El Real Club de Golf de Las Palmas no paga canon por usar un espacio protegido y un hotel propiedad del Cabildo de Gran Canaria
El Cabildo de Gran Canaria, propietario del campo de golf de Bandama, situado en el municipio de Santa Brígida, ha eximido del pago del canon anual al Real Club de Golf de Las Palmas, entidad explotadora del terreno. La razón de esta condonación de la deuda fue la alegación del club de que no podía hacer frente al pago de 300.000 euros anuales de canon a la administración insular. “Ellos presentaron una documentación para rescindir el contrato en la que indicaban que con la situación económica existente tendrían que cerrar si tenían que seguir pagando ese canon”, explica el consejero de Hacienda de la Corporación insular, Pedro Justo Brito. Es decir, el club pone a disposición de sus socios el uso de terrenos públicos para jugar al golf y se queda con los beneficios por la explotación del Bandama Golf Hotel y de las instalaciones de la hípica, todo ello propiedad del Cabildo de Gran Canaria.
El Real Club de Golf de Las Palmas nació en 1891, en la zona de Escaleritas y Altavista, en la capital grancanaria, convirtiéndose en el primer club de golf de España. Pero fue unas décadas más tarde, en 1957, cuando el campo fue trasladado a la ubicación actual, en los Llanos de Bandama, unos terrenos cedidos por el Cabildo de Gran Canaria mediante una concesión de 50 años, que se renovó en 2006 con unas condiciones que han pasado desapercibidas.
En 2006 la Corporación Insular, presidida por el ex presidente del PP canario y exministro de Industria, José Manuel Soria, sacó a concurso una nueva concesión para explotar el campo de golf y la volvió a ganar el Real Club de Golf de Las Palmas. El concierto, que se reducía de 50 a 25 años, se estableció en un primer momento con un canon anual de 358.938,89 euros fraccionado en dos partes que debían pagarse a final de cada semestre.
Cuando llegó el momento de revalidar el contrato, el ex ministro del PP decidió hacer una rebaja de 58.052 euros de ese canon con la condición de que se llevara a cabo “un programa de golf para escolares” de los centros de educación de los 21 municipios de la isla. Además, otro de los requisitos de ese contrato era el de presentar un plan de viabilidad anual. Pues bien, ni hubo plan de viabilidad anual, ni los niños grancanarios recibieron clases gratuitas en el campo de golf de Bandama.
Tres años más tarde, en 2010, el presidente del Real Club de Golf de Las Palmas envió una carta al por entonces consejero de Patrimonio, Julián Navarro, en la que solicitaba que se estudiara una bajada “importante” del canon anual. En el escrito alegaba que el club pasaba por “serias dificultades económicas” debido a la crisis que afectaba a todo país. Unos meses después, en abril de 2011, Navarro anunció que el Cabildo, gobernado entonces por el PSOE y Nueva Canarias, se estaba planteando rescatar el campo de golf de Bandama “ante el impago del concesionario”, que debía más de 150.000 euros del segundo semestre de 2010.
El consejero socialista explicó a los medios de comunicación que se estaba buscando una solución para evitar que el complejo se cerrara mientras se realizaba la convocatoria de un nuevo concurso ya que la administración no se planteaba hacerse cargo directamente de él. Navarro argumentó que solucionar el problema no era fácil ya que el cierre del campo de golf en aquel momento suponía el despido de 49 trabajadores.
Dos años después, y sin que la Corporación hiciera nada por resolver la situación, en junio de 2013, el Real Club de Golf vuelve a presentar un escrito en el Cabildo de Gran Canaria. En esta ocasión solicitaba la resolución del contrato debido a la “deteriorada situación económica actual y en el especial del club” y destacaba “la imposibilidad de mantenimiento de la concesión”. Probablemente, a esta situación se le sumaba la reforma que la entidad tenía prevista hacer en el Bandama Golf Hotel, también propiedad del Cabildo y explotado por el club, unos meses después.
El 22 de mayo de 2015, dos días antes de las elecciones insulares, el por entonces presidente del Cabildo insular en representación del PP en ese mandato, José Miguel Bravo de Laguna, prestó su conformidad a resolver el contrato suscrito en octubre de 2006. El dirigente grancanario condonó al club la deuda de más de 600.000 euros que debía desde que se presentara un escrito en el que solicitaba la resolución de la concesión administrativa. A esa cantidad había que sumarle los más de 58.000 euros anuales que ahorraron en casi una década al no cumplir las condiciones de la concesión. Al parecer, “por temas burocráticos de la administración no se les pudo contestar antes” y por esa razón “se les hizo una quita de deuda que se ajustaba a derecho”, explica el actual consejero de Hacienda Pedro Justo Brito.
A todo esto, el actual gerente del Real Club de Golf de Las Palmas, Javier Suárez, sostiene a Canarias Ahora que todo lo que concierne a la deuda “es falso” y asegura: “Nosotros hemos pagado hasta que se rescindió el contrato, lo que pedimos un aplazamiento de la deuda, pero hasta el final de la terminación del contrato pagamos la totalidad del dinero que debíamos al Cabildo”.
Ya en 2016, con el actual gobierno insular de Nueva Canarias y PSOE, se celebra un Consejo de Gobierno y se acuerda librar al Real Club de Golf de Las Palmas del pago del canon anual por la explotación del campo de golf de Bandama. Es decir, se cede para uso privado una propiedad del Cabildo en un paraje protegido, con un hotel cedido en explotación sin pagar un euro por ellas. “Ellos no deben nada porque no tienen que pagar nada”, explica el consejero de Hacienda de la Corporación. “No tienen canon, actualmente están gestionando eso y no se les ha exigido un arrendamiento porque la concesión que tienen es sin canon”, precisa el nacionalista.
El gerente cuenta que lo que se hizo fue firmar “un contrato en precario hasta que el Cabildo decida una solución”. Además, aclara que “el presupuesto del Club son casi dos millones de euros anuales y nos hacemos cargo del mantenimiento de agua, maquinaria y el coste de 50 empleados”. Y recuerda que está “esperando” a que se busque una solución.
Mientras, el club privado sigue explotando las habitaciones del hotel, propiedad del Cabildo y, por ende de todos los grancanarios, por un precio que supera los 100 euros por habitación y noche. Y con una cuota de acceso a la membresía del club de 6.000 euros por familia, además de la cuota mensual de 152 euros (140 euros de de base y 12 de derrama) para formar parte del Real Club de Golf de Las Palmas.
El gestor no supo informar de forma exacta a este periódico el número de hectáreas que ocupa el campo, “sobre unos 350.000 metros cuadrados”. Asimismo, Suárez recuerda que en los últimos años, a raíz de la situación de crisis económica, el Real Club de Golf ha perdido cientos de socios.
Según el consejero de Hacienda del Cabildo, “el club teóricamente no tiene beneficios”. “Hay que mantener el césped y para ello hay que contratar trabajadores para que lo rieguen y lo corten y se hagan cargo de las instalaciones para que se pueda ir al campo de golf”, justifica Pedro Justo.
Asimismo, el consejero explica que “se está intentando ver cómo hacemos para hacer una nueva adjudicación”. Pero, al parecer en este proceso ha surgido un nuevo debate. La Casa Club, una infraestructura que se encuentra junto al campo de golf, de la que se desconoce su propiedad. “En principio parecería que era de los actuales gestores pero hay dudas, a lo mejor puede ser del Cabildo ya que apareció un documento muy antiguo”. “Se van a pedir informes a juristas de reconocido prestigio para que nos informen sobre la situación de ese tema”, alardea el consejero, dejando entrever que el Cabildo duda de su propio patrimonio.
“La Casa Club es nuestra”, afirma Javier Suárez. “Ese documento habla de otro terreno”. Y con respecto al hotel aclara: “El acuerdo era que los socios del club pagaban la construcción del hotel y cuando terminara la concesión el Cabildo se lo quedaba”, sostiene.
Para el consejero de Hacienda del Cabildo de Gran Canaria, “lo prioritario es mantener el campo de golf en el sentido del mantenimiento del césped, de la infraestructura, porque si se perdiese, las condiciones en las que actualmente está el campo de golf nos pegamos dos años para volverlo a poner en funcionamiento”.
