Un curso con más profesorado en Canarias, pero con incertidumbre en FP y con los currículos tras la nueva ley

Un curso con luces, pero también con algunas sombras. Es el balance que realiza el sindicato STEC-IC cuando se cumplen dos semanas del arranque de las clases en Canarias. Por un lado, celebra que con el acuerdo ratificado con la Consejería de incrementar en 1.600 el número de docentes, este año se hayan producido menos incidencias por falta de profesorado en los centros. No obstante, remarca algunas incertidumbres que se mantienen tras la aprobación de la nueva ley educativa (que consideran mejor que la anterior y más participada) como la situación del profesorado de FP o la falta de publicación de los currículos educativos. 

El sindicato entiende que es necesario que se publiquen cuanto antes para dar “seguridad jurídica” al profesorado. Este curso, la nueva norma se está aplicando a los cursos impares. La Consejería de Educación ha señalado en otras ocasiones que la tardanza se debe a que es un proceso garantista que debe pasar por el Consejo Consultivo y que otras comunidades autónomas están en la misma situación. “Pedimos que se cuelguen cuanto antes y salgan de manera oficial en el BOE”, remarcó Gerardo Rodríguez, uno de los portavoces del sindicato y añadió que “sobre todo porque los libros de texto deben tener esas garantías”, apuntó. 

Rodríguez aseguró que la ley aunque la considera mejor que la anterior, sí que considera que dejó algunas cuestiones sin resolver y remarcó el caso de la materia de Religión, que aunque tiene menor peso, continúa en los planes de estudio pese a que España es un estado aconfesional. También hizo alusión a la escuela concertada e insistió en que los presupuestos de la comunidad autónoma deben cumplir con la ley canaria de Educación y destinar el 5% del PIB a este fin. 

El sindicato hizo hincapié en la falta de plazas en los máster de Formación del Profesorado. Una reivindicación que también ha puesto de manifiesto la Consejería de Educación en el Parlamento, que habló de las diferencias de precio en las matrículas; mientras en la ULPGC o la ULL cuesta 700 euros, en las privadas puede superar los 5.000. “Estamos casi dejando la profesión docente en manos de hijos de familias pudientes”, lamenta el sindicato. 

Otra de las cuestiones explicadas por Emilio Armas, otro de los portavoces, fue la situación del profesorado de FP. Los cambios de la nueva ley han abocado a la incertidumbre entre aquellos que tienen titulación universitaria y deben pasar a formar parte del cuerpo de profesorado de Secundaria y aquellas personas que imparten una formación más técnica, para la que no se requería hasta ahora de titulación universitaria. 

“Caos en la gestión del personal laboral”

Isabel Suárez, habló como portavoz del sindicato pero no en materia de personal docente sino de administración y servicios. Recordó como durante la pandemia se incrementó el número de auxiliares de comedor, algo que no se ha mantenido este año pese a que hay centros en los que “hay un solo auxiliar para 47 alumnos”, dijo. Además, remarcó que existe un  déficit de plantilla en el personal de administración. Entre otras cuestiones, mencionó que hay personal interino que ha tenido problemas para cobrar prestaciones por incapacidad temporal porque el INSS de Las Palmas ha considerado que son personas contratadas en fraude de ley. 

El futuro concurso de méritos

Otro de los puntos de preocupación para el profesorado radica en el futuro concurso de méritos que se va a realiza para cumplir con la exigencia de Europa de ir reduciendo el personal interino de un 30% a un 8%. Los sindicatos han venido alertando de que el hecho de que Canarias (que arrastra una interinidad de en torno al 30%) haya convocado más de 4.000 plazas de estabilización. La situación afecta especialmente al profesorado de conservatorios y escuelas de arte. 

Gerado Rodríguez ha señalado en varias ocasiones, que lo que surge con una buena intención ha generado que lo que se estabilice sean las plazas y no a las personas que son las que se encuentran en fraude de ley según Europa. Tanto STEC como ANPE han pedido una reunión con el presidente de Canarias ya que varias son las cuestiones que colocan a docentes de las Islas en desventaja: el amplio número de plazas que no concuerda con el de otras regiones y que hace temer una “avalancha” de profesionales que se presenten desde esas zonas; el hecho de que el proceso puntúe la experiencia laboral con un máximo de diez años (se valora igual que al que lleva más de 20 años) y que se valore con hasta cinco puntos el haber aprobado otras oposiciones desde 2012 (en algunas especialidades en Canarias no se ha contado con esa posibilidad).