Desbloqueado el Ingreso Canario de Emergencia para casi 400 personas sin cuenta bancaria

Las personas que no disponían de cuenta bancaria en abril, cuando se aprobó el Ingreso Canario de Emergencia (ICE), podrán cobrar antes de fin de año la cuantía que les corresponde. Este lunes el Boletín Oficial de Canarias (BOC) ha publicado el convenio ratificado entre la Consejería de Derechos Sociales del Gobierno regional y una entidad bancaria para facilitar unas tarjetas prepago en las que poder abonar el ingreso. La cuantía ya prevista en el primer real decreto   que regula esta prestación (entre 367 euros si es un hogar de una única persona y 478 si está compuesto por más convivientes) podrá gastarse hasta mayo del año que viene, plazo en el que expira el convenio. 

El ICE se aprobó en pleno estado de alarma, al poco tiempo de comenzar la pandemia, para que las personas que no recibían ningún tipo de ingreso en aquel momento pudieran paliar un poco las dificultades económicas. La ayuda estaba pensada fundamentalmente para aquellas personas que trabajan sin contrato y se encontraban desamparadas económicamente durante el confinamiento. “Las situaciones de vulnerabilidad en la población canaria se han visto agravadas de inmediato tras la declaración del estado de alarma para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19” expone el BOC, por lo que, se consideró oportuno garantizar y ampliar la cobertura de la PCI (Prestación Canaria de Inserción), pero a su vez, “cubrir las necesidades básicas mediante un ingreso canario de emergencia a todas aquellas personas que  no están protegidas por ninguna prestación pública ni disponen de otro tipo de rentas derivadas del trabajo u otra actividad económica”. 

La prestación fue concedida a unas 16.000 familias y unas 1.300 personas no pudieron recibirlo por distintos problemas, entre ellos el hecho de no disponer de una cuenta bancaria. Hasta este lunes unas 400 personas ya habían presentado un número de cuenta y hay otras 600 que están pendientes de subsanaciones, por lo que son 380 las que sí que dispondrán a lo largo de las próximas semanas de esta cuenta prepago. Las personas beneficiarias serán informadas por correo electrónico, teléfono y por otros medios, según la persona, sobre cómo se realizará este reparto. Estos usuarios y usuarias podrán recibir tanto el primer pago del ICE como el segundo que comenzó a abonarse esta semana. 

En el BOC publicado este lunes se remarca que el titular del contrato y de las tarjetas será la Consejería, que cederá su uso en favor de los beneficiarios que serán usuarios de las mismas. Para su emisión Derechos Sociales remitirá nombre, apellidos, DNI y el saldo de cada una de las tarjetas que le corresponde a cada persona. En principio, la entidad (Caixabank) emitirá 350 tarjetas prepago, pero es una cantidad que podrá ampliarse. El convenio incluye una cláusula de protección de datos de manera que solo puedan ser utilizados hasta que finalice el contrato y con los fines de  “dar cumplimiento al presente contrato, llevar a cabo la contratación de las tarjetas y verificar la corrección de la operativa, conducir estudios estadísticos, cumplir con las obligaciones normativas requeridas, prevenir el fraude y garantizar la seguridad de los datos y de las redes y sistemas”. 

Así mismo, se explica que la emisión de las tarjetas tendrá “un único coste por emisión o, en su caso, sustitución, de 3 euros por tarjeta”. La entidad bancaria “no podrá aplicar cargo alguno por mantenimiento, gestión de saldo, recarga, gastos de correo, recuperación posterior a caducidad (si fuera necesario), así como por ningún otro concepto distinto del señalado respecto de la emisión o sustitución”. También añade que el coste señalado se cargará en el “depósito asociado”. 

En el BOC  de este lunes se detalla además que la dotación inicial para llevar a cabo las actuaciones será de 150.937,50 euros con cargo a la aplicación presupuestaria de la Ley de Servicios Sociales-Renta Ciudadana. El importe es el resultado de la suma de la comisión por la emisión de las 350 Tarjetas (1.050 euros) y de la carga del saldo activo para el primer mes de uso de tarjeta por 149.887,50 euros. Dicho importe podrá ser ampliado en virtud de la duración del convenio. 

La no disponibilidad de una cuenta bancaria es una situación más común de lo que parece, tanto en personas sin hogar como en otras que no han podido hacer frente al pago de comisiones y esto ha provocado el cierre de la misma. También es el caso de personas migrantes, aunque en el caso del ingreso estatal, no están incluidas entre los beneficiarios. Pese a la existencia de estas cuentas de pago básicas y de que en marzo del pasado año el BOE publicó el decreto que las facilitaba, tanto para disponer de una cuenta, tener una tarjeta de débito, realizar transferencias o retiradas de efectivo en los cajeros. Sin embargo, hay entidades que actualmente siguen poniendo trabas.