La deuda histórica y la crisis sanitaria ponen en peligro a las entidades canarias que atienden a personas con discapacidad intelectual

La crisis de la COVID-19 ha confirmado la gravedad de la situación económico-financiera de las entidades canarias que prestan servicios a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, trastorno del espectro del autismo, síndrome de Down y parálisis cerebral, y a sus familias. Una situación que, según Plena Inclusión Canarias, ya se ha manifestado en varias ocasiones este ámbito del tercer sector y que, ahora más que nunca, necesita de una respuesta política real que se comprometa con los derechos de las personas con discapacidad.

La plataforma asegura que estas asociaciones siguen sufriendo los efectos negativos de una deuda que puede catalogarse como “histórica”. Además, insisten en que el incremento de financiación obtenido el año pasado fue absorbido por la subida del convenio colectivo del sector. A esta situación, se añaden los efectos de la COVID-19, “que incrementa los gastos de las organizaciones en bajas de personal, compras de material y equipos de protección”. De hecho, el útimo estudio nacional de Plena inclusión España ha estimado que la aplicación de medidas de prevención frente a la pandemia ha supuesto en España un aumento del 30% del coste por plaza. 

“De no ofrecerse ninguna respuesta, sin duda alguna, la falta de financiación del Gobierno de Canarias y de los Cabildos Insulares llevarán a la quiebra a estas organizaciones, que llevan años trabajando con una financiación muy por debajo de la media nacional”, advierten. Plena Inclusión Canarias pone como ejemplo a Baleares, un territorio con un fuerte peso del sector turístico al igual que el Archipiélago: “Una persona alojada en una residencia de Baleares durante un año supone una financiación de 8.822 euros más que en Canarias. En el caso de los hogares funcionales, la financiación de Baleares es el doble que en nuestro Archipiélago, contando con una financiación de 12.676 euros más por persona y año”.

Para la entidad, si las Islas no reciben una inyección de financiación de al menos del 50%, se dejarán de prestar estos servicios a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y a sus familias. La financiación irá dirigida a la contratación de personal, test de detección de la COVID-19, la compra de equipos y materiales de protección y la reconfiguración y sectorización de espacios y unidades de convivencia.

“Es preciso que el Gobierno autonómico y los Cabildos Insulares reconozcan el gran esfuerzo y la inversión que estas organizaciones llevan asumiendo desde hace años y que precisan ahora más que nunca del apoyo económico de las Administraciones. Sólo así podrán sobrevivir a la doble crisis actual, seguir incidiendo en la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad y lograr estándares de calidad”, concluyen.