'Barra libre' para recurrir sanciones urbanísticas en Mogán
Una reciente sentencia del Juzgado de lo Contencioso- Administrativo número 2 de Las Palmas de Gran Canaria deja en entredicho el modus operandi del Departamento de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento de Mogán, a la hora de instruir expedientes por infracciones de tipo urbanístico, nulos de pleno derecho al ser tramitados por parte de personal funcionario interino y no por funcionarios de carrera.
La sentencia, firmada por la magistrada Esperanza Ramírez Eugenio el pasado 19 de febrero, no sólo exonera a un vecino al pago de una multa de 7.500 euros por techar un pasillo de retranqueo y realizar obras en el interior de su vivienda, sino que abre a partir de ahora una auténtica barra libre para recurrir sanciones del mismo tipo -habituales en el Ayuntamiento de Mogán gobernado por Francisco González (PP)- si el Departamento de Disciplina Urbanística mantiene su proceder: instruir los expedientes una interina.
Contra la decisión de la juez cabe recurso de apelación ante el Tribunal Superior por parte del Ayuntamiento. Sin embargo, la magistrada se fundamenta en una sentencia del propio TSJC, de 1 de septiembre de 2000, que fija como garantía “de ineludible cumplimiento” en el proceso sancionador la “idoneidad del instructor del expediente”.
Según el TSJC, debe ser un funcionario de carrera y no de empleo el instructor de los expedientes sancionadores porque estos tienen la característica de “ser un funcionario de confianza de quien lo nombra y no por su imparcialidad e independencia, que en principio sí debe presumirse al funcionario de carrera, lo cual no quiere decir, naturalmente, que la instructora de autos haya obrado sin tales cualidades”.
En este caso concreto, la juez ha dictaminado en su fallo la nulidad del acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Mogán, de 10 de marzo de 2008, por haber instruido el expediente sancionador la Jefa de Servicio de Disciplina Urbanística, Patricia Hernández, funcionaria interina del Consistorio.
Fuentes del Ayuntamiento sureño han confirmado a CANARIAS AHORA que es norma habitual la instrucción de expedientes sancionadores por parte de la Jefa de Servicio, que a su vez estaría ocupando ese cargo reservado a funcionarios de carrera.
El reciente aumento salarial en sus complementos retributivos a la Jefa de Servicio imputada en el caso Góndola ha determinado la decisión de los sindicatos mayoritarios (UGT, CCOO y CSI-CSIF) de abrir un contencioso-administrativo contra la aprobación de los Presupuestos municipales de 2010 y estudiar acciones ante la Fiscalía por presunta prevaricación del alcalde.
La interina también ejerce de secretaria accidental
Las fuentes consultadas por este diario apuntan a más irregularidades en el funcionamiento del Ayuntamiento de Mogán. En concreto, la propia Jefa de Servicio de Disciplina Urbanística y Actividades Clasificadas -persona de máxima confianza del alcalde- ha ejercido labores impropias de su condición de funcionaria interina: actuar como secretaria accidental del Consistorio, dando fe pública de acuerdos de Junta de Gobierno y plenos.
Los nombramientos de la funcionaria imputada en el caso Góndola en sustitución del secretario accidental, Ángel Sutil -también imputado y premiado por el alcalde en los Presupuestos municipales al crear una plaza de vicesecretario- figuran firmados por el propio Francisco González, y en la documentación remitida a los partidos de la oposición de los acuerdos de la Junta de Gobierno o de los plenos también se acredita la condición irregular de secretaria accidental de la funcionaria interina.
