidenciada tanto por los reiterados requerimientos de la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno a la Autoridad Portuaria de Las Palmas para la entrega de información solicitada en tiempo y forma, como por el incumplimiento de las obligaciones de publicidad activa establecidas en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno”.

Sostienen a este respecto que “en la página web institucional no constan los datos exigidos sobre altos cargos, como declaraciones de bienes, currículos, retribuciones o resoluciones de nombramiento, ni existe una información actualizada y accesible sobre la gestión de los recursos humanos y económicos de la entidad, contraviniendo los principios de transparencia y rendición de cuentas que deben regir en toda administración pública”.

Rematan su escrito los ex altos cargos de la Autoridad Portuaria denunciando la persecución que según su versión están sufriendo trabajadores y trabajadores de la actual plantilla por denunciar abusos o casos de corrupción, “actuaciones que, además de vulnerar los principios de protección al denunciante establecidos en la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, suponen un grave atentado contra la libertad, la dignidad y la integridad profesional de quienes han actuado en defensa del interés público, generando un clima de miedo y silencio incompatible con los valores del servicio público”