Canarias pide analizar la persecución de las violaciones en todo el Estado
El Gobierno canario ha pedido al Instituto Nacional de la Mujer que estudie la persecución de las violaciones en el conjunto del Estado porque en las islas “Fiscalía y Tribunal no se ponían de acuerdo” en si pueden ser perseguidas sin denuncia, abriéndose por ello una investigación fiscal.
Aunque en un primer momento la Fiscalía del TSJC afirmó que estos delitos no se pueden investigar de oficio, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Antonio Castro, y responsables del Consejo General del Poder Judicial aseguraron que pueden y deben investigarse los indicios de agresión sexual, como indica el artículo 191 del Código Penal.
Por este motivo, la Fiscalía canaria, también a instancias de la General del Estado -que recibió una denuncia de la Asociación Justicia y Sociedad-, ha abierto una investigación sobre el banco de 402 muestras de ADN de supuestas violaciones sin estudiar que conserva el Instituto de Medicina Legal de Las Palmas.
La directora del Instituto Canario de la Mujer, Isabel de Luis, explicó este martes en rueda de prensa que entregó personalmente a la directora del organismo nacional, Rosa Peris, un informe de lo sucedido en Canarias con el fin de que analice la situación en otras autonomías, si las violaciones se persiguen de oficio o si hay muestras de ADN almacenadas.
Recordó que la Fiscalía ha llamado a declarar al jefe de Genética del Instituto de Medicina Legal, José Pestano, y confió en que “en breve” se tomen “determinaciones”, si bien desde el organismo regional estarán “vigilantes”.
“Desde que se tuvo conocimiento del problema hicimos un informe y se lo entregué personalmente en Madrid” a Rosa Peris “para que hiciéramos causa común por si en otras comunidades autónomas había casos similares”, detalló De Luis, quien espera que, si es necesario, se tomen medidas a nivel nacional, incluso cambios normativos.
Jueces y fiscales “habrán tenido que ponerse de acuerdo” en Canarias y “creo que están buscando una salida para proceder contra esas personas porque no hay impedimento” legal, por lo que De Luis opina que la Fiscalía valora los datos disponibles para “localizar” a los supuestos violadores y “comenzar los procedimientos pertinentes”.
