Desaparecen pruebas en el caso Ladrillo
Un supuesto error administrativo ha sido el causante de que las grabaciones registradas por la cámara de seguridad ubicada en la segunda planta de las instalaciones del Cuerpo General de La Policía Canaria la madrugada del 10 de febrero del presente año hayan desaparecido.
Así se desprende de las conclusiones de las diligencias instruidas por la Guardia Civil, a las que ha tenido acceso CANARIAS AHORA, enmarcadas en la investigación del denominado caso Ladrillo, que actualmente se encuentra en fase de diligencias previas en el Juzgado de Instrucción número tres de Las Palmas de Gran Canaria y que se originó en febrero del presente año, tras la denuncia del agente H.L.C., que acusó a su superior de haberle hecho una serie de heridas en el cuello para atribuirle posteriormente la agresión a un detenido y justificar así, supuestamente, una actuación errónea.
Antes de que prestaran declaración ante el juez, el Cuerpo armado imputó a la mayor parte de los diez policías afectados en el proceso el delito de omisión del deber de perseguir un delito, a seis de estos se les acusó de falsear documentos públicos y detención ilegal, mientras que el subinspector de la base de Gran Canaria, C.S. y el inspector tinerfeño R.M., cuentan con el de atentado contra la integridad moral en el ámbito laboral.
A pesar de que el despacho de C.S., donde supuestamente tuvo lugar la agresión, no hay colocadas cámaras de seguridad que puedan atestiguar lo acaecido la noche del 10 de febrero, sí que existe una en la misma planta que enfoca la entrada a la habitación. La trascendencia de dichas imágenes queda remarcada en las diferentes declaraciones de los implicados a lo largo del atestado policial debido a un detalle: la luz.
El denunciante advirtió en su declaración ante el Cuerpo de Seguridad del Estado que en el supuesto momento en que sufrió la agresión su superior ordenó al otro agente que se encontraba presente apagar las luces de la estancia, algo que C.S. niega en su interrogatorio y dice desconocer el motivo de “esta calumnia”.
Los investigadores de la Guardia Civil dicen tener constancia de que el 13 de febrero se iniciaron los trámites por parte de la escala de mandos para que la empresa gestora del circuito de cámaras de la Comisaría preservara las imágenes y no las eliminara, como suele hacer cada 15 días. Sin embargo, señalan que el comisario del Cuerpo autonómico, Luis Santos Jara, determinó que “las mismas no han sido conservadas”, derivado de “errores de tipo administrativo que se están sustanciando en el organismo policial”.
Ese mismo día H.L.C solicitó la conservación de las imágenes y pidió que se impidiera el acceso a las grabaciones por parte de los implicados en el proceso. Sin embargo, el 3 de marzo remitió un escrito a la Fiscalía Provincial de Las Palmas en el que alertaba de que tanto C.S., como R.M., acompañados por otros policías, habían visionado las imágenes.
Reunión frente al visor
En las diligencias se desprende que dichos acompañantes, entre ellos el propio subinspector, afirman que R.M. sacó una serie de fotografías a las imágenes, que los investigadores cuestionan, ya que consideran que podrían estar sujetas a la interpretación.
Resultan relevantes las declaraciones de dos testigos al respecto. Uno de ellos relata cómo se dio cuenta de que las imágenes de uno de los monitores que visualizaba desde la portería no correspondían con la actualidad y se rebobinaban continuamente, al estar éste conectado con otro ubicado en otra zona de las instalaciones. Aunque asegura desconocer quién estaba manipulando las cámaras, afirma que poco después de que esto pasase recibió la orden de desconectar la pantalla, algo que según indica, no es habitual.
Otro de los testigos afirma haber estado presente en la visualización de las imágenes al contar con la clave de acceso necesaria para acceder a las grabaciones y asegura que el contenido de las cámaras se vio en tres ocasiones y que en todas estuvo presente C.S. En referencia al contenido del video, declara que al salir H.L.C del despacho del subinspector, se abre la puerta de la estancia y se comprueba que el mismo se encuentra “totalmente a oscuras”.
La misma persona indica que la resolución de las imágenes impedía conocer la existencia de lesiones en el cuello del denunciante, previas y posteriores al encuentro con el subinspector.
Estos hechos contrasta con los pinchazos telefónicos realizados por la Guardia Civil a C.S., que en un principio se sentía aliviado de conocer la existencia de cámaras en las instalaciones policiales y tras conocer que las grabaciones se habían perdido llega a manifestar que “la tonta laba esta [?] de la Dirección General, pues?no hizo la petición”, a lo que añade “esto es un desastre”. Por otro lado, las transcripciones telefónicas reflejan cómo días antes en una conversación hace alusión a que le pudieran esta “grabando”, lo que a juicio de los investigadores determina que C.S. sentía “temor” a una investigación en profundidad sobre su persona.
