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La mayor comunidad okupa de España se queda sin agua y sin luz: "No nos vamos a quedar de brazos cruzados"

Desde el pasado 22 de marzo las más 200 personas que habitan en los cuatro bloques de viviendas sin terminar al norte de Gran Canaria idean la manera de seguir obteniendo agua sin electricidad

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Comunidad La Esperanza.

Comunidad La Esperanza. Imagen extraida del facebook de la Federación de Anarquistas de Gran Canaria (@anarquistas.grancanaria).

“Sinceramente, lo que consiguen con esto es hacernos más fuertes. No nos vamos a rendir tan fácilmente. Somos 202 personas, entre ellos 97 niños, y vamos a luchar por nuestros hijos, no vamos a quedarnos de brazos cruzados”. Así expresa Tayri Santana (20 años) el sentir de la comunidad La Esperanza, la considerada como la mayor colectividad okupa de España (cuatro bloques de viviendas sin terminar, ubicadas en el municipio grancanario de Santa María de Guía), después de que  la empresa Unelco-Endesa les haya cortado el suministro eléctrico y dejado sin la luz de obra con la que han vivido durante años.

Según el relato de Santana, desde las 15.00 horas del 22 de marzo los habitantes de esta particular comunidad de vecinos viven sin electricidad y, como consecuencia, sin agua: “Nosotros nos abastecemos de agua de cuba, pero sin electricidad el hidro no puede subir el agua a las viviendas”. Ante tal necesidad, los vecinos, con ayuda de la Federación Anarquista de Gran Canaria (FAGC), el Sindicato de Inquilinos y algunos particulares, han reunido el dinero para comprar un motor que le dé fuerza al hidro para tener un suministro “mínimo”, ya que “la luz la podemos considerar un lujo, pero el agua es esencial”, resume una de las portavoces de la comunidad.

También han intentado ponerse en contacto con el alcalde de Santa María de Guía, Pedro Rodriguez (Nueva Canarias) - que en 2016 ordenó el desalojo de las viviendas-, “pero no quiso salir del Ayuntamiento. Se limitaron a decirnos que estaba de vacaciones y no nos dio ninguna explicación”, recuerda Santana.

Ni la administración ni Unelco-Endesa han querido aplicar las propuestas que los habitantes de La Esperanza les han trasladado durante años, como la regularización del suministro eléctrico, a pesar de la disposición de los vecinos a pagar contadores y cuotas; o reconvertir los inmuebles en viviendas públicas de alquiler social. Nada.

“Ninguna administración pública ha aceptado mediar o intervenir para garantizarnos este derecho a los suministros básicos que la propias normativas municipales establecen”, así lo resumen los vecinos en un comunicado en el que anuncian una rueda de prensa para el próximo lunes. Y Santana adelanta que si es necesario recurrirán a todas las herramientas que estén a su alcance para evitar marcharse de las viviendas, la última de las opciones que contemplan. 

Precaristas: Crónica de la lucha por la vivienda en Gran Canaria

Ante la negativa de las administraciones, la comunidad  La Esperanza ha acudido a los medios de comunicación para obtener visibilidad y tratar de regularizar su situación. El eco llegó hasta Barcelona, desde donde acudieron durante el verano de 2017 tres personas ligadas al campo de la realización audiovisual, el periodismo y el activismo social y comunicativo para elaborar un documental sobre la lucha por el acceso a la vivienda en la Isla.

Durante 18 días, grabaron acompañados por la FAGC y el Sindicato de Inquilinas proyectos de vivienda autogestionados que existen en la Isla, no solo la comunidad La Esperanza, sino también El Refugio o La Ilusión.

El proyecto cuenta ya con un trailer de cinco minutos publicado en Verkami, una web donde han conseguido recabar casi los 3.000 euros de financiación para “cubrir los costes logísticos, técnicos y de post-producción. También para los costes de la grabación del tema La Esperanza ( elaborado por Silvia Tomás trío) y para el envío de las recompensas” (para los mecenas que han aportado su granito de arena).

“En caso de conseguir nuestro objetivo y superarlo”, añaden en la web, “nos gustaría hacer una aportación a alguno de los sindicatos de inquilinos o colectivos de vivienda del Estado que trabajan desde y con los barrios”.

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