CCOO denuncia que la aplicación de la Ley de Dependencia en Canarias no alcanza el 60%

Comisiones Obreras denunció este viernes que la aplicación de la Ley de Dependencia en Canarias no ha alcanzado aún el 60% (58,9%), lo que ha ocasionado que 2.600 personas consideradas 'grandes dependientes' -es decir, que necesitan ayuda de un tercero durante todo el día- no han recibido aún la prestación.

Así lo manifestaron este viernes durante una charla en el Edificio de Usos Múltiples II de Santa Cruz de Tenerife, la secretaria de política social de CC.OO. en Canarias, Pilar Magariños, y Enrique Martín, adjunto a la secretaría política social confederal, entre otros. Además, aseguraron que este bajo porcentaje sitúa a la comunidad autónoma como “la que menos derechos ha reconocido” junto a Madrid (43,7%).

Según apuntaron, esto significa que mientras la totalidad de las comunidades autónomas han logrado alcanzar el nivel óptimo de cobertura que el Libro Blanco de la Dependencia había previsto, Canarias todavía no ha atendido al 40%de los grandes dependientes.

Recordaron que la Ley de Dependencia se comenzó a aplicar el 1 de enero de 2007 y regula los tres grandes modelos de dependencia. Así, en 2007 se tenía la obligación de dar cobertura a los grandes dependientes y en el 2008 se tenía que dar cobertura a los dependientes severos.

Usado políticamente

Para Enrique Martín, uno de los grandes problemas de la Ley de Dependencia es que “se ha podido utilizar política y electoralmente por los diferentes partidos, cuando el origen de la Ley es un acuerdo de concertación social de diferentes ideologías y tendencias”.

Explicó que el sistema de Dependencia prevé dar cobertura a casi 1,5 millones de dependientes en España y que ya este año 2008 deberían estar cubiertos la totalidad de los grandes dependientes (205.000 personas).

Martín expuso que CC.OO. apuesta por que la Ley no se centre en prestaciones sociales sino que cree una red de servicios. Hay 1,5 millones de dependientes a los que les ayudan los familiares, dijo a la vez que apuntó que el perfil del cuidador es de una mujer de más de 60 años y hay incluso casos en los que una persona de 80 que cuida a una de 82.

“Si creamos servicios. creamos empleo, pues el potencial de una red de servicios que atiende a 1,5 millones de personas puede crear en España 300.000 puestos de trabajo”, aseveró, recalcando que es un sector productivo que genera empleo y encima es de calidad. No obstante, aclaró que el hecho de hacer una apuesta por los servicios es el triple de cara que la prestación económica que es de unos 500 euros y una cama asistencial cuesta entre 1.200 y 1.500 euros.

Tentadas

En esa línea, declaró que hay algunas comunidades autónomas que están “tentadas” en ofrecer más prestaciones económicas que servicios, “cuando somos conscientes de que a medio plazo este sistema es insostenible y hay que apostar por los servicios sociales, ya que es garantizar la prestación del mañana”.

Asimismo, subrayó que en España se han registrado 500.000 solicitudes de personas en situación de dependencia, de las que se han valorado el 81% y de todas las peticiones 300.000 personas tienen ya una prestación reconocida. “El nivel de cobertura del Libro Blanco establecía unas 205.000 grandes dependientes y con 6 meses de retraso ese nivel se ha alcanzado”, puntualizó.

Martín sin embargo, insistió en que hay dos comunidades autónomas que no han alcanzando ese nivel que son Madrid y Canarias y los motivos se deben a que “hemos tenido dos procesos electorales que han coincidido con la implantación de la Ley y a que la clase política no ha sabido estar a la altura y ha utilizado el tema para el combate electoral; y otros por retrasos o por falta de previsión.

Desbordada

En ese sentido, consideró que Canarias está “desbordada” con la Ley de Dependencia, pues “no es normal que en la valoración de una persona dependiente en Canarias se tarde un año y en otros lugares entre tres y seis meses”.

Criticó que la opción de comunidades autónomas como Canarias para hacer frente a la situación, es saturar aún más a los trabajadores de base cuando la solución es contratar más personal sociosanitario y reforzar la plantilla.