Detienen a nueve vigilantes con titulaciones falsas
Agentes de Policía Nacional han detenido a 18 personas -nueve de ellas en Tenerife- por delitos de falsedad documental, cohecho y revelación de secretos en dos operaciones desarrolladas en varias provincias españolas por la Unidad Central de Seguridad Privada, adscrita a la Comisaría General de Seguridad Ciudadana.
Entre los arrestados se encuentran vigilantes de seguridad, detectives privados y un director de una oficina de empleo dependiente del Servicio Regional de Empleo y Formación de Murcia, entre otros.
Nueve vigilantes de seguridad han sido arrestados en Tenerife por falsedad documental al utilizar titulaciones académicas y diplomas de formación falsos para conseguir su habilitación en el sector de la seguridad privada.
Ocho de los detenidos se encontraban actualmente trabajando como vigilantes en un Centro de Menores tinerfeño. Además, dos de ellos estaban también habilitados como directores de seguridad y escoltas privados tras presentar falsas titulaciones. Otro de los detenidos obtuvo igualmente de forma fraudulenta su acreditación como vigilante de explosivos.
Los investigadores han registrado cinco domicilios y varios despachos profesionales en donde han intervenido abundante documentación y material informático, además de dinero en efectivo, que está siendo analizado.
El entramado delictivo estaba liderado por un individuo de Alicante que se atribuía la condición de “detective privado” o de “perito judicial de investigación”. Esta persona había sobornado a un director de una Oficina de Empleo murciana para que le facilitase datos protegidos relativos a personas físicas.
Posteriormente, vendía esta información confidencial a través de diversos intermediarios integrantes de la red. Los datos objeto de compraventa, como domicilios, teléfonos, DNIs, localización de bienes, grupo de cotización, subsidios, pensiones, situación laboral o categoría profesional, tenían como destinatarios finales a entidades bancarias y financieras, despachos de detectives y cualquier otra empresa interesada en los mismos.
En la investigación se ha acreditado que, en el último trimestre de 2010, los detenidos comercializaron más de 1.000 informes con datos protegidos sobre personas físicas repartidas por todo el territorio nacional. Sus expectativas eran las de suministrar un mínimo de 2.000 informes mensuales y durante un periodo de cinco años. El coste de cada uno de los informes oscilaba entre los 10 y 20 euros.
El trasvase de los datos se realizaba adoptando extremas medidas de seguridad, con la creación de cuentas de correo electrónico e intercambio de claves entre los miembros de la organización, en la que existía una clara distribución de tareas y una voluntad de permanencia en el tiempo. El pago por los informes suministrados se efectuaba “en mano”, normalmente cada quince días, o a través de empresas de mensajería, evitando cualquier otro sistema tradicional o la emisión de facturas, para evitar la obtención de elementos de prueba.
Cinco de los detenidos en esta última operación han ingresado en prisión por orden judicial y el resto está sometido a medidas cautelares. Ambas actuaciones policiales han sido desarrolladas por la Unidad Central de Seguridad Privada de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana y han contado con la colaboración de las Unidades Territoriales y la Brigada de Investigación Tecnológica de la Comisaría General de Policía Judicial.
