Un juzgado determinará si la mujer que ha estado seis meses en Urgencias del Insular es capaz de “regir su vida”
11 de julio de 2018. La Fiscalía de Las Palmas ha informado que en esa fecha se celebrará un juicio en el Juzgado de Primera Instancia Número 5 de la capital grancanaria para determinar si Francisca R.S., una mujer de 48 años que ha estado 180 días en urgencias del Hospital Insular en la ciudad capitalina, se encuentra en una situación de incapacidad jurídica. La paciente, que sufre una discapacidad psíquica y una patología de salud mental, fue trasladada a una habitación en la sexta planta del centro sanitario durante la mañana del 7 de junio.
“Se trata de averiguar si se encuentra o no capacitada para regir su vida” explican fuentes de la Fiscalía de Las Palmas. El Código Civil contempla la posibilidad de declarar la incapacitación legal de una persona si una sentencia firme estima que no puede cuidar de sí misma ni de sus bienes, ya sea parcial o totalmente, debido a enfermedades o deficiencias físicas o psíquicas. En función de las necesidades que requiera, el juez o jueza se encargará de proporcionarle un representante legal que velará por su patrimonio y tomará determinadas decisiones en su nombre. Normalmente son los familiares los que se hacen cargo en estas situaciones, pero en este caso solo tiene a su padre, viudo y de 72 años, quien no puede ejercer la tutela por estar enfermo; por lo tanto, y si así se estima, la institución pública es la que debe ejercer esa responsabilidad.
En noviembre de 2016 el Ministerio Público abrió las diligencias preprocesales de discapacidad en el Juzgado de Primera Instancia Número 1 de San Bartolomé de Tirajana, al ser la paciente residente en Mogán (ambos municipios ubicados al sur de la isla). Sin embargo, cuando Francisca R.S. fue trasladada al Hospital Insular, en Las Palmas de Gran Canaria, la fiscala María Rubio Ramos pidió continuar el proceso en la ciudad capitalina. Pese a su lentitud, la Fiscalía ha cumplido con todos los procedimientos desde que se interpuso la demanda, algo que no puede decir el Gobierno de Canarias.
La Consejería de Servicios Sociales del Gobierno de Canarias es quien tiene las competencias para otorgar el derecho a ser atendido en el sistema de atención a la dependencia. El consejero de Sanidad, José Manuel Baltar, aclaraba en abril que Francisca R.S ya tiene otorgada la valoración de la administración de discapacidad y dependencia, pero está a la espera de que se resuelva “qué recurso es el más adecuado para ella”. Y mientras asegura que trata de resolver esta situación deciden mantenerla en urgencias, donde estuvo más de medio año a pesar de obtener el alta en enero tras haber ingresado en diciembre de 2017.
El Archipiélago es una de las comunidades autónomas donde es más difícil recibir la ayuda en dependencia debido a la histórica mala gestión del Ejecutivo. “No se puede tener a una persona dependiente en Urgencias durante seis meses, es una situación dantesca y rocambolesca, nunca habíamos conocido un caso semejante, para ellos es como un trasto”, afirma la presidenta del Defensor del Paciente, Carmen Flores, quien considera de “sentido común” y de “humanidad”, además de que supondría menos gasto, trasladar a Francisca R.S. a un centro sociosanitario o una residencia pública desde el momento en el que tiene reconocida la dependencia.
Flores también considera “vergonzoso” que haya que acudir a los juzgados para que la justicia obligue a la administración a ayudar a una persona que tiene derecho a ser atendida en el sistema de atención a la dependencia, aunque es consciente de que tal y como gestionan algunos gobiernos regionales la Ley de Dependencia “en ocasiones es necesario” iniciar un proceso judicial para conseguir la incapacidad para poder tener una vida “digna” y “acorde a su situación”.
