Canarias ya cuenta con una nueva Fiscalía Superior
La creación de la nueva Fiscalía Superior de Canarias supondrá el refuerzo de la independencia del Ministerio Público y sienta las bases de relación con la sociedad, tal y como la Fiscalía General del Estado explicó este lunes en la Audiencia Provincial de Las Palmas.
El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Vicente Garrido, asume el nuevo cargo de Fiscal Superior de la Comunidad Autónoma tras la reforma del Estatuto del Ministerio Fiscal. Por ende, se constituirán también las secciones territoriales, unidades de apoyo, que tendrán que ser dotadas de personal y medios materiales, una condición sine qua non, para el buen funcionamiento de las mismas, tal y como explicó este lunes Garrido.
Para la Fiscalía del Estado, la puesta en marcha de este órgano es un “impulso transformador y de vital importancia” y queda así conformado el mapa territorial en el ámbito judicial.
Se logra así un cambio organizativo que lleva esperando la administración de justicia desde hace 30 años. El Fiscal Jefe de las Comunidades Autónomas extenderá sus funciones y llevará a cabo funciones similares a la del Fiscal General del Estado, por lo que se potenciará y reforzará su unidad de acción.
Derivada de la creación del nuevo puesto de fiscal, se genera la Junta de Fiscales Jefe de las Comunidades Autómas, y permitirá dotar a las adscripciones permanentes bajo la responsabilidad de un fiscal “más próximo al ciudadano”.
Para Vicente Garrido, la nueva fiscalía cumplirá un triple ámbito de actuación: funcional, “pues las competencias del TSJC que actuará en procedimientos que por ley actúa el Ministerio Público”; orgánico, “pues se crea la Fiscalía provincial de Las Palmas es paralela a la existente en Tenerife, sustituyéndose así la Fiscalía de la Audiencia de Las Palmas”; e institucional, “porque la asunción de competencias tendrá reflejo en la Comunidad Autónoma”.
Paulino Rivero, presidente del Gobierno de Canarias, aseguró que “la reforma logra actualizar su estructura conforme a un criterio de especialización y de reordenación del modelo de implantación geográfica, mejorando así su eficacia al adecuarla a la realidad autonómica”.
Igualmente, dijo en su discurso que “en aras de lograr una mayor eficiencia en la actuación del Ministerio Fiscal, el nuevo Estatuto impulsa decididamente el principio de especialización, un salto cualitativo que surge en respuesta a las nuevas formas de criminalidad que han ido apareciendo en los últimos tiempos”.
Con esta reforma, se plantea la posibilidad de que en las Fiscalías de las Comunidades Autónomas y las Fiscalías Provinciales se creen Secciones especializadas en aquellas materias que por su singularidad o por el volumen de actuaciones que generen requieran de una organización específica.
Igualmente relevante para la realidad canaria es “que se haya establecido, como mérito preferente para el ascenso en la carrera fiscal, el conocimiento del Derecho propio de la Comunidad Autónoma. Y ello porque, en determinados delitos, la lucha contra la criminalidad requiere que el Ministerio Público conozca el Derecho específico que rige en cada territorio”, aseveró Rivero.
