El Diputado del Común reprocha obstruccionismo administrativo y desprecio al ciudadano
El Diputado del Común, Jerónimo Saavedra, ha lamentado este martes la falta de colaboración de las entidades públicas, lo que le ha llevado a dictar 473 requerimientos de información y 94 advertencias de obstruccionismo, y ha afirmado que el silencio ante las quejas “es el peor signo de una administración: el desprecio al ciudadano”.
Jerónimo Saavedra ha hecho estas consideraciones durante la presentación en comisión parlamentaria del informe del Diputado del Común correspondiente a 2013, cuando la institución recibió 1.604 quejas, de las que admitió el 89% y trasladó 244 al Defensor del Pueblo por corresponder a asuntos de la administración estatal.
Emilio Moreno, diputado del grupo Popular, objetó que lo que hay es una clara incapacidad de la institución, a la que no le contesta nadie y si lo hace, es tarde y mal porque “todo el mundo pasa” del Diputado del Común, que ha tenido un presupuesto de 2,5 millones de euros para gestionar 12 quejas más que en 2012, lo que calificó de “demoledor”.
“Vuelvo a preguntarme si su institución sirve para algo”, dijo el parlamentario popular, que señaló que pese a la crisis, es el único organismo que tiene menos quejas “porque los canarios ni saben que existe” y señaló que el PP no quiere suprimir el Diputado del Común, sino transformarlo, de forma que sean los diputados canarios los que hagan esa función.
Jerónimo Saavedra subrayó que el Diputado del Común no un órgano pasivo, sino activo que toma como compromiso fundamental el atender la situación de abandono y dificultad de tantos ciudadanos como consecuencia de la crisis, y ello le ha llevado a abrir varias quejas de oficio sobre todo, en relación con las prestaciones de carácter social.
Por ello en otoño de 2013 ha abierto una queja ante la “numerosa” entrada de quejas recibidas en julio y agosto de dicho año ante la tramitación de la prestación canaria de inserción, y quiso averiguar la razón de por qué no se concedían prórrogas o se reconocían nuevos beneficiarios “y no se contestaban” las peticiones de los ciudadanos.
Los datos de la colaboración por parte de las administraciones “no son precisamente satisfactorios”, dijo el Diputado del Común, para quien no hay cultura del buen gobierno y esto no es problema de administraciones o funcionarios, sino “de la cultura canaria”, que necesita “una democracia más viva” y para ello el ejemplo son las reivindicaciones en plazas y calles de los llamados “antisistema”.
Las quejas de oficio que abre el Diputado del Común, alguna relacionada con la seguridad en parques infantiles y el hecho de que en Canarias no se dispensen en la salud pública fármacos que sí se administran en otras regiones, son “lentísimas” y “hay que estar continuamente encima de las administraciones, y no es problema de dinero, sino de eficiencia en muchos casos”.
Sobre las 94 advertencias de obstruccionismo dijo Saavedra que no se han remitido a la Fiscalía por supuesta desobediencia grave ya que hasta ahora es mínima la jurisprudencia sobre este asunto y la justicia puede considerar que no hay indicios de conducta delictiva, por lo que el Diputado del Común piensa que es mejor agotar las vías del requerimiento y contacto telefónico.
Únicamente se han remitido a la Fiscalía aquello informes en los se aprecia riesgo de un supuesto indicio delictivo y en uno de los casos la consecuencia fue la imputación de dos antiguos concejales de un Ayuntamiento que Saavedra no citó.
También se refirió a que la carencia de una oferta pública de empleo genera auténticos problemas de gestión en los municipios pequeños y en los próximos años, con la jubilación de cualificados funcionarios locales, se agravará la situación si se quiere que las corporaciones funcionen “a un nivel adecuado”.
La gestión de los ayuntamientos centra casi la mitad de las quejas recibidas por el Diputado del Común, quien detalló que en cuanto a asuntos “polémicos”, hay una queja de oficio sin concluir, pues no ha habido respuesta, en relación con los 32 convenidos de rehabilitación de viviendas, lo que a su vez ha suscitado este año una reclamación del PP.
Emilio Moreno, diputado del grupo Popular, dijo que esto no supone ninguna contradicción respecto a las críticas a una institución que no le ofrece confianza, y espera que se tramiten las quejas sin distinguir “su color o procedencia”.
Por el contrario, Moreno consideró “absolutamente asombroso” que el Diputado del Común rechace las críticas en su memoria como “posiciones subversivas” y recriminó a Saavedra por “no estar en posesión de la verdad” además “de delatarse”, pues “cree que sigue en activo en la política”.
También mostró el diputado popular su extrañeza porque haya tramitado 94 advertencias de obstruccionismo “y ahí se ha parado, no sea que vayamos a molestar”, y recordó que en su denuncia contra la Consejería canaria de Políticas Sociales la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, afirmó que en la crítica por la falta de colaboración estaba de acuerdo el Diputado del Común.
Flora Marrero, diputada del grupo Nacionalista Canario, aseveró que Saavedra “hace su trabajo pero las administraciones no, sigue sin encontrar receptividad” y la diputada de Nueva Canarias Carmen Hernández consideró insuficiente el número de quejas, además de considerar que mientras no haya mayor transparencia, con las administraciones que no cooperan sólo funcionarán las sanciones.
